Narcotráfico, corridos y una candidatura ilegítima: Honduras elige presidente

La Constitución de Honduras prohíbe expresamente la reelección presidencial, sin embargo, Juan Orlando Hernández busca otros cuatro años al frente del país y el tercer mandato consecutivo de los conservadores del Partido Nacional.

Desde el viernes se adelantaban operativos para garantizar la seguridad de la jornada electoral. AFP

Parece que en Honduras hay un corrido para todo. “De Rio Grande, gracias Lempira, /un gorrioncito, pechito azul, / con sus alitas casi sangrando/ la presidencia ya está abrazando”, dice el que Loreley Fernández le dedicó a Juan Orlando Hernández, pocas semanas después de ser elegido presidente del país, en 2013.

Para ese entonces, Hernández ya era una figura conocida en la política hondureña. Ya en 2005 había coordinado la campaña presidencial de Porfirio Lobo y, tras sacudirse el polvo de esa derrota, como secretario y presidente del Congreso, empezó a tejer una red de favores que hoy lo tienen al frente de una de las campañas presidenciales más polémicas de la joven democracia hondureña.

En 1982, después de años de dictadura militar, y para asegurarse de que los regímenes autoritarios no regresaran nunca, Honduras redactó una nueva Constitución. El artículo 374 de ese documento es claro: “No podrán reformarse (…) los artículos constitucionales que se refieren (…) a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República”. Como si hicieran falta más señas, la Carta Magna dice que tan solo proponer una reforma para permitir la reelección podría llevar a la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 10 años.  

Hasta hace poco, parecía que el tabú de la reelección presidencial era tomado muy en serio. En 2009, al presidente Manuel Zelaya se le ocurrió proponer una consulta popular para abrirle la puerta a su segundo mandato. El resultado fue un golpe de estado que terminó con su presidencia y llevó a los hondureños a las urnas donde ganó, ahora sí, el conservador del Partido Nacional, Porfirio Lobo.

¿Por qué la reelección de Zelaya terminó en destitución y la del actual presidente sigue en pie? Para el profesor de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), José Llopis, la respuesta está en los diez años que el Partido Nacional tuvo para

ubicar personas afines a su programa político en instituciones clave, como la Corte Constitucional y la Corte Suprema.

Al contrario de Zelaya, que para Llopis “entró en conflicto con sectores empresariales y políticos por medidas como incrementar el salario mínimo y el gasto social, intentar abaratar los precios de los combustibles y adherirse al ALBA”, desde que estaba en el Congreso, Juan Orlando Hernández le fue quitando obstáculos a su reelección.

Hoy, aunque en Honduras se escuchan voces que insisten en que la candidatura del presidente es inconstitucional, la estrategia de hacer amigos y asegurarse de que le deban favores sirvió para que el presidente pusiera su foto en las papeletas de votación. El problema es que no todos los amigos del gobierno han sido buenas compañías.

-La cruz del narcotráfico-

A Germán Arnoldo Alfaro lo conocen como en Roble Copaneco. Dice que ha compuesto 700 canciones y que apenas un puñado de ellas son narcocorridos. Lo cierto es en que entre sus éxitos está la “La cuna de oro” un corrido que escribió por encargo de un capo del narcotráfico para celebrar el nacimiento de su primogénito.

“No van a creer mis amigos, yo fui más pobre que ustedes/ porque yo fui campesino, respetuoso de las leyes, / pero en (los) tiempos (en) que vivimos, / jugar limpio, no se puede”, se escucha “Doña Blanca”, otra de las canciones en las que el Roble muestra, sin proponérselo, la penetración que el narcotráfico ha tenido en la vida de los hondureños.

“La percepción en muchos de los lugares donde la violencia arreció es que los narcos no se metían con la gente”, dice José Carlos Cardona sobre el alza en la criminalidad en el occidente del país, donde el Estado decidió realizar ataques selectivos contra el narcotráfico. Cardona, profesor de historia de la UNAH, también cuenta que hay regiones en las que el fin de carteles del narcotráfico trajo la ruina económica.

Cuando cayó el imperio de “Los Cachiros”, una organización dedicada a transportar cocaína a EE.UU., hubo personas que salieron a protestar porque se quedaron sin trabajo con la incautación de los bienes pertenecientes a los sus capos, los hermanos Devis y Javier Rivera Maradiaga. La clase política del país no tardó mucho en sentir la misma incomodidad de los manifestantes.

Los hermanos Rivera empezaron colaborar con la DEA para obtener beneficios ante la justicia estadounidense. Como producto de ese trato, han dicho, entre otras cosas, que durante y después del mandato del expresidente Porfirio Lobo desembolsaron USD$400.000 en sobornos y que, además, ayudaron a financiar la primera campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. Para completar el cuadro, también salpicaron a los hermanos tanto de Lobo como de Hernández, altos mandos de las fuerzas armadas. Con todo y eso, la reelección de Hernández sigue adelante.

“El gobierno ha sabido desarrollar una estrategia para amortizar el impacto de tales noticias”, dice el profesor Llopis, para quien la estrategia de la campaña de reelección ha sido atacar a la oposición, de izquierda y centro izquierda, para difundir la idea de que votar por alguna alternativa al Partido Nacional pone a Honduras en riesgo de repetir una crisis como la que atraviesa Venezuela. Solo el resultado de las elecciones dirá si le creyeron.  

-La verdadera crisis ya llegó-

“Hay muchos que ya no aguantan/ buscan el sueño americano/ ¿dónde están esos empleos/ que prometió Juan Orlando?” se escucha cantar a un duo sin nombre en una grabación cacera. Se estima que en los últimos 20 años, más de 1 millón de hondureños se han visto forzados a salir del país. La alta criminalidad es apenas uno de los motivos por los que pocos quieren quedarse en Honduras.  

El 90% de las pequeñas empresas de San Pedro Sula, la misma ciudad que durante años se ha llevado el galardón infame de la más violenta del mundo, pagan extorsiones. “Acá, algunos analistas sugieren que las redes que extorsionan están vinculadas a sectores políticos, que no ha habido ninguna intención real de acabar con eso porque se lucran del llamado ‘impuesto de guerra’, que se calcula en 25 millones de dólares sólo en Tegucigalpa”, comenta el profesor Cardona.

Las medidas del presidente Hernández, que incluyen la militarización de las calles y una purga de la Policía que no dejó a nadie satisfecho, está lejos de solucionar el problema de seguridad que atraviesa Honduras.

Si la seguridad apremia, la economía no lo hace menos. “Del casi millón de personas sacadas de la pobreza en el gobierno de Zelaya, la tasa pasó a 4 millones en pobreza y dos millones en pobreza extrema. Prácticamente ha desaparecido la clase media en Honduras”, añade Cardona y José Llopis completa la otra mitad del círculo vicioso: “Las personas tienen pocas opciones de movilidad social. Por eso, adherirse a una pandilla, dedicarse a vender droga, u otras actividades ilícitas aparece como una forma de válvula de escape”.

Entre los hondureños, la poca credibilidad que tienen las instituciones solo es comparable a la desconfianza que despiertan las encuestas. Las únicas cifras realmente apremiantes en esta jornada electoral parecen ser las tasas de homicidios, que en los últimos 10 años oscilaron entre los 86.5 (2011) y 60 (2015) muertes por 100,000 habitantes, los 9 de cada 10 casos que no se resuelven cuando llegan a manos de la justicia hondureña y el 60% de la población que vive debajo de la línea de pobreza.