Es el quinto incidente en 2017

Otro atentado en el país más vigilado de Europa

A pesar de tener normas que permiten la vigilancia masiva e indiscriminada, Gran Bretaña sufre una racha de ataques terroristas desde marzo.

Las autoridades investigan la estación de Pasrons Green, donde estalló una bomba casera en plena hora pico. / AFP

La historia se volvió a repetir. Por la mañana, en hora pico, decenas de personas viajaban en el metro hacia sus puestos de trabajo y lugares de estudio. “Estaba en el vagón cuando, de repente, escuché una explosión a mi izquierda. Vi que algo que se quemaba a tres vagones venía hacia mí. […] El pánico estalló, todo el mundo trataba de salir: había gritos por todos lados”, le dijo una de las sobrevientas a The Guardian. (Lea: Estado Islámico reivindicó atentado en el metro de Londres)

No es la primera vez que una bomba afecta el sistema de transporte en Londres pero, a diferencia de los atentados del 7 de julio de 2005, en los que cuatro explosivos fueron activados en tres vagones del metro y un bus, el artefacto casero que se accionó este viernes en Parsons Green dejó apenas un puñado de heridos.

El incidente, que afectó el suroeste de Londres, está lejos de las 52 víctimas mortales y las 7.000 heridas que dejó el último golpe contra el transporte público en la capital británica, hace poco más doce años, pero a pesar de tener una escala menor, resulta mucho más inquietante si se tiene en mente que es el quinto ataque que, en poco más de seis meses, tiene al Reino Unido como blanco.

En marzo, Kahlid Masood replicó en una van la modalidad de los ataques que sufrieron Niza y Berlín a finales de 2016. Antes de bajarse del vehículo e intentar acuchillar a quien se pusiera en su camino, Masood dejó una estela de personas atropelladas cerca del Parlamento. Lo mismo volvió a pasar en mayo, cerca del mercado callejero de Borough, y finalmente en junio, cuando un hombre enardecido por los ataques de extremistas islámicos arremetió contra un grupo de personas que salía de orar en la mezquita de Fistbury Park, pocos días después de que Salman Abedi, un joven de 23 años, se inmolara a la salida de un concierto lleno de niños y gente de su edad, en Manchester.

La explosión de este viernes en el vagón de metro en Parsons Green no solo llega en el año con más muertes por ataques terroristas desde 2005. También llega en medio del año en que las autoridades británicas rompieron el récord de arrestos por crímenes relacionados con terrorismo.

Desde junio del año pasado, 379 personas han sido arrestadas por ser sospechosas de participar en actividades terroristas, lo que representa un incremento del 68 %. Según el último boletín trimestral del Home Office, el Ministerio del Interior británico, 105 de esas personas fueron o están siendo procesadas por terrorismo, mientras 189 fueron puestas en libertad sin ningún cargo.

¿Fracasó la vigilancia más invasiva de Europa?

Mientras se adelantaba la cacería para dar con el responsable de la bomba, la primera ministra, Theresa May, incrementó el nivel de alerta de severo a crítico, por lo que otro atentado pasó de ser probable a inminente. “El público debe continuar con sus actividades diarias y permanecer vigilante”, dijo May, cuyo descalabro en las últimas elecciones tuvo mucho que ver con los ataques terroristas.

Antes de convertirse en primera ministra, May estuvo a cargo del Home Office, donde se hizo célebre por su postura dura frente a temas como la inmigración y ayudó a impulsar el “Investigarory Powers Act”, una ley que entró en vigencia en diciembre de 2016 con la promesa dar herramientas para que las autoridades previnieran ataques terroristas.

Desde el comienzo, la medida fue duramente criticada por legalizar prácticas de vigilancia masiva e indiscriminada que podrían violar los derechos humanos de los ciudadanos británicos. En un reporte de Amnistía Internacional, publicado en enero de este año, las medidas asumidas en nombre de la seguridad nacional son descritas como “peligrosamente desproporcionadas”.

Los criterios que la ley establece para que alguien sea vigilado son vagos e implica que no hacen falta sospechas razonables para ponerla en marcha. Cualquier grupo de individuos que “comparta un propósito común” o que “lleve a cabo, o pueda llevar a cabo, una actividad particular” pueden ser el blanco de interceptaciones.

Por otro lado, no es un juez quien ordena las interceptaciones, sino un grupo de personas bajo la jurisdicción del primer ministro.

La ley también facilita las deportaciones y permite quitarle la nacionalidad a un ciudadano, además de vigilar sus movimientos y detenerlo sin necesidad de que existan cargos o un proceso legal en su contra. Así las cosas, no es tan difícil entender el incremento en la cantidad de detenidos y procesadas por terrorismo.

La gran cantidad de personas de nacionalidad británica reclutadas por el Estado islámico y la posibilidad de que regresen al país después de haber recibido entrenamiento en Medio Oriente, sirvieron como justificación para que Gran Bretaña cuente con las normas de vigilancia más duras del mundo pero, ante cinco ataques en lo que va de 2017, vale la pena preguntarse si de verdad son aún más los ataques que se ha logrado frustrar o si, al contrario, lo que hace falta es un cambio urgente de estrategia.