De acuerdo con la cifras más recientes de organismos de ayuda humanitaria y el Gobierno nacional, cerca de 8.250 personas han salido de Venezuela desde el 22 de agosto, cuando comenzaron las deportaciones, dos días después del cierre de la frontera. De esos, 1.097 fueron deportados por el gobierno de Nicolás Maduro por su situación de ilegales en el país. Sin embargo, los otros 7.000 han salido por miedo a las acciones de la Guardia Bolivariana y por la crisis económica que azota al país vecino. “Estamos buscando una solución a largo plazo —dijo ayer la canciller María Ángela Holguín desde Villa del Rosario, Cúcuta—. Estamos mirando cómo pueden volver a este país para que puedan instalarse y tener un futuro”.
El gobierno colombiano ha habilitado el Centro Nacional de Atención en Frontera en el puente Simón Bolívar. Allí, miles de connacionales se han acercado para recibir atención sobre cedulación, viajes al lugar de origen (han vuelto 58), notificar bienes abandonados, recibir mercados y un techo provisional. Más de 2.000 estudiantes no han podido asistir a clases a causa del cierre de frontera.
Holguín dijo que todo esto hace parte de una solución a largo plazo que, sin embargo, tendrá que ser reforzada por un plan futuro para las familias más afectadas, aquellas que han tenido que abandonar sus viviendas en Venezuela y en ocasiones han sido separadas de sus hijos. Hasta hoy, la Defensoría del Pueblo ha recibido 1.014 quejas formales de colombianos que han sido maltratados por la Guardia venezolana o que fueron desplazados de sus casas sin oportunidad de un proceso justo.
Por su parte, el Gobierno venezolano destacó los beneficios que ha traído el cierre de frontera, clausurada en dos puntos principales. El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró durante una inspección que el cierre ha disminuido el desabastaecimiento de productos básicos (según Arreaza, contrabandeados por los numerosos colombianos que viven en la zona) y que el índice de criminalidad ha disminuido “prácticamente a cero”. El cierre, según Arreaza, también ha afectado el contrabando de gasolina, que se redujo a la mitad.
En una entrevista con la agencia EFE, el gobernador del Táchira, Vielma Mora, aseguró que la solución de los problemas fronterizos depende de Colombia (de donde, según Vielma, salen las bandas paramilitares y los grupos de contrabandista). Dijo que la “permisividad” de las autoridades colombianas ha producido la devaluación del bolívar, afectado, según Mora, por las casas de cambio en la zona. Estas casas, aseguró, “son todas estructuras espejo que colocan el valor de la moneda venezolana a discreción de los paramilitares colombianos”. De acuerdo con las autoridades venezolanas, en Cúcuta operan unas de 3.000 casas de cambio.
Según Mora, la medida de estado de excepción (que permite a las autoridades policiales y militares hacer allanamientos y cateos sin previa orden judicial, y que puede ser renovada cada sesenta días), que hoy rige en 10 municipios de la zona cercana a la frontera, se ampliará entre el miércoles y el jueves a Ayacucho, García de Hevia, Lobatera y Panamericano, la Zona 2 del cierre fronterizo.