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La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, la mujer que desató la furia en Hong Kong, anunció este martes que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China, que provocó una ola inédita de protestas, "está muerto", pero no accedió a las demandas de retirar el texto. En sus declaraciones más conciliadoras desde el inicio de las manifestaciones, hace un mes, Lam admitió que los intentos de su Ejecutivo para aprobar el proyecto de ley resultaron ser "un fracaso total". Le puede interesar: Pekín y Hong Kong, otro tratado de extradición polémico
"Doy por muerto el proyecto de ley de extradición", dijo Lam este martes durante una rueda de prensa en un nuevo paso atrás en su discurso, aunque no dejó claro si dicha reforma legislativa se retira o no de forma efectiva. Anteriormente, Lam había dejado la ley "en suspenso", dando a entender que el proyecto perecería por sí solo al término de la actual legislatura, que terminará a mediados de 2020.
Además, la líder del Ejecutivo anunció la creación de un comité de investigación independiente para fiscalizar la actuación de la Policía durante las protestas que han sacudido la ciudad durante el último mes, con el objetivo de calmar los ánimos de los manifestantes. Sin embargo, pese a la declaración, un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley prometió que habrá nuevas protestas y rechazó las declaraciones de la dirigente del Ejecutivo. El Frente Civil de Derechos Humanos -principal promotor de las protestas de las últimas semanas en Hong Kong- consideró hoy que las palabras de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, que dio por muerto el polémico proyecto de ley de extradición, "no significan nada nuevo".
"Lam todavía rechaza decir que retira la iniciativa, no podemos encontrar la palabra muerta en ninguna de las leyes de Hong Kong ni en ninguno de los procedimientos legales del Consejo Legislativo", dijo la portavoz internacional del frente, Bonnie Leung, en una rueda de prensa ante la sede del Parlamento.
Leung recalcó que la jefa del Ejecutivo no ha cumplido ninguna de sus cinco demandas: la retirada definitiva del proyecto de ley, su dimisión, dejar de considerar las protestas como disturbios, la libertad de los detenidos y abrir una investigación sobre la "violencia" policial. "¿Cómo es que el Gobierno puede pedir a los manifestantes que respeten el Estado de Derecho, cuando ni él mismo lo hace?", subrayó la activista. Le recomendamos: Carrie Lam, la mujer que desató la furia en Hong Kong
"Si Carrie Lam y su gobierno siguen sin escuchar nuestras cinco reivindicaciones, el Foro Civil por los Derechos Humanos seguirá celebrando protestas y asambleas", dijo a la prensa su portavoz Bonnie Leung.
La excolonia británica lleva semanas sumida en su peor crisis de la historia reciente, con unas masivas manifestaciones que en algunos casos derivaron en violentos enfrentamientos entre policías y una minoría de manifestantes más radical. Las protestas las desencadenó un proyecto de ley, suspendido, que habría permitido las extradiciones a la China continental. Pero se transformó en un movimiento más amplio para reclamar reformas democráticas y el fin de la erosión de las libertades en este territorio semiatónomo.
Esta crisis -durante la cual la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma y los manifestantes arrasaron el Parlamento local- es el reto más grave al que se enfrentan las autoridades de Pekín desde 1997, cuando la ciudad volvió a estar bajo su control. Lam, favorable al poder en Pekín, estuvo prácticamente desaparecida en las últimas semanas. Pero este martes reapareció e insistió en su posición de que el proyecto de ley no volverá a presentarse ante el Consejo Legislativo, el Parlamento local. "No existe tal plan. El proyecto de ley está muerto", aseguró.
No obstante, rechazó emplear la palabra "retirada", una de las reclamaciones de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles en las últimas semanas, que quieren sacarlo de la agenda legislativa en lugar de que expire en julio de 2020, cuando termina la próxima sesión parlamentaria. Lam aceptó reunirse con representantes de los estudiantes contestatarios en público, sin condiciones previas, y reconoció que Hong Kong, un centro financiero internacional, se enfrenta a unos desafíos sin precedentes.
"Llegué a la conclusión de que hay problemas fundamentales, profundos, en la sociedad hongkonesa", declaró la jefa de gobierno.
Lam estaba bajo presión para nombrar a un juez independiente para presidir una comisión de investigación sobre la respuesta policial a las protestas. Pero la jefa del ejecutivo rechazó de nuevo estas peticiones el lunes, asegurando que ya existe un organismo para investigar el uso de la fuerza por parte de la policía. El gobierno de Pekín apoya totalmente a Lam y pidió a la policía que siga persiguiendo a los responsables del asalto al parlamento y de otros incidentes de las últimas semanas.
"El gobierno central expresa su apoyo, respeto y comprensión" a Lam, declaró en Pekín un portavoz de la diplomacia china.
Las protestas forman parte de un debate más amplio en Hong Kong entre los que ven inevitable la integración con la China continental y los que quieren conservar las libertades de las que disfruta este territorio.