El pulso entre el gobierno de Madrid y Cataluña escala peligrosamente

Lo que está en juego en España con el referendo de Cataluña

La Generalitat de Cataluña aseguró que el domingo 1º de octubre están llamados a votar 5’343.358 catalanes en el referéndum independentista, anulado por el Tribunal Constitucional.

Marchas a favor de ir a las urnas el domingo en Cataluña. Analistas dicen que la participación será baja. / AFP

¿Cómo se pudo llegar hasta este punto? La crisis entre los independentistas catalanes y el gobierno español vivirá este domingo su punto máximo con la celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido por el Tribunal Constitucional (es decir, es ilegal), que podría sumir a España en una situación de consecuencias incalculables.

El desafío lanzado al Estado español no tiene precedente desde la frustrada intentona golpista del 23 de febrero de 1981, afirman líderes políticos españoles de izquierda y derecha. Desde el 6 de septiembre, cuando los independentistas catalanes convocaron el referéndum, pese a la prohibición del Tribunal Constitucional español, ni las acciones judiciales ni las detenciones y registros han disuadido a los dirigentes de esta rica región del noreste de España, donde vive el 16 % de los habitantes del país, de organizar el plebiscito.

Ni las fuertes multas a sus organizadores, la incautación de los votos por parte de la policía o el cierre judicial de las webs del referéndum han disuadido a las partes.

El conflicto entre el gobierno de España y Cataluña es tan particular que nada tiene que ver con ningún otro caso comparado, más allá de las reivindicaciones nacionalistas que, por otro lado, en la Europa del siglo XXI siguen latentes. Esto porque, aun con todo, el Estado español ha experimentado cuatro décadas de crecimiento y consolidación que lo han convertido en un Estado fuerte y con legitimidad, a diferencia de la experiencia franquista, que, pese a ser autoritaria, se sostenía sobre un Estado débil.

El punto actual de la relación de España con Cataluña hay que encontrarlo en la crisis de 2008. Una crisis que ha erosionado las bases de confianza y legitimidad del Estado y que ha dejado consigo imágenes de impune corrupción, pauperización creciente y politización e instrumentalización de la justicia. Bajo todo esto, el gobierno español utilizó como marco de referencia el “problema catalán”, del mismo modo que el gobierno catalán escondió sus miserias justificando que el origen de todos los males provenía de Madrid. El resultado ha sido que en menos de una década se multiplicaron por cinco las voces en favor del independentismo.

A un problema evidentemente político se le está planteando una solución jurídica. Es decir, mal diagnóstico con ineficiente solución. Empero, el nivel de emotividad propio de todo nacionalismo ha florecido, so pena de hacer que una solución política devenga insuficiente, y habida cuenta de que las soluciones planteadas pasan por los extremos.

A partir del 2 de octubre sólo sigue siendo posible pensar en una solución política, pero que no confunda legitimidad con represión. Esto obliga a salir del inmovilismo del Partido Popular, cuyo voto cautivo pide mayoritariamente una posición de firmeza, pero también del gobierno catalán, que debe encontrar beneficios en la búsqueda de una solución política. Algo difícil en tanto que ello puede contravenir unas intenciones por las que, por medio de una ruptura con España, se entienden posibles lógicas de continuidad en su poder político y social. Si a lo anterior se añade que la movilización social que acompaña al referéndum puede superar la capacidad política de las élites independentistas, y que los discursos son cada vez más reduccionistas, sobre ejes excluyentes como Madrid vs. Barcelona o democracia vs. dictadura, la posibilidad de una equidistancia se torna compleja.

La solución pasa por reformar la estructura territorial del Estado, superar la idea intocable de la unidad de España y reformar la Constitución de 1978, pues mucho de lo que alimenta este conflicto de intereses se sirve de elementos ajenos, propiciados por la crisis económica de 2008. Así, un referéndum ha de ser posible, aunque, en otros términos, antes conviene entender el problema desde otro enfoque y con otra solución. De lo contrario, la ruptura será inevitable por la mezquindad irresponsable de ambas partes.

* Doctor en ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid
@Jeronimo_Rios_