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“Intentamos escapar al bosque, pero se llevaron a mi hijo mayor y lo decapitaron. No pudimos hacer nada porque también nos matarían a nosotros”, relata a Save The Children una madre de cuatro niños sobre el día en que insurgentes atacaron su pueblo en la provincia de Cabo Delgado, quemaron casas de vecinos y mataron a su hijo de 12 años.
“Esta violencia debe detenerse y las familias desplazadas deben recibir apoyo para recuperarse del trauma”, aseguró hoy en un comunicado Chance Briggs, director de esta organización en Mozambique.
Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cerca de 670.000 personas han sido desplazadas y la mayoría ha llegado hasta Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, en busca de refugio en casas de familiares o de otros miembros de la comunidad.
“Mi padre, los (tres) niños y yo estuvimos cinco días comiendo bananas verdes y bebiendo agua de banano hasta que conseguimos un medio de transporte que nos trajo aquí”, cuenta otra sobreviviente, que ahora reside en la casa de su hermano después de que hombres armados mataran a uno de sus hijos de 11 años.
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El conflicto yihadista que afecta al norte de Mozambique comenzó en octubre de 2017 con el primer ataque a dos comisarias en Mocimboa da Praia de un grupo apodado por la población local como Al Shabab, el cual no guarda relación con la organización terrorista homónima somalí sino que tiene lazos con el Estado Islámico (EI).
Desde entonces, los ataques violentos no han parado de crecer en esta región estratégica rica en piedras preciosas (rubíes) y gas natural, de cuya extracción participan grandes multinacionales como la italiana ENI o la estadounidense Anadarko.
La creciente inseguridad está también asociada a ataques indiscriminados contra civiles perpetrados por mercenarios sudafricanos -según denunció el pasado 2 de marzo Amnistía Internacional- y militares mozambiqueños acusados de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias de sospechosos yihadistas.
De acuerdo con el Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED), al menos 2.614 personas han perdido la vida en este conflicto, entre ellas 1.312 civiles.
El conflicto
Ya antes de 2015, grupos de jóvenes que profesaban una versión más ortodoxa del Islam comenzaron a irrumpir en mezquitas locales -negándose a quitarse los zapatos- en las ciudades de Mocímboa da Praia, Motepuez y Macomia, entre otras, acusando a imanes y líderes religiosos de interpretar y enseñar de una forma errónea el Corán.
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Estos mismos jóvenes se oponían también al Gobierno de Maputo -a más de 1.000 kilómetros de distancia-, responsabilizándole de corrupción, exclusión y de perpetuar en Cabo Delgado una de las tasas más altas de desempleo y analfabetismo. Si los jóvenes aceptaban una interpretación “más pura” de la “sharía” (ley islámica), esos problemas dejarían de existir, proclamaban los yihadistas.
La radicalización
A finales de 2015, ante la negativa de diálogo por parte de imanes locales, los miembros de este nuevo movimiento conocido como Ahl al-Sunnah wa al Jamma’ah -pero apodado por la población local como “Al Shabab” (“juventud”, en árabe)- se radicalizaron y sus líderes, según investigaciones, fundaron sus primeros campamentos de entrenamiento en áreas boscosas.
Además, el hecho de que Cabo Delgado acoja los tres proyectos de gas natural licuado más importantes de África -con la presencia de multinacionales como Total, ENI y ExxonMobil- podría también estar también detrás del creciente descontento de una población local que, de nuevo, no se ha visto beneficiada por sus propias riquezas naturales, sino que centenares han sido además reubicados.
En octubre de 2017, Al Shabab perpetró su primer ataque contra policías, pero poco después comenzó a masacrar por igual a civiles y menores. Cerca de 670.000 personas han sido desplazadas a causa de la violencia, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Y más de 1.300 civiles han sido asesinados, según el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en sus siglas inglesas).
Miembros africanos
De acuerdo con estudiosos y académicos mozambiqueños como Salvador Forquilla o João Pereira, los jóvenes que conforman hasta ahora las filas de Al Shabab serían, sobre todo, originarios de Mocímboa da Praia y poblaciones vecinas, si bien algunos “mujaidines” provendrían de células radicales localizadas en Kenia, Tanzania, Uganda y la región de los Grandes Lagos.
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Pese a que por el momento se trata de un movimiento con un fuerte componente regional, el pasado 10 de marzo Estados Unidos lo designó “organización terrorista internacional” afiliada al Estado Islámico; y cinco días después, su embajada en Maputo anunció que personal militar estadounidense entrenaría durante dos meses a soldados en Mozambique, además de proporcionar “equipo médico y de comunicaciones”.
Crímenes de guerra
EL pasado 2 de marzo, Amnistía Internacional (AI) acusó al contratista militar privado Dyck Advisory Group (DAG) -que respondía a una petición de apoyo por parte de Mozambique- de perpetrar “ataques indiscriminados” contra civiles. Según 53 testigos, los mercenarios sudafricanos de DAG habrían abierto fuego desde helicópteros, arrojado granadas de mano y atacado hospitales, escuelas y viviendas.
Ya el pasado octubre, AI culpó también al Ejército nacional de violaciones de derechos humanos, entre ellas, “desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales” de detenidos y sospechosos yihadistas; y reprobó a las autoridades mozambiqueñas el no permitir a periodistas informar desde el terreno.
Hambre y muerte
La ONG Save The Children denunció hoy que niños incluso de 11 años están siendo decapitados en este conflicto, marcado por el trauma colectivo de familias enteras -ahora desplazadas en Pemba- que han visto morir a sus seres queridos o que desconocen si estos siguen con vida. Por ejemplo, organizaciones creen que muchas jóvenes estarían siendo forzadas a casarse con los yihadistas.
“Intentamos escapar al bosque, pero se llevaron a mi hijo mayor (de 12 años) y lo decapitaron. No pudimos hacer nada porque también nos matarían a nosotros”, relató una superviviente a esta ONG.
En otros distritos como Palma, con carreteras intransitables por la violencia -el pasado 26 de febrero siete personas fueron asesinadas, tres de ellas decapitadas-, hace menos de un mes que llegaron las primeras 110 toneladas de alimento vía marítima, pero la población sigue hambrienta y los precios de productos básicos se han cuadruplicado.