“Muchas veces la Policía no conoce el reglamento”

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Foto: Amnistía Internacional - Amnistía Internacional

Varios países de América Latina enfrentan una profunda crisis social producto del descontento por los casos de brutalidad policial. Lo más preocupante es que Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la impunidad es la norma en los países donde se presentan más excesos de los organismos policiales: Brasil, Venezuela, México y Colombia. En entrevista con El Espectador, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, habló sobre los problemas con las policías de la región.

El abuso policial parece ser un problema común entre las policías de América Latina, ¿qué pasa con estos cuerpos en la región?

Las fuerzas de seguridad se convirtieron en un instrumento silenciador de los gobiernos que han perdido la capacidad de diálogo. Lo que Amnistía internacional ha documentado es una tendencia, un patrón común, donde el uso excesivo de la fuerza letal intencional para castigar y silenciar se está convirtiendo en la norma en muchos países de la región.

¿Crece esa conducta durante las protestas?

En 2019, que particularmente fue un año marcado por las manifestaciones, hubo un sinnúmero de represión violenta contra la ciudadanía que protestaba. Amnistía Internacional documentó que, por lo menos, 210 personas perdieron la vida en este contexto de uso abusivo de la fuerza en manifestaciones. Pasó en Haití, Venezuela, Honduras, Ecuador, Chile, Bolivia y, claro, Colombia.

¿Cuál es ese patrón común de las policías de la región?

Hay patrones de represión violenta significativos por los números y los videos que ahora se toman en redes sociales. El uso excesivo de la fuerza es un patrón, como también lo es el mal uso de ese armamento que se conoce como “no letal”, pero que, como ocurrió en el caso de la muerte de Javier Ordóñez, sí mata. El uso de estas armas, que supuestamente no deberían causar víctimas fatales, desencadena graves casos por su uso indebido. Muchas veces la Policía no conoce el reglamento ni cuenta con el entrenamiento para usarlas. Hemos visto estos casos que han impactado la opinión pública, como el de homicidios de personas negras en EE. UU., que han generado una ola de movilizaciones globales. El abuso, la arbitrariedad, por parte de la Policía en nuestra región es el común denominador.

¿La pandemia de COVID-19 agravó el problema?

En este contexto, supuestamente para imponer medidas sanitarias, la Policía en varias partes del continente terminó violentando los derechos humanos.

¿A qué se debe esta conducta generalizada?

A una tolerancia clara frente a estas violaciones y excesos. Hay total impunidad. En la mayoría de los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, a pesar de que hay investigaciones, los policías son absueltos o las sanciones mínimas. Eso manda un mensaje erróneo, los gobiernos les hacen saber que no hay problema en violar los derechos humanos y por eso siguen actuando con total impunidad.

Hay organismos que denuncian la mala formación de los policías, el mal salario, etc.

Sin duda las condiciones de precariedad de las policías han sido una de las causas que alimentan la corrupción y la impunidad. Los miembros de la Policía, dependiendo de la jerarquía, son personas con poca educación institucional, que entran a estos cuerpos policiales por necesidad, con poco entrenamiento y que muchas veces son cooptados por grupos organizados por estas condiciones. Una reforma debería incluir más recursos para formación, garantizar derechos laborales y mecanismos que aseguren el buen comportamiento de la institución.

¿Crece la desconfianza ciudadana frente a la Policía?

Es claro que hay una creciente desconfianza frente a los miembros de un cuerpo que está para protegerlos. Son muchos los casos de personas de minorías étnicas, negros, indígenas, que no tienen posibilidad de ejercer sus derechos por esa desconfianza. En Brasil, por ejemplo, aumenta el número de jóvenes negros pobres asesinados por la Policía.

¿Qué hacen los gobiernos de la región para enfrentar esta crisis?

Vemos en América Latina, especialmente los últimos cinco años, una creciente intolerancia por parte de los gobiernos a informes donde se muestra esta realidad. Amnistía Internacional presenta documentos independientes e imparciales, que ayudarían a llevar estos casos ante la justicia, pero no son de buen recibo. En Chile, por ejemplo, denunciamos el año pasado que, durante las manifestaciones, la Policía hizo ataques generalizados contra los manifestantes, ocasionando graves lesiones; el gobierno siempre negó los hechos; pero hoy la Fiscalía dejó claro que sí eran ataques generalizados y altos cargos de los Carabineros deberán responder por estas violaciones.

¿Cómo influye el contexto regional de dictaduras, conflictos internos, etc., en ese comportamiento abusivo de la Policía?

Aquí hay un legado de impunidad, una deuda histórica en materia de derechos humanos por el impacto de la militarización en todos los aspectos, no solo hablo del Ejército; países atravesados por dictaduras, conflictos armados. Colombia es uno de esos casos. Y eso ciertamente alimenta la forma de actuar de la Policía; en el caso de Chile, toda la construcción de Carabineros tiene su surgimiento desde la dictadura de Pinochet y eso no se ha reformado. La Policía Nacional de Colombia fue construida bajo una lógica de conflicto, pero hoy el enemigo es la población; por eso se requiere cambiar esa identidad de guerra.

¿Son las policías de América Latina las que más matan en el mundo?

La complejidad se asemeja con otros países de África o del sudeste asiático, en donde también las fuerzas policiales cometen abusos totales con similitudes con el caso de Colombia. Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico en Filipinas ha generado una cantidad de violaciones a los derechos humanos. Nuestra región ocupa los primeros lugares, porque es la más violenta del mundo, incluso en comparación con países en conflicto armado en otras regiones del mundo; en América Latina es donde más se asesina. En este contexto, la violencia ejercida por los actores armados oficiales es muy alto. Hay casos preocupantes como Brasil, Venezuela, Colombia, México, El Salvador y Honduras.

¿Cómo mejorar la conducta policial?

Todo pasa por varios esfuerzos, pero sobre todo por una voluntad política de los gobiernos, que reconozcan que estamos enfrentando una gravísima crisis en donde las fuerzas de seguridad terminan siendo las que atacan y violan los derechos humanos. Y luego, implementar reformas a los sistemas de justicia y atención específica a la Policía. Son pasos muy concretos que pueden generar un cambio para que la Policía sea un cuerpo de protección. En Jamaica existe un cuerpo independiente que se creó para investigar la conducta y judicialización de casos que vinculan a miembros de la Policía. Existen lecciones aprendidas, pero hay un camino que recorrer. Colombia debe poner la institucionalidad al servicio de las personas que hoy son víctimas de la Policía.