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Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que votaría en contra si se realizara una consulta para llevar a juicio a varios de sus antecesores, ha sido el más activo en proponer el referendo. Hace unos meses les recordaba a los mexicanos que se acababa la fecha para presentar la iniciativa.
Y el pasado, 14 de septiembre, anunció que se habían recogido las firmas suficientes para llevar al Senado una solicitud para hacer una consulta nacional sobre enjuiciar a los últimos cinco mandatarios por delitos de corrupción, fraude, traición y nexos con el narcotráfico.
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López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con un férreo discurso contra la corrupción de los gobiernos anteriores, envió al Senado la iniciativa para que los ciudadanos elijan si el actual Gobierno debe investigar y llevar a juicio a los expresidentes. La consulta se realizaría el 6 de junio de 2021, como está consagrado en la Constitución.
Pues este jueves, la Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular. En una sesión virtual por la pandemia de COVID-19 y en una ajustada votación, seis magistrados defendieron la constitucionalidad de la consulta y cinco la consideraron inconstitucional, si bien acordaron revisar la pregunta de dicho referendo.
En este punto está la mayor polémica, pues se filtró que en el documento que AMLO presentó dice: “¿Está de acuerdo o no con que a las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresientes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”.
¿Quién investiga?
Desde hace dos años, AMLO ha estado empeñado en llevar a sus antecesores al banquillo para que respondan por las últimas tres décadas de corrupción en el país a como dé lugar.
Desde 2018, el presidente, quien abandera la lucha contra la corrupción, ha propuesto que Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) sean juzgados por los grandes escándalos en los que estuvieron implicados sus gobiernos.
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Aunque la ley permite castigar los actos de corrupción, algunas de las denuncias más grandes de AMLO a los últimos expresidentes tienen que ver con ciertas políticas, como la privatización de empresas gubernamentales, a las que equipara con prácticas corruptas. Y no está claro en la ley si el presidente puede investigar a sus antecesores por decisiones de gobierno con las que no está de acuerdo.
Algunos expertos han criticado la iniciativa de López Obrador argumentando que debería ser la Fiscalía la que decida si alguien violó la ley y hay pruebas para sentar a esa persona en el banquillo. Otras figuras, como Anabel Hernández, han aplaudido el plan, considerando las investigaciones que recaen sobre los expresidentes. Esto es de lo que se le acusa a cada uno.
¿Venganza política?
Muchos ven en esta jugada una venganza de parte de AMLO. El periodista de ese país, experto en política, Álex Almazán explicaba a este diario que "esto es una vieja historia de rencillas políticas entre el actual presidente y Salinas de Gortari, su archirrival político”.
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“Salinas de Gortari y López Obrador tienen una obsesión mutua, se han estado haciendo zancadillas durante años”, explicaba Almazán. Por eso cuando AMLO llegó al poder hizo una declaración que muchos entienden como un mensaje a Salinas de Gortari: dijo que solo respondería por los actos de su esposa, su hijo adolescente y los suyos. “La historia ya le había enseñado a AMLO que los videos aparecen, que las venganzas llegan y que sus enemigos políticos le iban a pasar factura”, agregó.