Leyes antiinmigrantes: ¿por qué los jueces de EE.UU. solo pueden retrasarlas?

Las medidas de los jueces federales y las Cortes de Apelaciones pueden hacer poco ante una Corte Suprema cada vez más conservadora

AFP

Orlando García juez federal de San Antonio, Texas, le dio a los inmigrantes de ese estado uno de los alivios más grandes en medio las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Harvey.

La ley SB4, quedó suspendida justo dos días antes de entrar en vigencia. El bloqueo temporal que logró el juez García, llegó después de una avalancha de demandas que intentaban frenar la ley migratoria.

El pasado 8 de mayo, gobernador de Texas, Greg Abbot, firmó la ley que permite a la policía detener a cualquier persona para solicitar sus documentos y determinar si si su estatus migratorio en Estados Unidos es legal. Se trata de las mismas prácticas por las que, en Phoenix, el Sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, terminó a punto de llegar a la cárcel por violación de los derechos civiles, algo de lo que fue rescatado por un indulto de última hora emitido desde la Casa Blanca.

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 García, un juez que ya había fallado a favor de políticas liberales como el matrimonio igualitario, logró detener temporalmente la ley SB4 pero no podrá detener que siga escalando en las instancias judiciales estadounidenses, lo que implicaría su paso el escrutinio de una o más Cortes de Apelaciones y, desde allí hasta la Corte Suprema, la máxima instancia judicial de EE..UU.

La ley, que también permite imponer sanciones e incluso penas de prisión para los policías que no accedan a colaborar con las autoridades migratorias federales, podría desencadenar una cacería de "sin papeles" y deportaciones masivas como las que el presidente Donald Trump prometió durante su campaña.

El camino de la ley SB4 se parece mucho al que recorrió la orden ejecutiva firmada por el presidente y con la que la Casa Blanca buscaba prohibirle la entrada a EE.UU. a las personas provenientes de seis países de mayoría musulmana.

En ese caso, la orden ejecutiva fue demandada y la cuarta y novena Corte de Apelaciones lograron dilatar su puesta en vigor con argumentando, inconstitucionalidad, la primera y falta de argumentos para mejorar la seguridad nacional, la segunda.

En el caso de la ley SB4, el siguiente filtro que tiene que pasar es la Corte de apelaciones del Quinto Circuito, considerada una de las más conservadoras del país y, aún si lograra superar ese obstáculo, tendría que vérselas con la Corte Suprema Estadounidense.

Los antecedentes no son alentadores. La Corte Suprema voto con nueve votos a favor y ninguno en contra la activación parcial del veto migratorio que Trump impuso contra algunos países musulmanes. Se supone que la decisión final sobre el asunto se tomará en octubre, después del receso del organismo judicial, sin embargo, para ese entonces, el peridodo de cuatro meses para el que la norma estaba contemplada ya se habrá vencido. 

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Tras la muerte del juez Antoni Scalia, en febrero de 2016, los republicanos bloquearon la eleccipón de nuevos miembros en la máxima autoridad judicial de EE.UU. ¿El resultado? Ahora es Donald Trump quien nomina a los miembros de la alta corte, lo que trajo como primera consecioenciael nombramiento vitalicio de Neil Gorsuch, un juez conservador que llegó al punto de fallar en contra de la reforma sanitaria de Obama con el argumento de que, al obligar a los seguros médicos a cubrir los gastos de anticonceptivos, Vulneraba la libertad de algunos grupos religiosos.

Trump también podría ser quien elija el reemplazo de Anthony Kennedy, de 82 años, y cuyo retiro se rumora desde hace meses.

Con una mayoría abrumadoramente conservadora en la Corte Suprema, medidas como las del juez García contra la ley SB4 solo servirán para retrasar la entrada en vigor de medidas contra los migranetes. Incluso si Trump llegara a ser destituído, su improtna por el sistema judicial estadounidense podría perseguir a los inmigrantes durante décadas. 

 

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