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Desde enero de 2019, Venezuela vive uno de sus momentos políticos de mayor incertidumbre. La aparición de Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país, creó una división irreconciliable de realidades entre oficialismo y oposición. La doble reclamación de la presidencia, por Guaidó y Nicolás Maduro, evolucionó hasta fracturar los procesos electorales, esenciales y claves para las democracias. ¿Cuál es el resultado? Hoy el gobierno madurista asume una nueva Asamblea Nacional (AN) elegida durante las elecciones del pasado 6 de diciembre en las que no participó la oposición, que a su vez anunció la extensión por un año de su propia Asamblea Nacional.
El pasado 26 de diciembre, en una sesión virtual, la Asamblea Nacional elegida en 2015, cuyas decisiones han sido desconocidas 144 veces por el Tribunal Supremo de Justicia, según la organización Acceso a la Justicia, aprobó un documento que avala una continuidad administrativa con Guaidó al frente, al menos hasta que “se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables en el año 2021, ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021, o hasta por un período parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021”. La respuesta de Maduro no tardó en llegar: “Frente a esas pretendidas ínfulas inconstitucionales de autoproclamar extensiones de mandatos (...), que la justicia, ahora sí, de manera férrea, haga su trabajo. ¡No me temblará el pulso!”, afirmó.
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Ahora bien, las grietas de la oposición son evidentes. Tanto así que el acuerdo para extender el mandato de la AN no tuvo el apoyo del segundo partido más antiguo del país, Acción Democrática, y ayer varios miembros de la AN anunciaron que entregarán sus cargos, deslindándose así de la férrea posición de Guaidó.
Por ejemplo, Marialbert Barrios, hasta hoy parlamentaria de Primero Justicia, señaló: “Hoy es el fin de un ciclo. Sigo comprometida con el progreso de mi país desde mis trincheras como militante y ciudadana. Mi misión continuará siendo empoderar a nuestra gente para que sean ellos los protagonistas de las conquistas de los derechos civiles más urgentes: participación, libertad de expresión y de protesta y la garantía de elecciones en condiciones justas”.
Desde hace unos meses es evidente que el pulso por el poder es cada vez más débil. Maduro, tiene en la práctica el control absoluto del país y Guaidó, pese a ser reconocido por medio centenar de países, no ha logrado quebrar al gobierno que adversa. De hecho, para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, tal división tiene fecha de caducidad. “No creo que la dualidad siga por mucho más tiempo, al menos en los términos de 2019”. Incluso, The Financial Times reveló que durante reuniones privadas con la oposición venezolana algunos funcionarios del gobierno de Donald Trump les recomendaron “renunciar a sus pretensiones de ser un gobierno en la sombra”.
Sí, sobre el papel hay un apoyo por parte de Estados Unidos, pero es evidente que el país latinoamericano ha salido de sus prioridades, al menos por ahora. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) emitió ayer una licencia que “autoriza las transacciones y actividades que involucran a Guaidó como presidente interino de Venezuela, a la Asamblea Nacional vigente y a su Comisión Delegada, incluyendo sus respectivos miembros”, según informó el Departamento del Tesoro. The Financial Times también asegura que la Unión Europea está pensando seriamente en su proceder. Según el medio, las opciones son seguir apoyando a Guaidó, quitarle el reconocimiento o trazar un camino intermedio que lo reconozca como líder opositor, pero no como presidente interino.
Lo que pase a partir de este martes dejará en los venezolanos el mismo sentimiento que tienen desde hace meses: incertidumbre. Como señala Antonio Ledezma en El Nacional: “Lo cotidiano ya no es vivir, soñar, reír; lo cotidiano se ha convertido en desconcierto, frustración, pérdidas e impotencia; una verídica subsistencia que ha acarreado reacciones desfavorables, conduciéndonos cada vez más a la deshonra y a una precaria dignidad”.
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Mientras tanto, las dos Venezuelas se pronuncian en paralelo. Por un lado, Guaidó afirmaba hace unos días: “Sabemos que la dictadura no saldrá voluntariamente, a menos que se vea obligada a hacerlo; y necesitamos la fuerza, tanto de la Fuerza Armada como de la comunidad internacional”. Por el otro, Maduro acusa a la oposición de la AN de haber usado ilegalmente recursos de las empresas filiales de Citgo en Estados Unidos y de PDVSA en Colombia.
Una visión diferente tiene el partido opositor Movimiento por la Democracia, que asegura que “los diputados de la Asamblea Nacional 2015-2020, en conjunto con sus partidos y con las principales fuerzas sociales de la nación, tienen ahora la responsabilidad de construir una nueva mayoría en un país controlado hegemónicamente por vías de facto, e invocar el apego a la Constitución Nacional como la única ruta posible para restaurar la democracia en Venezuela”.
Y agregan: “Nos preocupa la decisión política de extender el mandato de la Asamblea Nacional a través del Estatuto de la Transición, ya que perpetuará la persecución innecesaria en contra de los líderes opositores por parte de la dictadura y porque implica emular el comportamiento inconstitucional del régimen contra el cual luchamos. Un gobierno en el exilio acentuará la desconexión de la dirigencia opositora con el pueblo sufriente”.