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Dos décadas han pasado desde que Alberto Fujimori abandonó la Presidencia de Perú; sin embargo, en su ausencia, su familia continúa marcando la agenda política del país. La orden de detención preliminar dictada contra Keiko Fujimori, el pasado 10 de octubre, evidenció los roces entre fujimoristas y antifujimoristas, no solo en la arena política, sino en las calles peruanas.
“Los Fujimori han marcado la vida peruana desde hace más de dos décadas y media, primero durante la Presidencia del padre y luego con la incursión en política de sus hijos”, aseguró el analista político Fernando Tuesta. Afuera de la comisaría policial de Lima, donde permanece retenida Keiko Fujimori, la Policía Nacional evitó peleas entre quienes festejaban y quienes se oponían a su detención. El clima político en el país está polarizado totalmente. Esta decisión fue el último eslabón en un largo proceso de investigación a la hija del exmandatario por presuntos delitos de corrupción. Lea también: ¿Por qué detuvieron a Keiko Fujimori en Perú?
Puntualmente, la Fiscalía de Perú acusa a Fujimori de lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011. Según las denuncias, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular habría recibido por lo menos US$1 millón de la constructora brasileña Odebrecht, inmersa en otros escándalos a lo largo de la región.
Sin embargo, la orden de detención contra Keiko Fujimori, emitida por el juez Richard Concepción a pedido de la Fiscalía, fue para algunos sectores una acción arbitraria y sin justificación legal. Esta detención preliminar, explica el abogado penalista Enrique Ghersi, es “una medida cautelar que un fiscal le solicita a un juez cuando hay fundados elementos de juicio para suponer que las personas se van a fugar, pueden sustraerse a la persecución de la justicia o van a destruir pruebas”. Para Aaron Salomón, periodista de Político en Perú, en la detención de Fujimori no existen elementos que prueben que la libertad de Keiko es un peligro para la investigación que se adelanta en su contra, “se advierte que Keiko tiene una casa en el extranjero y que por eso podría viajar. Eso no es un argumento suficiente para determinar una prisión preliminar por diez días. Debió darse un arresto domiciliario como máximo o un impedimento de salida del país”.
Desde la sede policial donde permanece recluida, Fujimori escribió en una carta que su detención se realizó “sin fundamentos jurídicos” y tildó la decisión de una persecución en su contra. “Me han perseguido 18 años, y nunca han mostrado una prueba, y así sin pruebas en mi contra estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto”, escribió no sin antes recordar que hace una semana se anuló “abusivamente” el indulto humanitario de su padre. “Ahora a mí… ¡Esto será solo un capítulo más de persecución! Saldremos más fortalecidos de esta injusticia”, puntualizó.
El pasado 3 de octubre, la Corte Suprema de Perú anuló el indulto otorgado a Alberto Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2017. La decisión, que reordenó la captura del exmandatario, sacudió a Perú, pues el fujimorismo se mantiene como la principal fuerza electoral de Perú. Pese a que fue condenado a prisión por crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción, Alberto Fujimori goza de una amplia popularidad en Perú por acabar durante su paso por el gobierno con el terrorismo del grupo Sendero Luminoso y la hiperinflación, que tenía en cuidados intensivos a la economía peruana. Le puede interesar: “Si regreso a prisión mi corazón no lo va soportar”, las suplicas de Fujimori
Además de Alberto y Keiko Fujimori, otros de los miembros de la familia permanecen en la mira de la justicia peruana. Por un lado están los Higuchi, la familia materna de Keiko y Kenji, que han sido investigados por abrir dos empresas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, de las que habrían salido aportes para campañas políticas.
Del otro lado está Kenji Fujimori, también hijo del expresidente, investigado por cohecho y presunto tráfico de influencias en el Congreso. Según la denuncia, realizada por Moisés Mamani, incondicional aliado de Keiko, el menor de los Fujimori intentó comprar votos para evitar la destitución del entonces presidente Kuczynski. La acusación no solo dejó a Kenji suspendido como legislador, sino que enciende más la lucha con su hermana, puesto que los dos hijos de Fujimori han peleado por hacerse con el capital electoral de su padre y la disputa ha dinamitado la relación entre ambos.
“Se corre el rumor de que el poder judicial está politizado. Así que esto hace esperar que Kenji corra la misma suerte de sus familiares. Parece que se le viene el infortunio al clan Fujimori”, advierte Salomón. Ahora, mientras el clan está en crisis, habrá que ver si la guerra entre los hermanos encuentra tregua.