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El pasado fin de semana, frente al Palacio Nacional en Ciudad de México, cientos de mujeres protestaron enfurecidas contra lo que llamaron un “gobierno indiferente”. No era para menos: las cifras indican que diez mujeres son asesinadas en el país cada día, y a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se le han escapado algunas declaraciones que han sido interpretadas por sectores feministas como señales de desinterés y apatía frente a esta problemática.
“Miren, no quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio; ya está muy claro. Se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos desde luego. Los que no nos ven con buenos ojos aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, de distorsión, información falsa”, dijo AMLO, agotado por los reiterados cuestionamientos a su fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por su polémica propuesta de reformar la tipificación del feminicidio en el país. Gertz asegura que la actual tipificación dificulta la judicialización de los homicidas, por lo que debería desaparecer y en cambio dar lugar a que los asesinatos de mujeres sean tratados como “homicidios con agravantes”.
“Parece un asunto superado, pero preocupa que a estas alturas el fiscal plantee esta iniciativa. Desconoce las razones por las que se tipificó el feminicidio, no es solo algo legal, sino el reconocimiento del contexto de violencia que se visibilizó desde la década de 1990 en Ciudad Juárez. A pesar de que llevamos varias décadas con estas demandas, el número de víctimas mortales no ha hecho más que crecer”, señala Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios de México. Los opositores a una reforma de este tipo apuntan que la tipificación del feminicidio es importante porque reconoce un tipo específico de violencia y ayuda en la búsqueda de un sistema penal que garantice los derechos de las mujeres y niñas en México.
Las palabras del presidente mexicano generaron fuertes críticas de los sectores feministas. Frida Guerrera, una de las activistas más reconocidas del país por su labor de recopilar las denuncias de violencia contra la mujer, confrontó a López Obrador durante una rueda de prensa. “Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio y las desapariciones está repleto de corrupción”, dijo. “No estoy evadiendo mi responsabilidad. Todos los días atiendo el problema y no estoy preocupado, estoy ocupado”, se defendió el mandatario.
Pero no fueron las declaraciones de AMLO o de su fiscal Gertz lo que puso de nuevo este problema en la agenda nacional, sino los terribles casos de feminicidio que se han presentado en las últimas dos semanas en los que se ha visto una sevicia desmedida. El pasado 9 de febrero, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue asesinada brutalmente a puñaladas por su pareja, Erick Robledo, al norte de la capital mexicana. Tras asesinar a Escamilla, Robledo descuartizó su cuerpo e intentó deshacerse de los restos en una cloaca pública. Después del homicidio, las fotos del cuerpo violentado de Escamilla fueron difundidas por la prensa.
Tanto el asesinato, como las grietas en el sistema de justicia y la complicidad de los medios en estos casos para banalizar la muerte fueron los detonantes de las protestas del fin de semana y del actual descontento de las mujeres en el país. “Ingrid no merece ser recordada como su pareja y victimario decidió. Nosotras tenemos oportunidad para contribuir al cambio de esa narrativa. Indigna todavía más cuando recordamos que a nivel local o federal se filtra información que lesiona la dignidad de las víctimas”, dijo Isabel Rosales, diputada por Morena y presidenta del Congreso de Ciudad de México. Y como si no hubiera sido suficiente para despertar la indignación nacional por la alarmante cifra de feminicidios y la historia de Escamilla, México despertó este lunes con otro caso igual de aberrante: Fátima Cecilia Aldrighetti, de 7 años, fue hallada en una bolsa plástica sin vida en las calles de Tláhuac.
En este contexto, el gobierno de AMLO se ha visto obligado a reaccionar de inmediato ante el problema. La Fiscalía General de Ciudad de México presentó a comienzos de esta semana una reforma al Código Penal para castigar la filtración de imágenes de feminicidios como en el caso de Escamilla. Pero las mujeres piden acciones más puntuales. En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exige que se construya una política integral con perspectiva de género y que se instruya a las entidades nacionales de publicar las estrategias de prevención feminicida en México, entre otras cosas.