Ocho miembros del exgobierno catalán, a prisión

Pablo Iglesias de Podemos dijo "me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores".

En esta camioneta de la policía trasladaron a los exmiembros del gobierno catalán detenidos. AFP

Una juez española dictó  orden de prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras y para 7 exconsejeros de su gabinete, acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.

Además, la magistrada impuso una fianza de 50.000 euros al exconsejero de Empresa Santi Vila (quien dimitió antes de que el Parlamento regional declarase unilateralmente la independencia) para poder eludir la cárcel.

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De este modo, la magistrada Carmen Lamela asume por completo la petición de la Fiscalía española y envía a la cárcel por riesgo de fuga y de reiteración delictiva a Junqueras y a los ocho exconsejeros que comparecieron hoy en la Audiencia Nacional española, según informaron fuentes judiciales.

Además de Junqueras, van a prisión los exconsejeros Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo), Joaquim Forn (Interior) y Vila (Empresa), este último hasta que presente la fianza.

La Fiscalía española también solicitó hoy que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que no acudieron hoy a su citación por rebelión, sedición y malversación. Según informaron fuentes jurídicas, la petición afectaría, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

El fiscal pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constar que los cinco han viajado a ese país. 

¿Riesgo de fuga?

La jueza dijo en la diligencia que existe un alto riesgo de fuga, por la gravedad de los delitos que se imputan y el "poder adquisitivo" de los querellados, que "les permite abandonar fácilmente el territorio nacional y subsistir en el extranjero". Esto en referencia a Puigdemont y los otro cuatro exfuncionarios que se fueron con él a Bélgica.

Según la resolución, la "rebelión puede alcanzar los 25 años de prisión, la sedición diez y la malversación, 8". La letrada aclaró que el papel de los imputados fue clave desde sus cargos públicos par impulsar el proceso independentista.

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También describe una serie de actuaciones que se llevaron desde hace varios años hasta el viernes 27 de octubre cuando se declaró la independencia.

"Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desivarles de su última finalidad", afirma la resolución, que entiende que el Govern operaba "dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyado por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".

Insiste en que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural "jugaron un papel decisivo en el proceso soberanista".

*Con información de EFE