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Las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición, con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio, ha quedado en el limbo tras la decisión de los obispos de no participar en ese proceso.
Las negociaciones, que avanzan con mínimas concesiones, con más de 600 presos "políticos", sin cesar la represión, con una economía en picado, y en medio de desconfianza, sufrió un duro golpe con la decisión de la Conferencia Episcopal, la institución que goza de mayor prestigio y credibilidad en el país.
La negativa del Episcopado de participar como testigo y acompañante provocó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en el diálogo, reconsidere si sigue o no en la mesa, que comenzó el 27 de febrero pasado y que ha tenido más divergencias que convergencias.
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Hasta ahora se han celebrado ocho rondas y las partes no han logrado ponerse de acuerdo con los garantes internacionales ni con la agenda.
En las primeras sesiones las partes se centraron en discutir las reglas del juego y sobre los testigos y acompañantes del proceso, acordando invitar al cardenal Leopoldo Brenes y a un líder de la Iglesia Evangélica. El Episcopado ya declinó.
Pero mientras las negociaciones no avanzan, en paralelo, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y a petición del Ejecutivo que preside Daniel Ortega, aprobó una polémica reforma fiscal, pese a la oposición del sector privado que forma parte de la alianza opositora en la mesa.
También, ante una petición "con carácter de urgencia" de Ortega, aprobó la compra a favor del Estado del Banco Corporativo (Bancorp) a un monto equivalente a 22,7 millones de dólares, una entidad donde se colocaron los recursos de Caruna (Caja Rural Nacional) que provenían de la millonaria cooperación venezolana y que fue sancionada por Estados Unidos.
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Además, previo a las negociaciones, el Gobierno puso en vigor unas enmiendas a la seguridad social que elevan las cuotas de las patronales y los empleados, y bajan el monto de las pensiones.
Asimismo, el Estado mantiene encarcelado al menos a 650 manifestantes antigubernamentales y cambió el régimen carcelario a otros 112 "presos políticos", para un total de 762 convictos, según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, que denuncia al Gobierno de utilizar "como rehenes" a los reos en las negociaciones.
Además, días antes de la instalación de la mesa, un juez afín a Ortega condenó a los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente.
"Ortega puede estar abordando el diálogo de mala fe, con la única intención de ganar tiempo y aplacar a los críticos internacionales", valoró Crisis Group, una organización internacional dedicada al análisis de países en conflicto o sumergidos en crisis, en un informe enviado a Efe.
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Al alternar entre la reconciliación y la represión, tratar de manera preferencial al sector privado y, por el momento, refutar la participación de garantes internacionales, es posible que ya haya demostrado una falta de interés en hacer más concesiones que el mínimo necesario para evitar nuevas sanciones y salvar la economía nicaragüense, sin atender las demandas centrales de democratización y justicia de la oposición, argumentó ese organismo.
"Sabemos que el Gobierno no está de buena voluntad", como si lo están los negociadores de la alianza opositora, dijo a Efe Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).
La Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza Cívica, ha pedido a la comunidad internacional ejercer mayor presión sobre el Gobierno, en tanto Estados Unidos ha urgido a Ortega a que tome acciones concretas y negociar de buena fe.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de EE.UU. con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
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Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
A juicio de Chamorro, si el Gobierno decide anular los juicios contra los manifestantes opositores y acepta debatir sobre justicia y elecciones adelantadas, Nicaragua ganará confianza y permitiría un restablecimiento gradual de su economía.
De lo contrario, sostuvo, al Ejecutivo se le dificultará seguir gobernando por la fuerza, "que es como está gobernando", porque no tendrá dinero para pagar a los "paramilitares" ni a sus seguidores.
Para Crisis Group, el Gobierno debe continuar dando muestras de buena voluntad tales como cesar los ataques contra organismos no gubernamentales, periodistas y figuras de la oposición, y liberar a más "presos políticos".