Pobres y detenidos, ‘el mango bajito de ICE’

Mientras que los ricos evaden la deportación desde la comodidad de sus hogares, otras 50.000 personas de escasos recursos permanecen detenidas por ICE, la autoridad migratoria de Estados Unidos.

*Monique O. Madan y Romina Ruiz-Goiriena
21 de octubre de 2020 - 03:11 p. m.
Pobres y detenidos, ‘el mango bajito de ICE’
Foto: Donna E. Natale Planas

Miryam López esperó su turno en la cola. La argentina de 55 años llegó a Estados Unidos en 2002. Se enamoró, se casó y en 2009 se convirtió en residente permanente. Salvo el cargo por posesión de droga en 2012 que resultó en una sentencia de libertad condicional y una multa de $763 dólares, vivía una vida tranquila con su esposo, Rudolph Marek, en Surfside, un vecindario de Miami Beach donde las empanadas argentinas son más abundantes que las croquetas cubanas.

Esa paz y tranquilidad se vio interrumpida en 2019 cuando las autoridades de inmigración irrumpieron en su casa, arrestaron a López y la enviaron a un centro de detención. Desde donde ha luchado contra su deportación.

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Bajo la administración Trump, el país se ha vuelto cada vez más inhóspito para los inmigrantes indocumentados y aquellos que buscan asilo. Pero también ha recalibrado el tratamiento hacia los residentes permanentes —conocidos como titulares de la “green card” — y ciudadanos naturalizados, sin ninguna tolerancia a transgresiones que antes habrían sido de poca monta para gobiernos anteriores.

“Esto es el producto de varias cosas: políticas de cero tolerancia, y con esto me refiero a la falta de discreción; y el malgasto de muchísimos recursos que podrían emplearse mejor”, dijo John Sandweg, exdirector interino de la Policía de Inmigracion y Aduanas (ICE) y exdirector jurídico interino del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en una entrevista con el Herald.

Esto contrasta en forma aguda con el pequeño universo de expatriados ricos que a base de su dinero, relaciones y un arsenal de abogados logran desviar los esfuerzos para llevarlos a enfrentar la justicia en sus países, permaneciendo así fuera del radar de funcionarios de inmigración en Estados Unidos. Muchos han convertido a Miami en su hogar adoptivo.

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Antes de la pandemia, en un día promedio, había alrededor de 50.000 inmigrantes detenidos por ICE, quienes a menudo quedaban tras las rejas durante años, mientras que los expatriados ricos con problemas legales lograban escapar de la cárcel y la deportación. Esta cifra previa al brote del COVID es un aumento de aproximadamente 15.000 personas comparada con los últimos días de la presidencia de Obama. En aquel entonces las personas promediaban 27 días en detención.

El número de detenidos ha ido disminuyendo desde marzo, después que los tribunales federales a lo largo del país le ordenaran a ICE liberar detenidos debido a problemas de salud relacionados con el coronavirus. Alrededor del 70 por ciento de los detenidos durante la administración Trump no tenían sentencias penales previas,según cifras divulgadas por ICE. “Al perder tiempo y dinero con esa persona, alguien verdaderamente peligroso anda libre por las calles”, agregó Sandweg.

Prioridades desiguales

En un comunicado a todos los empleados de ICE fechado el 2 de marzo de 2011, el entonces director John Morton delineó las prioridades de la agencia con respecto a las deportaciones. Le instruyó a los agentes enfocarse en los inmigrantes “condenados por delitos, en especial criminales violentos, delincuentes, reincidentes, miembros de pandillas o individuos con órdenes de captura”.

Esto cambió con el nuevo gobierno de Trump, que asumió el poder después de una campaña electoral en gran parte hablando mal de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes, prometiendo construir un “gran, gran muro” en la frontera con México. Bajo Trump, para el Departamento de Seguridad Nacional todos se convirtieron en prioridad, dicen defensores de los inmigrantes.

Heliberto Hernández, un abogado de inmigración basado en Lake Worth, dice que representa a varias personas con casos semejantes al de López. “Aunque se hubieran topado con ICE, les hubieran enviado una orden para presentarse frente a un juez o sencillamente los hubieran liberado”, dijo sobre el clima antes de enero 2017. “Lo más probable es que nunca los hubieran detenido y mucho menos enviado a un centro de detención”, aseveró.

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Nate Snyder, un exalto funcionario de contrainteligencia de Seguridad Nacional durante la administración Obama, también enfatizó este punto. La misión de estas agencias ha sido “diluida”, dijo Snyder. “No están enfocando su capacidad en amenazas reales y aquellos quienes buscan aprovecharse de nuestro sistema”.

La historia de López es parte de una demanda colectiva actualmente en curso contra ICE. La demanda, presentada en abril, busca un alivio para miles de inmigrantes detenidos o que estuvieron detenidos previamente en las instalaciones de ICE del sur de Florida. La demanda se basa en el peligro de propagación del COVID-19 dada la proximidad física entre los detenidos. El juicio está programado para enero de 2021.

