Donald Trump es el único presidente estadounidense en ser sometido a dos juicios políticos y después de dejar el cargo. Algunos republicanos han cuestionado la constitucionalidad del proceso —45 senadores votaron por desechar el juicio con base en ello— y la defensa legal apela a un argumento similar, añadiendo que solo ejercía su derecho a la libre expresión al llamar a sus seguidores a “luchar” el 6 de enero. En cambio, la mayoría de expertos coinciden en que no solo es legal sino moralmente necesario para establecer una línea roja definitiva sobre la conducta de cualquier líder, que en este caso desconoció abiertamente las elecciones y llamó a la violencia y a un golpe de Estado.
El artículo de impeachment emitido por la Cámara de Representantes acusa a Trump de incitación a una insurrección y sostiene que el exmandatario seguirá siendo una amenaza a la seguridad nacional y la democracia, razón por la cual debe ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Al menos 17 republicanos tendrían que sumarse a los demócratas en el Senado para condenarlo con la mayoría de dos tercios, luego de lo cual una mayoría simple podría determinar su muerte política. Aunque es improbable una condena, hay razones políticas de peso para insistir en el juicio, comenzando por el imperativo de dejar un récord gráfico de la intención criminal de Trump y otros integrantes de su partido. Tal vez en lo único que coinciden demócratas y republicanos es en la necesidad de terminarlo lo antes posible, respectivamente, para no distraer de la presidencia de Biden y para repensarse.
Los problemas que enfrenta el Partido Republicano no son pocos. Además de la desafiliación de decenas de miles de votantes luego de la toma del Capitolio, un número significativo de grandes donantes corporativos ha congelado sus aportes a quienes se opusieron a la certificación de la elección de Biden. Si bien sus distintas facciones están unidas en torno a una agenda conservadora de cortar el gasto social público, defender el porte de armas, limitar el aborto, desconocer los derechos LGBTI y reducir la regulación y los impuestos del sector privado, evidencian escisiones palpables en relación con el respeto de la institucionalidad democrática, los asuntos raciales, la migración y el proteccionismo, entre otros. Por más que Trump esté clausurado en redes sociales, su secuestro del partido está lejos de terminar, como se ha evidenciado en el matoneo sufrido por los diez republicanos que votaron a favor del juicio político en la Cámara y el posicionamiento de legisladores extremistas como Marjorie Taylor Greene, de Georgia, quien, además de suscribir a QAnon y otras teorías conspirativas, defiende la violencia política.
No hay que olvidar que el impeachment es tan solo uno de los líos que enfrenta Trump. Aunque poco plausible la Fiscalía General podría imputarle cargos por crímenes cometidos durante su presidencia. A su vez, el estado de Nueva York realiza varias investigaciones criminales sobre el exmandatario y sus negocios que podrían resultar en condenas. Por no hablar de su alto endeudamiento personal y la negativa de varios bancos de seguirle prestando por considerarlo “tóxico”. Queda por ver cómo todo esto incide en el futuro político de Trump, del trumpismo y de los republicanos.