La tensión entre Ecuador y migrantes venezolanos

El feminicidio de Diana Carolina Ramirez Reyes, una mujer con cuatro meses de embarazo, por parte de su pareja, un inmigrante venezolano, desató una serie de ataques a inmigrantes.

AFP

Veintisiete miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) robaron armas de guerra de un puesto militar en Petare (este de Caracas) y luego se atrincheraron en un cuartel del barrio Cotiza (norte), desde donde pidieron a los ciudadanos levantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Aquí está la tropa profesional de la GNB en contra de este régimen al cual desconocemos completamente, necesito el apoyo de ustedes, salgan a las calles”, dijo un uniformado a quien las autoridades identificaron como Bandres Figueroa. La sublevación, que fue respaldada por algunos vecinos del barrio Cotiza, fue sofocada horas después y el grupo arrestado.

¿Descontento militar? Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, explicó en el portal “El Impulso”, que “dos de las unidades de la GNB involucradas en los hechos ya habían sido tomadas el año pasado por acontecimientos de insubordinación”.

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En 2018 hubo una fuerte represión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según la organización Justicia Venezolana, el año pasado fueron apresados 60 funcionarios militares por haber participado en algún plan de alzamiento contra el régimen o por haber expresado un descontento sobre la situación del país. Cerca de 10.000 habrían pedido la baja desde 2015. Algo grave, teniendo en cuenta que la FANB es el sostén del gobierno de Maduro.

La Fuerza Armada, integrada por unos 365.000 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles, sin embargo, reafirmó su lealtad “absoluta” a Maduro tras la investidura. Y, a pesar de estos hechos, siguen firmes a su lado. “Los militares están dispuestos a morir para defender a Maduro”, dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el hombre más poderoso de Venezuela y el que mantiene a Maduro en el poder.

Agregó que Nicolás Maduro es presidente por mandato del pueblo, que “lo puso allí” en unas elecciones a las que no se presentó el grueso de la oposición, y aseveró que la Fuerza Armada está fuerte y “unida” ante los llamamientos a desconocer a su comandante en jefe.

Esa unión le ha costado muy caro a Maduro. Hoy los militares controlan la importación de alimentos, las fábricas de uniformes, tienen un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora. En 2018 entraron a controlar dos negocios claves: minería y petróleo.

¿Qué pasa en la GNB? Tan pronto llegó a Miraflores, en 2013, el heredero de Chávez concentró sus decisiones militares en reestructurar la Guardia Nacional, uno de los cuatro componentes de la FANB (Ejército, Aviación y Armada); también reforzó la Guardia de Honor Presidencial.

A partir de 2014, cuando se intensificaron las protestas, la Guardia Nacional aumentó su presencia en todo el territorio: pasó de 73 destacamentos a 236, y de 159 compañías a 514 (…), explica Control Ciudadano.

La Guardia Nacional es el componente históricamente desplegado en todo el territorio para la protección de vías e instalaciones especiales. Con Maduro, ese concepto se multiplicó y de 9 comandos regionales se pasó a tener 24 comandos de zona, uno para cada región del país.

El feminicidio de Diana Carolina Ramirez Reyes, una mujer con cuatro meses de embarazo, por parte de su pareja, un inmigrante venezolano, desató una serie de ataques a inmigrantes.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, escribió un polémico mensaje de Twitter que decía: “He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”. Palabras que, según diversos juristas, fueron equivocadas, pues el ataque a la mujer fue un feminicidio fruto de la violencia de género. “Lejos de condenar violencia machista, expresiones de Lenín Moreno podrían haber incitado los actos de violencia y xenofobia en Ibarra”, dijo Daniela Salazar, de la Universidad San Francisco y jueza de la Corte Constitucional.

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Hasta el año pasado, según datos oficiales, llegaron cerca de 700.000 venezolanos a Ecuador, de los cuales 300.000 se quedaron. Este año, el número ha aumentado y se registra la entrada diaria de casi 4.000.

Tras el asesinato de la mujer se escuchaban gritos de “¡fuera venecos, fuera!” por parte de manifestantes en Ibarra, en donde además fueron interceptados venezolanos en las calles, en sus domicilios y en centros comerciales.

“A raíz de la ceguera y acto deplorable de esta persona, están tomando medidas fuera del marco legal contra ciudadanos que no tienen nada que ver con lo sucedido”, explicó Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, que cuenta con 125.000 afiliados en Ecuador.

Sin embargo, el gobierno anunció que ahora exigirá el certificado judicial a los migrantes venezolanos que quieran ingresar al país. Una medida casi imposible de cumplir según migrantes, pues un venezolano debe esperar al menos seis meses para obtener ese documento en su país. Ante la diáspora de venezolanos, Quito apenas requería la cédula para dejarlos ingresar.