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La resolución de la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, en el que el alto tribunal determinó que debe permanecer privado de su libertad mientras avanza su proceso, incluye al senador del Centro Democrático en una larga lista de mandatarios y exmandatarios de otros países de la región que también han resultado salpicados por la justicia de sus países de diferentes maneras, ya sea detenidos o condenados.
El tema no es de poca monta, teniendo en cuenta que la corrupción es uno de los problemas más afectan a Latinoamérica y uno de los que la gente más percibe. De hecho, en el informe Latinobarómetro de 2018, la corrupción es el problema más importante del país para las personas encuestadas en Colombia con 20%, Perú 19%, Brasil 16% y México con 14%. El Espectador le explica cuáles son los presidentes de la región implicados en líos judiciales.
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Perú, uno de los más golpeados
El expresidente peruano Alan García se disparó en abril de 2019 en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la Justicia por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht, según medios peruanos. En medio de una gran confusión, el exmandatario (1985-1990 y 2006-2011) fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía. A las pocas horas del incidente, se confirmó que el exmandatario había fallecido.
Pero García no era el único presidente caído en desgracia. En marzo de 2018, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) escribió la más reciente página de la historia de inestabilidad política e institucional que se ha vivido en el Perú en los últimos tiempos.
Han pasado ya 18 años desde que Alberto Fujimori fuese destituido y la esperanza de que el país se recompusiera se ha ido diluyendo con los años. En este periodo, por la Casa de Pizarro de Lima han pasado cuatro gobernantes, que no han terminado sus mandatos en los mejores términos, acusados de diferentes actos de corrupción.
Fujimori, por su parte, fue presidente desde 1990 hasta el 2001, cuando fue destituido luego de que se declarara su “incapacidad moral”. Renunció tras el escándalo de los “vladivideos”, en los que se veía a su cercano colaborador Vladimiro Montesinos sobornando a congresistas para apoyar al presidente. Ante la presión política, Fujimori viajó a Japón y desde allí presentó su renuncia. Sin embargo, la razón por la que está en la cárcel es otra.
Además, años atrás, en 2005, fue detenido por las autoridades chinas durante un viaje a ese país y fue extraditado a Perú. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión acusado de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, tras ser hallado culpable intelectual de dos matanzas de un escuadrón del Ejército, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe de 1992, un evento propiciado desde el Gobierno con el objetivo de disolver el Congreso y hacerse con el poder judicial.
Alejandro Toledo fue el primer presidente del Perú después del fujimorismo y gobernó desde el 2001 hasta el 2006. Su nombre regresó a la palestra pública en 2016, cuando explotó el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a gobernantes de Latinoamérica a cambio de obras. Alejandro Toledo fue acusado por el expresidente de la constructora brasileña de haber recibido dinero y se convirtió en el primer exmandatario latinoamericano en ser imputado formalmente por los sobornos de Odebrecht.
Ollanta Humala es otro de los expresidentes peruanos que tuvo que rendir cuentas con la justicia. El político de origen ayacuchano ofició como presidente del Perú entre 2011 y 2016. Así como sus antecesores fue acusado por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, luego de recibir, en 2011, unos tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista por la presidencia, según la declaración ofrecida en un tribunal por Marcelo Odebrecht.
Brasil y Odebrecht
Brasil es posiblemente otro de los países con más expresidentes involucrados en escándalos judiciales. Michel Temer, por ejemplo, carga con un largo prontuario judicial. El 30 de abril de 2019 un magistrado brasileño acogió la denuncia presentada por la Fiscalía contra el exmandatario y otras cinco personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos.
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, una de las principales empresas beneficiadas por la firma de dicho decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos (Sao Paulo), un reducto que históricamente fue de influencia política de Temer.
Luiz Inácio Lula da Silva es posiblemente el presidente más popular de Brasil en los últimos años. El pasado 8 de noviembre fue liberado, luego de haber sido condenado a una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El exmandatario ingresó en prisión poco después de que un tribunal de apelaciones ratificó su condena, en función de una decisión del Supremo que permitía la ejecución de la pena una vez confirmada en segunda instancia y aún con recursos pendientes en otras cortes superiores.
Martinelli, el caso de Panamá
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, es acusado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá acusa al exmandatario (2009-2014) de ordenar la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unos 150 opositores a su gobierno.
Las causas de Cristina Fernández en Argentina
El último informe Latinobarómetro afirmó: “Argentina es un país que ha tenido una larga historia de corrupción en sus instituciones pública como ha quedado consignado en informes anteriores de Latinobarómetro. Sin embargo, en el año 2018, este problema país no aparece como relevante, ya que está opacado por la crisis económica actual.
Una investigación del diario La Nación de Argentina destapó una compleja trama de supuestos pagos de sobornos durante el kirchnerismo que salpican a Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria del país y actual vicepresidenta. Después de meses de investigación, la justicia de ese país detuvo a doce exfuncionarios kirchneristas y a empresarios en el marco de una causa que se convirtió en un escandaloso caso de corrupción, que benefició a distintas sociedades con millonarios contratos.
Varios de los funcionarios más cercanos de Néstor Kirchner y del exministro de Planificación Julio de Vido durante los años de gestión kirchnerista quedaron a disposición de la Justicia acusados de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó, al menos durante 10 años, a recorrer Buenos Aires en busca de bolsos llenos de dinero que entregaban los contratistas de la obra pública.
Según La Nación, entre los supuestos beneficiados están, no solo para quien trabajaba como chofer, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta -quien supuestamente coordinaba los pagos-, sino también De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.
La exjefa de Estado, viuda tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cuanta con cinco procesamientos judiciales, la mayoría por operaciones con adjudicatarios de obra pública.
Nueve casos en Guatemala
Guatemala tiene una larga lista de expresidentes con líos judiciales. Hace dos años, con la captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), son ya tres los exgobernantes que han sido apresados por corrupción, además de otros tres señalados -incluyendo al actual mandatario Jimmy Morales- y a otros tres más acusados de crímenes de lesa humanidad.
Colom fue señalado de la posible comisión del delito de peculado y fraude por la compra y subsidio de autobuses para un sistema de transporte implementado durante su mandato, mientras que Otto Pérez Molina está siendo procesado por varios casos y el expresidente Alfonso Portillo purgó prisión en Estados Unidos por lavado.
Entre otros casos importantes está en el del exdictador José Efraín Ríos Montt, quien fue ligado a proceso con cargos de genocidio y delitos de lesa humanidad, un proceso que concluyó de manera preliminar en mayo de 2013 cuando fue declarado culpable y unos días más tarde liberado por el Constitucional que consideró vicios durante el juicio, el cual se ha repetido y se encuentra aún en desarrollo. Murió el en abril de 2018.
La pelea de Correa con la justicia de Ecuador
Los planes del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para regresar a su país tendrán que aplazarse un poco más. El pasado 22 de julio la justicia ecuatoriana ratificó la sentencia de ocho años de cárcel en su contra por su presunta participación en un caso de corrupción, lo que le inhabilitaría para participar en política durante los próximos 25 años.
El expresidente, radicado en Bélgica desde 2017, es señalado por la justicia de haber liderado el entramado de corrupción denominado “Sobornos 2012-2016”, en el que funcionarios recibieron sobornos a cambio de entregar contratos durante su gobierno. El exmandatario, quien gobernó el país desde 2007 al 2017 y que en la actualidad reside en Bélgica, ha considerado este y otros procesos abiertos en su contra como una “payasada”.