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Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria de Cáritas Venezuela, será una de las participantes en la audiencia de la CIDH este martes en Bogotá.
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¿Cuál es el problema alimentario en Venezuela?¿Hay o no una crisis humanitaria, como dice el Gobierno?
Esto se resume así: hay una crisis alimentaria porque el Estado no ha podido garantizar un nivel suficiente de producción nacional de alimento y de importación que permita cubrir las necesidades de toda la nación. El último informe de la FAO dice que en Suramérica hay 2’400.000 personas subalimentadas, de las cuales 1’800.000 son venezolanas.
¿Qué hace el Gobierno para enfrentar el problema?
Nada, y está en sus manos arreglar el problema. Todo esto se debe principalmente al desmantelamiento de los productores nacionales de alimentos y a la ineficiencia de las empresas estatales que tomaron el control. Los programas estatales son absolutamente ineficientes.
¿A quiénes está afectando esta crisis?
El daño ha sido especialmente intenso sobre la población muy pobre y en situación de tutela del Estado (presos, hospitales). Es un drama lo que pasa: presos que comen ratas y pacientes que mueren de desnutrición.
Ya se pasaron los umbrales establecidos por la Organización Mundial de la Salud para establecer una emergencia humanitaria: más del 15 % de los niños menores de 5 años de las poblaciones más pobres del país están en desnutrición grave.
¿Cómo mitigar esta crisis? ¿La ayuda humanitaria es la única solución?
No, ésta no rectifica las causas que generan la emergencia. Eso se hace con una adecuada corrección de las políticas estatales que están generando esto. Insistimos en que el Gobierno priorice las necesidades. Es increíble: no hay plata para comida, pero sí para elecciones, el despliegue electoral es millonario.
¿Qué pedirán este martes en la audiencia de la CIDH?
Se hablará del origen de esta crisis de alimentación y de salud, que no tiene causas externas. Las causas y las soluciones están bajo control del Estado. Sólo el Estado puede resolver este problema. También queremos darle visibilidad a la muerte inminente de venezolanos por falta de alimentos para que el Estado rectifique.
¿Cómo puede rectificar el Estado?
El Gobierno debe establecer un mecanismo nacional que priorice las necesidades; puede activar mecanismos internacionales de carácter solidario para recibir ayuda internacional. Ni siquiera tiene que pedir la ayuda, sólo debe aceptarla. Estados Unidos, la Unión Europea, Unasur, entre otros, tienen lista la ayuda para enviarla a Venezuela, pero el Gobierno les sigue negando esa posibilidad a los venezolanos.
Y, al parecer, seguirá negándose a eso, ¿qué hacer?
¡Pero es que esto ya es un delito! Que un funcionario diga “aguantaremos hambre pero no aceptaremos ayuda humanitaria” es gravísimo. Primero, están reconociendo un problema y su incapacidad para solucionarlo, y segundo, no asumen la emergencia. Dicen que la ayuda humanitaria es injerencista, algo que demuestra su conocimiento limitado del alcance político de la ayuda. El Gobierno debe entender que la ayuda humanitaria no es para sustituir a un Estado que no es capaz de garantizar el suministro alimentario a su nación.
¿Cómo es la dieta diaria de un venezolano?
Una encuesta mensual de Cáritas encontró que de nueve alimentos que componían la canasta básica, ahora hay sólo tres: un tubérculo, un grano y alguna proteína enlatada como las sardinas. No se come carne, hortalizas, frutas ni leche. Nos preocupan además los efectos de esta crisis en las niñas y mujeres: prostitución infantil, deserción escolar y delincuencia.
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¿Qué le piden al Gobierno?
Que si se acepta la ayuda, ésta sea gestionada por una coordinación tripartita: civiles, el Estado y la comunidad internacional. Pero el Gobierno cree que si acepta la ayuda humanitaria estaría reconociendo su vulnerabilidad y el fracaso de los programas sociales. En Cáritas pedimos tres cosas: el reconocimiento como actores humanitarios, que no nos criminalicen si divulgamos información, que nos reconozca como plataforma de administración de la ayuda; y por último, que nos dé información para saber a dónde destinar la ayuda. Cifras viejas, indicadores inadecuados y un sistema de clasificación obsoleto solo sirven para enmascarar la situación nutricional.