Según documentos examinados por el Herald, ICE se interesó en López luego que la enviarán a una sala de “inspección secundaria” en el Aeropuerto Internacional de Miami en octubre de 2016. López ingresó al país después de haber viajado a Argentina para enterrar a su papá. Las inspecciones secundarias son una práctica común de la Policía de Inmigración y Aduanas cuando los agentes quieren verificar la información de cualquier pasajero.

En esa ocasión, le dijeron a López que regresara el 11 de enero de 2017, momento en el cual se le informó que habían empezado su proceso de deportación. Sin embargo, no sería detenida debido a su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición pulmonar delicada.

Eso fue poco más de una semana antes del cambio de administración. Al final resultó que la notificación nunca se presentó ante los tribunales, según una copia de su expediente proporcionada a su abogado después de presentar una solicitud de información pública bajo el auspicio de la Ley de Libertad de Información.

López está detenida en el Broward Transitional Center (BTC) en Pompano Beach, un centro administrado por la empresa privada GEO Group, una compañía de prisiones multimillonaria contratada por el gobierno federal para administrar varios centros de detención y prisiones en todo el país. BTC es una de las tres instalaciones al centro del litigio y alberga solo a personas que cometieron ofensas menores y aquellos sin antecedentes penales.

En repetidas ocasiones, ICE se ha negado a liberar a López, afirmando que su crimen que ocurrió hace ocho años consiste en “depravación moral”, un término legal general aplicado para explicar cualquier comportamiento que se desvíe de las normas comunitarias. ICE sostiene que siempre han estado facultados bajo la ley para expulsar a cualquier residente permanente que haya cometido un delito durante los primeros cincos años luego de haber ingresado al territorio nacional, o tiene dos condenas independientemente del tiempo que lleve en Estados Unidos.

“Los residentes permanentes legales son ciudadanos extranjeros y están sujetos a ser puestos en proceso de deportación según la ley federal”, dijo Nestor Yglesias, portavoz de ICE. Si bien este no es un estándar nuevo, la forma en que se está aplicando sí lo es.

La abogada de López, Linda Osberg-Brun, dice que la condición respiratoria de su cliente, conocida por ICE desde 2017, debería tenerse en cuenta para determinar si se le deja en libertad. “Detenerla ahora no sirve ningún propósito para el gobierno y solo pone en peligro su vida al igual que los intereses del gobierno al crear una situación donde una persona puede morir bajo su cuidado”, escribió en una carta al oficial de deportación de López, Eric Green.

Hasta el 19 de octubre, se han reportado al menos 10 detenidos muertos, y más de 6,717 personas han contraído el virus tras las rejas, según cifras oficiales de ICE.

Inclinando la balanza

Adrian Sosa-Fleites, un ciudadano cubano detenido en el centro de Procesamiento de Krome, en el condado Miami-Dade, es otro detenido que probablemente no habría sido encerrado en administraciones anteriores. Su abogada, Isadora Velázquez, dice que su cliente de 26 años no tiene antecedentes penales y ha estado tras las rejas durante 20 meses.

Ingresó al país en febrero 2019 por la frontera sur entre México y Estados Unidos, mucho después que el presidente pusiera fin a la política conocida como “pies secos, pies mojados”, que le permitía a los cubanos permanecer legalmente en el país siempre y cuando pisaran suelo estadounidense.

Las múltiples peticiones de Velázquez pidiendo la liberación de Sosa-Fleites siguen siendo ignoradas. En sus solicitudes hace referencia a la demanda colectiva en curso en Miami. La jueza federal de la Corte de Distrito Marcia G. Cooke, cuyo tribunal preside la causa, ha caracterizado el tratamiento de ICE hacia los detenidos en BTC, el Centro de procesamiento de Krome, y el centro de detención del condado de Glades en Moore Haven, Florida, a lo largo de la pandemia como “cruel e inusual”.

Velázquez cree que el haber presentado la denuncia incitó al gobierno a comenzar una serie de traslados de detenidos de una instalación a otra, complicando las vidas de personas que buscan ayuda en la corte de inmigración. “Todo se convirtió en un juego de caza”, dijo Velázquez. “Cuando se presentó esa demanda, ICE comenzó a trasladar a los detenidos a lo largo de Estados Unidos, dificultándoles la comunicación con sus familiares y acceso a asesoría legal, por lo que les resultó extremadamente difícil ganar su caso”.

Desde su aprehensión en abril de 2019, Sosa-Fleites ha sido trasladado a cinco centros de detención en varios estados, dijo Velázquez, y señaló que su pequeño bufete de abogados, como muchos otros, ha representado a migrantes como Sosa-Fuentes, sin cobrarle honorarios porque “tienen muy pocos recursos”.

Una revisión de más de 1.2 millones de casos de inmigración entre 2007 y 2012 encontró que los inmigrantes detenidos con abogados tenían cuatro veces más oportunidades de ser liberados. “El sistema de inmigración es muy difícil de navegar incluso con buena representación legal, pero el dinero puede compensar un poco”, dijo Sandweg. A diferencia del sistema de justicia penal de EEUU, que garantiza el derecho a un abogado, este no es el caso en el mundo de la inmigración, que deja a miles de inmigrantes sin representación legal y susceptibles a la deportación.

