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En abril de 2018 estalló en Nicaragua una de sus peores crisis sociopolíticas. Las consecuencias de esa ola de violencia que inundó el país siguen llegando desde todos los flancos. Esta vez, el Gobierno nacional informó que han contabilizado 98 niños que perdieron a uno o los dos padres en este sangriento marco.
Ese casi centenar de menores que quedaron huérfanos dependían de los fallecidos, según un informe elaborado por el Ministerio de Salud; el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez; y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
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Según el reporte, en el período del 24 de junio al 10 de agosto pasado, las autoridades han atendido a 768 familias víctimas de los hechos de violencia, calificado oficialmente como un "fallido intento de golpe de Estado", con base en la Ley de Atención Integral a Víctimas. De ese número, 192 personas dependían de los fallecidos, entre ellos los 98 niños huérfanos.
Otras 389 personas dependen de las personas lesionadas, según el informe. Además, encontraron a 67 personas con discapacidad, entre ellos personas con discapacidad físico-motora, visual, auditiva, psicosocial e intelectual, las cuales fueron ingresadas al programa estatal "Todos con Voz" para garantizar su rehabilitación física y apoyarlos con medios auxiliares.
En las unidades de salud, según los requerimientos, se ha brindado atención especializada en medicina interna, neurocirugía, neurología, ortopedia, oftalmología, rehabilitación y fisioterapia, entre otras.
Entre los atendidos se encuentran los familiares de 22 policías fallecidos y los 397 oficiales que resultaron lesionados, de acuerdo con la información.
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A finales de mayo pasado, el Congreso nicaragüense aprobó de urgencia la Ley de Atención Integral a Víctimas. El documento, propuesto por el presidente del país, Daniel Ortega, establece la creación de un Plan de Atención Integral (PAIV) en el que el Estado proporcionará la atención y la reparación para las víctimas y sus familiares.
Entre otros servicios, la ley ofrece a las víctimas acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación. El Estado también apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vidas y garantizará que puedan acceder a las instalaciones deportivas, centros de recreación y todos los espacios públicos de forma gratuita.
Asimismo, las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno. La norma ha sido criticada por diversos sectores porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
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Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes"- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.