El día en que Evo Morales llegó al poder en Bolivia, brilló una luz de esperanza. El triunfo de un indígena aymara en uno de los países más pobres de Latinoamérica y con más alto nivel de inestabilidad política abría la puerta a la igualdad, la justicia y el cambio. Hoy ese cambio no se ha podido ver: la pobreza está en sus niveles más altos, la zona industrial y pujante sigue en manos de unos pocos ricos y la población indígena ya empieza a dar señales de inconformismo.
Las raíces del problema surgieron cuando Morales presentó su proyecto de reformar la Constitución. Si bien el presidente se esforzó en reconocer los derechos históricamente negados a los indígenas, también presentó una serie de puntos que dividieron a la Bolivia no indígena. Entre otras cosas, Morales propuso que el país actúe bajo los preceptos y tradiciones indígenas y solicitó que se autorice el castigo físico.
Según explicaciones del propio oficialismo, la nueva Constitución garantizará a los indígenas la permanencia en el poder durante por lo menos un siglo. "Las mayorías indígenas tenemos derecho a gobernar en los próximos 100 años, pero no un solo gobierno, sino diferentes gobiernos. Entonces, el partido que gana va a manejar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial", dijo el jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Constituyente, Román Loayza.
Si bien estos puntos dividieron y preocuparon a buena parte de los bolivianos, lo que causó la actual crisis fue la determinación del presidente de aprobar la reforma. Durante 15 meses la Asamblea Constituyente no debatió un solo artículo, porque estuvo inmersa en discusiones técnicas de votación y procedimiento. A pesar de eso, Evo Morales le pidió a su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), que aprobara el paquete completo. Así fue. El 24 de noviembre, y sin consultar a la oposición, los seguidores de Evo Morales pasaron el proyecto.
La confrontación, contenida durante varios meses, estalló en todo el país. En dos semanas tres personas murieron, nueve provincias se fueron a la huelga y más de 300 bolivianos terminaron heridos. El propio vicepresidente, Álvaro García-Linera, lanzó un grito de alarma: "Las fuerzas se están tensando y cualquier cosa puede pasar con consecuencias impredecibles", advirtió.
Dos fuerzas enfrentadas
Se refiere al nivel de intolerancia de los dos bandos enfrentados -los que apoyan el proyecto indigenista de Evo Morales por un lado y los que defienden un Estado liberal, por el otro-, que cada día suben el nivel de amenaza. Los habitantes de la ciudad de Sucre ya comprobaron el nivel de confrontación en carne propia. Durante todo un día, esta población se convirtió en un campo de batalla.
La policía no pudo contener a la enfurecida turba que prendió fuego a varios edificios y se enfrentó a piedra en las calles. La incapacidad de los uniformados fue tal que debieron replegarse en una población vecina, dejando a Sucre sin Dios ni ley. El propio gobernador fue víctima de una crisis nerviosa y abandonó la ciudad.
Después de eso, el caos se esparció por todo el país: nueve provincias se fueron a paro indefinido y más de 300 personas se unieron a la huelga hambre indefinida. Los incidentes violentos y las amenazas entre bando y bando suben de tono.
Lo que causa sorpresa es que ni siquiera hay unión entre los indígenas. El Consejo Indígena Autonomista de Santa Cruz, que agrupa a líderes de las etnias chiquitana, ayorea, guaraya y guaraní, quemaron una copia del proyecto de nueva constitución aprobado por el oficialismo. Los huelguistas pidieron que Morales y su partido retrocedan en su decisión de poner en vigor el proyecto de nueva Carta Magna y advirtieron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Se enfrentan directamente con los Ponchos Rojos, una organización ancestral de la cultura aymara convertida en una de las fuerzas de choque del presidente Evo Morales y que asegura tener 100.000 miembros en sus filas.
Los Ponchos Rojos -el rojo es un color sagrado en la tradición aymara- aparecieron escoltando a Morales en enero de 2005 cuando el día anterior a jurar como presidente de Bolivia protagonizó un ritual indígena en las ruinas de Tiwanaku por el cual quedaba investido del poder espiritual de sus antepasados.
Formados sólo por hombres mayores de 50 años, los Ponchos Rojos poseen una fuerte influencia sobre la juventud indígena, un hecho que no pasó inadvertido para el Gobierno, que en agosto de 2006 autorizó un desfile conjunto de las Fuerzas Armadas y los Ponchos Rojos, parada que se repitió este año. Evo Morales ya los había convocado en enero "a defender la unidad del país" y aunque los Ponchos Rojos hasta ahora exhiben viejos fusiles Máuser de los años cincuenta, el mensaje es claro: se trata de una fuerza muy numerosa, leal al presidente y dispuesta a tomar las armas.
En medio de esta batalla campal, Evo Morales aseguró que las protestas hacen parte de un "complot" internacional que busca desprestigiarlo y sacarlo de la Presidencia. "Son fuerzas de derecha que no quieren que este indio siga gobernando", dijo el mandatario. Morales sostuvo que el objetivo de quienes protestan es "atentar" contra la democracia y buscar la forma de que él deje el Gobierno, posiblemente a través de un "referendo".
Por eso se adelantó y propuso la celebración de una consulta popular sobre su continuidad en el poder. Muy al estilo venezolano, el mandatario dijo: "Si el pueblo dice se va Evo, no tengo ningún problema, soy el más demócrata".
Una apuesta arriesga para el presidente aymara, que en más de año y medio de gobierno no ha podido con su proyecto inicial: aprobar la nueva Carta Magna, cuyo plazo para tenerla lista vence el próximo viernes 14 de diciembre.
Bajo la lupa
Tras la derrota de Hugo Chávez en la consulta sobre la reforma de la Constitución, la atención ahora está puesta en el futuro institucional de Bolivia y Ecuador, donde las asambleas constituyentes debaten, en medio de fuertes polémicas, cambios similares a los que proponía el mandatario venezolano. En Bolivia, la situación es grave pues seis de las nueve regiones bolivianas, lideradas por Santa Cruz de la Sierra, se oponen a la reforma del presidente Evo Morales.
El panorama también se presenta incierto en Ecuador. Tras entrar en funciones hace una semana, la Asamblea disolvió el Congreso. Indignados, los miembros opositores protestaron al grito de "¡ha empezado la dictadura!".
Al menos por el momento, estas quejas no hacen mella en el ambicioso proyecto de Correa. Pese a contar con una popularidad superior al 70%, el mandatario ya aclaró que sólo buscará la reelección inmediata. Sin embargo, muchos temen que termine imitando a sus aliados Chávez y Morales.