“Entras en un centro de detención de inmigrantes y te das cuenta que todos son principalmente de bajos ingresos”, dijo Velázquez. “El sistema apunta a los inmigrantes pobres. No estamos deportando a la gente peligrosa. Estamos deportando a los pobres porque no pueden permitirse el lujo de luchar”.

Y añadió: “Vivimos en un lugar donde la gente básicamente puede comprar su salida; en eso se ha convertido el sistema de inmigración. Para tener un buen caso en la corte de inmigración, a menudo es necesario contar con un experto. ¿Crees que el detenido promedio puede darse el lujo de ir a un psicólogo, que luego podría evaluarlos y decir que estaban traumatizados por algo que sucedió [en su país]?”. Hizo una pausa: “No, y si no tienes esas cosas, no vas a ganar el asilo”.

Durante 24 años, Johnny Sarmiento fue residente permanente antes de ser detenido mientras se alistaba para ir a su trabajo de operador de máquinas expendedoras. Sarmiento, de 41 años, fue detenido en su casa en agosto por un cargo de violencia doméstica que había ocurrido hace 14 años con una expareja. Sarmiento, quien desde entonces fue liberado bajo fianza y sigue en proceso de deportación, dijo que ICE “me tendió una emboscada y me encañonaron con pistolas cuando iba camino al trabajo”.

“Tuvimos que ganar dinero que no teníamos, para que pudieran liberarme”, agregó, explicando que su esposa recolectó $7,000 de donaciones de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Ese dinero toma más de medio año ganarlo". Con la esperanza de acelerar la deportación de miles de inmigrantes atrapados en la red de ICE, la administración Trump ha buscado contratar jueces de inmigración al por mayor. El número de jueces casi se ha duplicado y tienen la tarea de procesar 700 casos al año.

Los abogados de inmigración dicen que eso, aunado a los esfuerzos para dificultar la comunicación entre detenidos, sus abogados y la recopilación de pruebas para respaldar sus esfuerzos por permanecer en Estados Unidos, pone a los inmigrantes en una clara desventaja. Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el sindicato que representa a los jueces de inmigración en los Estados Unidos, concuerda en que las cuotas le dan a ICE una ventaja.

“Está creando un sesgo sistémico en contra de otorgar [solicitudes de liberación] porque el gobierno está creando un incentivo para terminar los casos a través de mecanismos procesales”, dijo Tabaddor, profesor adjunto de la facultad de derecho de UCLA. “En otras palabras: las cuotas y los plazos crean un sesgo sistémico que deja a algunas personas en una gran desventaja”.

“Están creando un sesgo sistémico a favor de la denegación [de solicitudes de liberación] porque el gobierno está creando un incentivo para terminar los casos a través de mecanismos procesales”, dijo Tabaddor, profesora adjunta de la facultad de derecho de la Universidad de California en Los Ángeles. “En otras palabras: las cuotas y los plazos crean un sesgo sistémico que pone a algunas personas en una gran desventaja”.

Dinerales

El sistema creado bajo la administración Trump tiene a un sector en todo su apogeo: la industria de las prisiones privadas. En la recta final de su gobierno, el presidente Obama le ordenó al Departamento de Justicia que dejara de firmar contratos con empresas penitenciarias privadas. El anuncio ocasionó la caída del 35% de las acciones de Geo Group y otro contratista, Core Civic, ambos con gran presencia en Florida, informó el Miami Herald en ese momento.

El presidente Trump anuló la orden poco después de asumir el cargo, ocasionando que se dispararan los precios de las acciones a nuevas alturas. Según los datos de ICE, el costo proyectado de un detenido será alrededor de $130 dólares por día en el año fiscal 2020-2021, que equivale a $47,450 dólares al año por detenido. Esa cifra asciende a aproximadamente $25 millones de dólares al año pagando solamente las camas en el Centro de Detención de Krome (con un promedio de 542 camas), $22 millones de dólares en BTC (con un promedio de 476 camas) y alrededor de $18.2 millones de dólares para administrar Glades (con promedio de 384 camas).

Juan Carlos Gómez, director de la clínica de derecho de inmigración de la Florida International University, dijo que “el sistema favorece a las personas con dinero. La pandemia solo le suma al problema”. “Es simple: los pobres se ven afectados de manera desproporcionada. Y, lamentablemente, muchas de las personas detenidas son personas de color que a duras penas alcalzaban a poner comida sobre la mesa para sus familiares cuando estaban libres”, recalcó. Sandweg, el exzar de ICE, calificó a personas como López, Sarmiento y Sosa-Fleites como “el mango bajito del sistema de inmigración”.

*Este proyecto investigativo es financiado por el Fondo para el Periodismo de Investigación en asociación con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Nuevo Herald.

Por *Monique O. Madan y Romina Ruiz-Goiriena

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