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Columnas destruidas, calles rotas, un sendero de piedras, vidrios y astillas. Fuego. Buenos Aires vivió un lunes infernal. La multitudinaria manifestación que se autoconvocó para repudiar la sesión del Congreso donde se trató la reforma pensional terminó en un cúmulo de violencia, sangre y destrozos. Cientos de energúmenos encapuchados, provistos de palos y hasta bombas molotov se enfrentaron con la Policía durante dos horas. Como había ocurrido el jueves, pero ante la pasividad de los efectivos, que decidieron resistir detrás de sus escudos y contener a la horda con camiones hidrantes y balas de goma.
Todo en el marco de un estallido social que recuerda los peores momentos desde el restablecimiento de la democracia.
Mientras el grupo más radical volteaba vallas y empezaba a arrojar objetos contundentes contra las autoridades, en la Cámara de Diputados se entonaba el himno. Atrás había quedado la foto protocolar con 14 gobernadores, garantes del pacto fiscal. Finalmente hubo quórum necesario (129 legisladores como mínimo; ayer hubo 130 en las bancas) y la sesión comenzó, a diferencia de la semana pasada, cuando se denunciaron “diputruchos” y Emilio Monzó, a cargo del Parlamento, decidió levantar la asamblea debido a los incidentes que se estaban desarrollando en la Plaza del Congreso y las discusiones que se dieron entre los mismos políticos dentro del Salón de los Pasos Perdidos.
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Entonces se había barajado la idea de sacar la nueva ley de jubilaciones a través de un DNU (Decreto Nacional Único). Lo habían firmado los ministros de todas las carteras. Al mismo tiempo, la CGT (Central General de Trabajadores) amenazó con un paro. El presidente de la nación, Mauricio Macri, terminó desestimando esta posibilidad.
En estas horas podría sancionarse la polémica ley. ¿Qué alcance tiene este cambio que impulsa el gobierno y genera tanto rechazo de la sociedad?
Actualmente, la fórmula que rige para la actualización de las prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales) toma en cuenta una suma entre la variación de la recaudación tributaria de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) y los movimientos del salario, cuyos indicadores marca el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales) y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).
Aplicada en marzo y septiembre, con el índice actual, el aumento llegaría al 15 % anual. Con el cambio de legislación, la búsqueda es que los aumentos se relacionen con la inflación y no con la recaudación. Entonces, por más que se actualice cuatro veces (marzo, julio, septiembre y diciembre), las prestaciones tendrían un aumento del 5,7 % anual. En números crudos, el Estado se ahorraría unos 100 mil millones de pesos (5.500 millones de dólares, aproximadamente, al cambio oficial) por año, mientras que la clase pasiva dejaría de cobrar 6.327 pesos (350 dólares) en ese mismo lapso.
Teniendo en cuenta que la jubilación mínima es de 7.246 pesos (402 dólares) será una pérdida significativa.
Este ajuste no soluciona el principal problema que tiene el actual sistema de jubilación, que es garantizarles el 82 % móvil a todos aquellos abuelos que cobran la mínima. El ANSES no cuenta con fondos suficientes. Para intentar compensar esta sangría, el gobierno ofreció un bono de 750 pesos (41,66 dólares) a pagar en marzo a los jubilados y pensionados que cobran hasta 10 mil pesos (550 dólares). Los beneficiados por la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán 400 pesos (22 dólares).
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Bajo esta coyuntura, el kirchnerismo, el Frente Renovador y la izquierda, los partidos de la oposición, pusieron el grito en el cielo. Pero, esta vez, aceptaron el debate de ideas en la Cámara, mientras fuera de ella se desarrollaba una guerra.
Y si el jueves se había criticado al Poder Ejecutivo por la militarización del Congreso, lo de este lunes rozó la pasividad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prescindió de Gendarmería y puso al frente del operativo de seguridad a la Policía de la ciudad. No obstante, el colmo fue la decisión que tomó la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara, quien dispuso que las fuerzas no utilicen “armas letales” durante las protestas.
Enfrentada a los últimos cuatro jefes de gobierno porteño y desde el despacho donde ostenta desde sillones cubiertos de pieles hasta una lámpara de Tiffany, la magistrada conminó a los policías a establecer una distancia prudencial. Lo que se vio fue un ataque de grupos violentos, escudados bajo banderas políticas, con hondas, baldosas y piedras, ganando terreno ante la Policía, que resistió con sus escudos y contraatacó como pudo. Hasta que la Policía Federal intervino, pero la tensión no mermó. Al cierre de esta edición, el saldo era de 15 agentes y 8 civiles heridos.
“Esto es un golpe de Estado”, dijo la diputada Elisa Carrió, una de las principales aliadas de Macri, quien siguió todos los acontecimientos desde la Quinta de Olivos. Es el presidente de una Argentina que se desangra y devuelve la imagen del peor diciembre.