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El desmantelamiento este jueves de un campamento de rohinyás que buscaban protección en Nueva Delhi y la detención de otro grupo de birmanos en el noreste del país que huyeron tras el golpe militar en Birmania (Myanmar), azuza el miedo de estos refugiados en la India, atrapados en un vacío legal.
El campamento de 27 familias que llegaron ayer a la capital india fue desmantelado esta madrugada, horas después de que se presentaran ante las oficinas en Nueva Delhi de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Las improvisadas instalaciones hechas frente a la sede de ACNUR fueron desmanteladas por la policía a las 2.52 (21.22 GMT del miércoles), y unas 70 personas fueron trasladadas en autobuses, explicó a Efe el activista rohinyá Sabber Kyaw Min.
La llegada a Nueva Delhi de este grupo de la minoría étnica, que se había instalado en un principio en la norteña región de Jammu y Cachemira, estuvo precedida por la detención en Jammu de un centenar de refugiados y su traslado a centros para una eventual deportación.
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“Los rohinyás están huyendo por miedo a la policía”, explicó Kyaw Min, director de la Iniciativa de Derechos Humanos para los Rohinyá.
Esta crisis está además avivada por grupos extremistas hindúes, especialmente en Jammu, que han desplegado una campaña de odio contra esta minoría mayormente musulmana, refiriéndose a ellos como una amenaza. “La crisis en curso en Jammu ha inculcado un ambiente de miedo en la comunidad rohinyá en la India. Se dice que el número de refugiados detenidos es de 168. Sin embargo, según los refugiados, el número real es de alrededor de 250”, aseguró.
La India, que no forma parte de la Convención de los Refugiados de 1951 y carece de un marco legal de protección para ellos, ha expresado en varias ocasiones sus intenciones de devolver a miembros de esta minoría étnica, y en 2018 deportó a siete.
En Jammu, “la policía nos ha dado un ultimátum de cinco días para terminar cualquier trabajo pendiente aquí, no sabemos qué va a pasar después de eso”, dijo un refugiado en condición de anonimato a la organización.
De acuerdo con los datos de la ONG, a día de hoy hay 27 asentamientos registrados con alrededor de 1.783 familias, es decir, alrededor de 7.600 rohinyás que residen en varios asentamientos en Jammu.
Represión en Birmania
El desamparo legal de los refugiados ha centrado la atención de los organismos internacionales de derechos humanos, especialmente de los rohinyás y otros ciudadanos birmanos que escaparon tras el golpe militar del pasado 1 de febrero.
“Debido a la represión en Myanmar, varias personas han huido al estado de Mizoram -en el noreste indio y fronterizo con Birmania-. Este grupo incluye personal de la policía que se negó a obedecer las órdenes de la junta militar”, dijo a Efe Suhas Chakma, miembro de la organización Campaña contra la Tortura, que apoya a estos fugitivos.
La situación de estas personas en busca de asilo es incierta, dijo Chakma, ya que el marco legal indio no tiene una ruta a seguir en estos casos, quedando en manos del Ministerio de Interior. En el caso de la vulnerable comunidad rohinyá, la situación es “mucho peor”, subrayó.
Mientras que más de cien rohinyás fueron detenidos en Jammu con el propósito de repatriarlos a Myanmar, al mismo tiempo hay refugiados en Mizoram que están siendo asistidos por la autoridad del distrito. “Si te fijas, la política del Gobierno indio no es la misma con todos los ciudadanos de un país, parece que si eres Chin -grupo étnico birmano- eres asistido, pero si eres un rohinyá serás detenido”, condenó.
Para Chakma, los refugiados requieren de un estatus formal y una política estatal que ponga fin a la incertidumbre que les está presionando a viajar a la capital nacional, sede de los principales organismos internacionales, y los máximos tribunales del país. “El hecho de que un país que nació de la partición, que ha visto a millones de personas huir de ambos lados, no tenga una política de refugiados es extremadamente lamentable”, concluye.
En la India, que comparte 1.634 kilómetros de frontera con Birmania, hay unos 40.000 rohinyás, de los cuales unos 17.000 están registrados con ACNUR.