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Este martes la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) acusó al gobierno mexicano de implementar una política migratoria “indolente y criminal”.
Según su nuevo informe, titulado ‘El Estado indolente: recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México’, durante el 2017 se registró que 2.724 migrantes fueron víctimas de algún delito o violación de derechos humanos, entre ellos el robo, con 76,06%, lesiones, con 5,14%, extorsión, con 4,04%, secuestro, con 3,82% y abuso de autoridad, con 2,90%.
De acuerdo con el documento, la política nacional criminaliza, persigue y viola sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes, especialmente los centroamericanos, quienes enfrentan un panorama de violencia y maltrato por parte de las autoridades mexicanas durante su paso por el país. Le puede interesar: El lucrativo negocio de los refugios para migrantes en Estados Unidos
“La violencia se vive diferente de acuerdo al género. Por ejemplo, los hombres son más susceptibles a sufrir delitos de robo, lesiones y extorsiones, mientras que las mujeres a robo, secuestro, lesiones e intimidaciones. Las personas identificadas como ‘trans’ son víctimas de robo y violación sexual”, explica el informe.
El padre jesuita Arturo González, director del Servicio Jesuita a Migrantes y del Servicio Jesuita a Refugiados en México, dijo durante una conferencia de prensa que ellos han elaborado cinco informes, por lo cual conocen la política migratoria del presidente Enrique Peña Nieto, la cual ha violentado los derechos de los migrantes. “Se ha ganado a pulso este título de Estado indolente. No les importa el dolor”, dijo.
Los defensores de derechos que asistieron a la conferencia también aseguraron que con este informe esperan que la política migratoria sea “reivindicada” por la próxima administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión del cargo el próximo 1º de diciembre.
Rosi Hernández, defensora y vocera de la REDODEM, comentó en entrevista con la Agencia Anadolu que si bien no han entregado el informe al gabinete de López Obrador, “lo que nos interesaría con el nuevo gobierno sería (que hicieran) nuevas relaciones con países de origen y destino, llevar un diálogo con los países centroamericanos; hagamos países hermanos, un libre tránsito, y también la credencialización a migrantes en tránsito, así como el alto a la persecución del Instituto Nacional de Migración”. Lea también: Las celdas de migrantes, un problema que no es de ahora
Las casas de migrantes
El informe analiza por primera vez las regiones norte, centro y sur del país, compuestas por 23 Casas de Migrantes.
Las Casas de Migrantes son albergues establecidos en 13 estados de la República que pertenecen a la REDOEM.
En estas casas, que son una iniciativa de la sociedad civil, son atendidos los migrantes en tránsito. Allí se les ofrece alimento y refugio, así como atención médica, psicológica y jurídica.
En el caso de los migrantes centroamericanos, ellos huyen de sus países en primer lugar por la falta de oportunidades laborales y calidad de vida, y en segundo orden por la violencia generalizada y las amenazas directas.
Honduras sigue encabezando la lista, ya que el 69% de los migrantes provienen de este país. Le sigue El Salvador, con el 10,32%, Guatemala, con el 9,96% y México, con el 8,26%.
El país destino de los migrantes lo encabeza Estados Unidos, con un 71,49%, y México, con 28,51%.
Recomendaciones
La Red hizo una serie de recomendaciones al Estado, en las que enfatiza que este debe garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes no acompañados, ya que un 72% de los menores ha transitado por México sin sus familiares.
También señala que el Estado debe acabar con la práctica de detención migratoria y garantizar el acceso a la justicia a migrantes y refugiados, así como a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, la Red recomienda que se designe un presupuesto “suficiente” para aumentar los recursos materiales y humanos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que depende de la Secretaría de Gobernación, y que se haga un tratado de “reconciliación, pacificación y desarrollo económico” con países de origen y destino.