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Los nicaragüenses recuerdan este sábado el segundo aniversario de un levantamiento popular contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, en medio de una ola represiva por fuerzas gubernamentales y llamados de Estados Unidos a iniciar "sin demora una transición democrática" en el país.
Decenas de disidentes fueron objeto de asedio, amenazas, allanamientos de casas y ataques por policías y grupos de choque afines al gobierno entre viernes y sábado, dijeron en sendos comunicados organismos de derechos humanos y grupos opositores.
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El gobierno "ha resuelto militarizar la nación; realizar hostigamiento y amenaza de allanamiento en casas de opositores, excarcelados políticos, agresiones a periodistas independientes y sus familias", denuncio el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
"Es preocupante la escalada de represión a dos años de la rebelión social" de parte del gobierno para impedir que la población se manifieste en esta ocasión, apuntó el CENIDH.
En tanto, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Michael Pompeo, recordó el levantamiento popular para pedir un cambio político en el país.
"Desafortunadamente" los "llamados a la libertad" de los nicaragüenses "fueron respondidos sólo con balas", dijo, según una nota entregada a la prensa por la embajada de Washington en Managua.
Pompeo exhortó a Ortega y a su vicepresidenta, Rosario Murillo, "a iniciar sin demora una transición democrática, que incluya el restablecimiento de garantías y derechos, realizar elecciones libres y justas".
En tanto, el bloque opositor Unidad Azul y Blanco (UNAB), señaló que mientras el país atraviesa una crisis de justicia y salud por la pandemia de la covid-19, el gobierno, "en vez de concentrar sus esfuerzos en prevenir y mitigar la pandemia, se centra en continuar con las arbitrariedades".
El gobierno no ha aplicado medidas de distanciamiento social, ni cierra de fronteras ni escuelas. "Si se deja de trabajar el país se muere", dijo Ortega esta semana.
El 18 de abril de 2018, estallaron protestas estudiantiles contra una fallida reforma a la seguridad social. Duramente reprimido por fuerzas del gobierno y grupos de choque, el movimiento pasó a exigir la renuncia de Ortega, de 74 años, quien gobierna desde 2007.
Las protestas desataron una crisis política, que ha causado al país, de 6,3 millones de habitantes y uno de los más pobres de Latinoamérica, un daño económico millonario y la perdida de miles de puestos de trabajo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabiliza 328 muertos, unos 3.000 detenidos a lo largo del proceso y de los que actualmente quedan 70 personas en la cárcel, y unos 100.000 exiliados.
"Al cumplirse dos años del inicio de las protestas y de la crisis de derechos humanos en el país, la CIDH y su MESENI (Mecanismo especial para Nicaragua), reafirman el compromiso con las víctimas y acompañan a los familiares en este nuevo aniversario", escribió el organismo en su cuenta de Twitter.