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“La lucha recién empieza”, decía hace unas semanas Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, luego de que la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto para la legalización del aborto en el país. Con esa sentencia no se refería a que faltaba la aprobación del Senado para que dicho proyecto se convirtiera en ley, algo que ella anticipaba que iba a suceder sin problemas. “Los peronistas no pierden. Si ellos supieran que iban a perder no hubieran enviado este proyecto al Congreso”, adelantaba Belski. Lo que trataba de anunciar con esas palabras era que, aún con la legalización, el aborto en el país todavía tendría muchos retos por delante.
El Senado argentino cumplió el miércoles en la madrugada con su labor y aprobó la legalización del aborto. El sí al proyecto impulsado por el gobierno del presidente Alberto Fernández se impuso con 38 votos por encima de los 29 del no. Hubo una abstención. No se esperaba una victoria tan abultada ni en los pronósticos más optimistas. Pero el recambio que hubo en el recinto tras las últimas elecciones legislativas pesó sobre los celestes, pues perdieron el apoyo de hombres clave como Federico Pinedo, quien no pudo conservar su curul.
También la suerte les jugó en contra a los del no, pues el senador y expresidente Carlos Menem, quien rechaza el aborto, enfermó y no pudo votar. Hubo presión de la Iglesia y del mismísimo papa Francisco por impedir que este proyecto se aprobara, como ocurrió en 2018 cuando se hundió el proyecto que buscaba el aborto en ese entonces. Pero los esfuerzos de los religiosos esta vez no fueron suficientes.
El júbilo y las lágrimas de emoción se apoderaron de las miles de personas que, dentro de la marea verde, como se conoce a los grupos que apoyan la legalización, aguardaban con impaciencia el resultado del debate a las puertas del Congreso. Esta es una decisión histórica, por supuesto. El país del papa, y con una cultura muy católica, está otorgándoles a las mujeres un derecho que la Iglesia y los sectores conservadores consideran inconcebible. Pero pasada la emoción, ahora hay que reconocer el camino cuesta arriba que queda, con retos especiales para el sistema de salud.
Lo primero serán los litigios que emprenderán los opositores a la ley en la justicia para que sea considerada inconstitucional, los cuales no se harán esperar. “Si el proyecto se convierte en ley, iremos a la justicia para que sea declarada inconstitucional”, anticipó la senadora Silvia Elías de Pérez previendo la derrota del no antes de la votación.
Estos litigios no tienen futuro, según señalan organizaciones sociales, pero buscarán dilatar la implementación de la ley. Amnistía Internacional, de hecho, ya se preparaba para enfrentar las demandas a la ley del aborto por parte de diversos sectores conservadores. Pero luego vienen ya otras barreras a superar como las dificultades en el campo, las cuales sí preocupan a las organizaciones civiles y defensoras de los derechos de la mujer.
La experiencia de Uruguay, el otro país sudamericano que ya legalizó el aborto, es ilustrativa para entender esto. Tras seis años de la aprobación de la ley se observó que la objeción de conciencia era un problema, no solo por su porcentaje, sino por su concentración geográfica. En las provincias uruguayas del norte había más objeción de conciencia por parte de los médicos, y esto conducía a que muchas mujeres tuvieran que trasladarse largas distancias para poder abortar en otro lugar del país.
Por otro lado, la estrategia de implementación no fue homogénea. En algunos centros de salud solo se brindaba una de las etapas del proceso de atención, mientras que en otros se limitaba a recibir a una paciente a la primera consulta y luego derivarla a otro centro o prestador del servicio. Estas dificultades institucionales se traducen en inconvenientes mayores para las pacientes que deben esperar por sus procesos más tiempo del necesario. Y este escenario también podría presentarse en Argentina.
En el norte del país quedó evidenciado en estas votaciones que hay un gran rechazo al aborto. La mayoría de diputados del norte votaron en contra del proyecto, lo que demuestra que en esta región habrá que hacer mucho monitoreo y seguimiento a la implementación, pues hay mucha resistencia en esta materia. Habría que hacer un seguimiento especial a la red de hospitales para que no presente los mismos problemas que en Uruguay.
“Una barrera para la implementación es el uso abusivo de la objeción de conciencia. La ley prevé el derecho a objetar, pero esa objeción, que se da tanto en el sector público como en el privado, tiene que estar vinculada al ejercicio y a la práctica del aborto y los efectores de la salud deben ofrecerles a las solicitantes asesoría para que encuentren otra institución que las pueda atender. Pero eso no ocurre”, señala Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina. “Sabemos que muchos efectores de salud buscan obstaculizar y transmitir información falsa a las mujeres para que desistan de abortar”, agrega García.
Otro lío es la desinformación que pueda existir. Hay mujeres temerosas de realizar un aborto en las provincias del norte porque los políticos ofrecen una lectura equivocada sobre la ley, o sufren escraches de familias o comunidades religiosas para desanimarlas a acceder al derecho al aborto. Y esto va vinculado con un último desafío que plantea García.
“Otra posible barrera tiene que ver con la violación del secreto profesional, la historia clínica y la relación médico-paciente. Está protegida por la confidencialidad, pero esa confidencialidad muchas veces también es vulnerada y violada por los efectores de salud que a veces dejan saber a grupos religiosos información privada sobre una mujer que quiere interrumpir su embarazo para que incluso irrumpan en quirófanos a detener la práctica del aborto”, asegura la directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina.
La legalización fue una gran conquista feminista para el país y para la región, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
¿Marcará la pauta América Latina?
Una de las conclusiones de Belski es que esta jornada fue “un mensaje para el movimiento de mujeres de la región de que las luchas tienen réditos y que no hay pandemias que la paren”. Ella espera que la legalización en Argentina ponga el debate en la agenda de las naciones vecinas. Y no sería una sorpresa que esto ocurriera. Como señala Belski, Argentina tiene mucho peso en la región.
La legalización del aborto ha llegado diez años después de que Argentina se convirtiera en el primer país de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese episodio tuvo un efecto en el vecindario: en la actualidad, seis de los doce países de Sudamérica reconocen algún tipo de unión de parejas del mismo sexo. Por eso, los movimientos feministas tienen la esperanza de que la decisión del miércoles tenga eco en otros países. Solo Cuba, Uruguay, Puerto Rico y Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca tienen permitida la interrupción voluntaria del embarazo en la actualidad en América Latina.
“Este paso en Argentina será un cambio significativo en este país, pero además marca un rumbo y un horizonte para los derechos de la mujer en toda Latinoamérica”, manifestó la activista salvadoreña Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una ONG que durante años ha luchado en el país centroamericano por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al igual que ella, otras activistas se han pronunciado sobre el cambio en Argentina, exigiendo lo mismo para sus naciones.
“Y en el 2021 nos toca a nosotras. No es promesa, es predicción. Nosotras decidimos”, escribió en su cuenta de Twitter la agrupación feminista mexicana Las Brujas del Mar, mientras que el colectivo feminista Católicas México opinó que “hay mucho que aprender de Argentina” y aseguró que se unen a su lucha. La marea verde no tiene planes de quedarse solo en el territorio argentino: 2021 podría ser el año en el que sus conquistas se extiendan por el continente.
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