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Una mujer sufrió quemaduras en Perú tras ser víctima de un intento de feminicidio al ser rociada con combustible por un hombre, caso similar al que le costó la vida a inicios de mes a Eyvi Ágreda y que indignó y consternó al país, según informaron autoridades que investigan este nuevo hecho de violencia.
Juana Mendoza, de 31 años, fue atacada la noche del viernes cuando vendía comida en una calle cerca del local de la policía de tránsito. Ante los desgarradores gritos, fue auxiliada y trasladada a una clínica local, donde los médicos consideraron su situación de gravedad.
La víctima, de 31 años, sufrió quemaduras graves y permanece internada en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, indicó hoy el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), que está pendiente por si requiere ser trasladada a un centro médico de Lima para recibir una atención más especializada.
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El caso recuerda por su similitud al de Eyvi Ágreda, de 22 años, quien a inicios de junio murió tras permanecer más de un mes hospitalizada por las graves quemaduras que le produjo la agresión de Carlos Javier Hualpa, su feminicida, al rociarle gasolina y prenderle fuego dentro de un autobús de transporte público en Lima.
Hualpa, que se encuentra en prisión preventiva por nueve meses a la espera de juicio, declaró a las autoridades haber actuado en despecho por la negativa de la mujer a tener una relación con él.
La Defensoría del Pueblo reveló hace unos semanas que en el último año y medio se han registrado 19 ataques incendiarios a mujeres en Perú.
"En el primer trimestre de 2018 se incrementó en 10% el número de feminicidios y en 55% las tentativas en todo el país, respecto al año pasado", tuiteó la Defensoría del Pueblo, que exigió que "se tomen medidas urgentes ante el aumento de la violencia contra las mujeres".
El gobierno peruano creó el 8 de junio una comisión de emergencia para enfrentar el incremento de la violencia hacia las mujeres. Ese grupo, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tiene un plazo de 45 días para elaborar un plan de acción y los lineamentos de intervención, así como la protección efectiva de la víctimas.