A partir del caos: Trump transformó la inmigración

Aunque sus iniciativas migratorias enfrentaron obstáculos legales, el mandatario logró desincentivar la llegada de personas a EE.UU.

El gobierno de Trump logró una disminución del 70 % en el cruce ilegal de la frontera. / Reuters

Llegando tarde a su propia reunión y ondeando una hoja con cifras, el presidente Donald Trump entró a la Oficina Oval un día de junio, claramente enfurecido.

Cinco meses atrás, había ordenado que los oficiales federales fueran a los aeropuertos del país para evitar que viajeros de varios países musulmanes entraran a Estados Unidos, en una demostración dramática de cómo cumpliría su promesa de campaña de fortalecer las fronteras del país.

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Sin embargo, con tantos extranjeros que habían entrado en torrentes al país desde enero, le confesó a su equipo de seguridad nacional, su promesa se había vuelto una burla. Sus amigos lo llamaban para decirle que estaba quedando como un tonto, dijo Trump.

De acuerdo con seis funcionarios que asistieron o a los que informaron acerca de la reunión, Trump comenzó a leer en voz alta el documento, que su asesor de políticas nacionales, Stephen Miller le había dado justo antes de la reunión. El documento describía cuántos inmigrantes habían recibido visas para entrar a Estados Unidos en 2017.

Más de 2.500 provenían de Afganistán, un paraíso terrorista, se quejó el presidente.

Haití había enviado a 15.000 personas. Todos “tienen sida”, gruñó, de acuerdo con una persona que asistió a la reunión y otra a la que otra persona que estuvo ahí le informó al respecto.

Cuarenta mil habían llegado de Nigeria, agregó Trump. Una vez que hubieran visto Estados Unidos, jamás “regresarían a sus chozas” en África, recordaron los dos funcionarios, quienes pidieron conservar su anonimato para hablar de una conversación delicada en la Oficina Oval.

Conforme continuó la reunión, John F. Kelly, el entonces secretario de Seguridad Nacional, y Rex W. Tillerson, el secretario de Estado, intentaron intervenir, explicando que muchos eran viajeros temporales que visitaban el país por única ocasión. Sin embargo, mientras el presidente continuaba, Kelly y Miller dirigieron su ira hacia Tillerson, lo culparon por el flujo de extranjeros y provocaron que el secretario de Estado alzara las manos en señal de frustración. Si era tan malo en su trabajo, quizá debería dejar de emitir visas, respondió Tillerson.

Los temperamentos estallaron y Kelly pidió que los miembros del personal desalojaran la sala. Pero incluso después de que se cerrara la puerta de la Oficina Oval, los asistentes aún podían oír al presidente mientras reprendía a la mayoría de sus asesores.

Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, negó el sábado por la mañana que Trump hubiera hecho declaraciones despectivas acerca de los inmigrantes durante la reunión.

“El general Kelly, el general McMaster, el secretario Tillerson, el secretario Nielsen y todos los demás miembros sénior del personal que estuvieron en la reunión niegan estas declaraciones atroces”, dijo, refiriéndose al jefe de gabinete actual de la Casa Blanca, al asesor de seguridad nacional y a los secretarios de Estado y de seguridad nacional. “De cualquier forma, es triste y revelador que The New York Times imprima estas mentiras acerca de sus ‘fuentes’ anónimas”.

La reunión de junio refleja el enfoque visceral de Trump respecto de un tema que definió su campaña y le ha dado forma indeleblemente al primer año de su presidencia.

Diciendo que la inmigración es la causa de un sinfín de problemas económicos y sociales, Trump tomó el cargo con una agenda de metas simbólicas que no tenían ninguna planeación; no se trataba del producto de un riguroso debate de políticas, sino de interacciones personales cargadas emocionalmente y de un instinto para aprovechar las ideas nativistas de los estadounidenses blancos de la clase trabajadora.

Como muchas de sus iniciativas, su esfuerzo para cambiar la política migratoria estadounidense se ha ejecutado a través de un proceso desordenado y disfuncional que desde el inicio buscó desafiar la burocracia encargada de aplicarlo, según entrevistas con tres decenas de funcionarios previos y actuales de la administración, legisladores y otras personas cercanas al proceso, muchas de las cuales hablaron con la condición de mantener su anonimato para detallar interacciones privadas.

Sin embargo, mientras Trump se ha frustrado en repetidas ocasiones por los límites a su poder, sus iniciativas para rehacer décadas de política migratoria han obtenido cada vez más ímpetu mientras la Casa Blanca se hace más disciplinada y adepta a la hora de ignorar o socavar la oposición arraigada de muchas partes del gobierno. Los cambios resultantes han tenido amplias consecuencias, no sólo para los inmigrantes que han buscado establecer un nuevo hogar en este país, sino también para la imagen de Estados Unidos en el mundo.

“Hemos tomado un buque gigante que va a toda velocidad”, dijo Miller en una entrevista reciente. “Lo ralentizamos, lo detuvimos, comenzamos a redirigirlo y conducirlo hacia la dirección opuesta”.

Reinicio de la aplicación de la prohibición

Trump tomó el cargo con una larga lista de promesas de campaña que incluyeron no sólo construir un muro en la frontera con México (y hacer que México lo pagara), sino también crear una “fuerza de deportación”, con la que se prohibiría que los musulmanes entraran al país, así como deportar de inmediato millones de inmigrantes con antecedentes delictivos.

Miller y otros asistentes tuvieron la tarea de convertir esas promesas en una agenda de políticas que también incluiría un ataque contra una burocracia proinmigración que vieron con sospecha y desdén. Trabajando en secreto, redactaron media decena de órdenes ejecutivas. Una iría tras las ciudades santuario. Otra propuso cambiar la definición de extranjero criminal para incluir a personas arrestadas, no sólo sentenciadas.

Sin embargo, consciente de su promesa de campaña de imponer rápidamente una “prohibición extrema”, Trump decidió que su primera acción simbólica sería una orden ejecutiva para establecer una prohibición mundial a viajes desde países que la Casa Blanca consideraba afectados por el terrorismo.

Sin expertos en políticas y con mucho recelo hacia los funcionarios públicos de carrera que consideraban espías del presidente Barack Obama, Miller y un pequeño grupo de asistentes comenzaron con una ley de la era de Obama que identificaba a siete “países preocupantes con tendencias al terrorismo”. Después se saltaron prácticamente cada medida en la guía estándar de la Casa Blanca para la creación e introducción de una política importante.

El anuncio de la prohibición de viaje realizado un viernes por la noche, siete días después de la toma de protesta de Trump, creó escenas caóticas en los aeropuertos más grandes del país conforme cientos de personas fueron detenidas, y desató una confusión generalizada y manifestaciones escandalosas. Los legisladores del gobierno se apresuraron a defender las acciones del presidente contra desafíos de la corte, mientras que los ayudantes del presidente tuvieron problemas para explicar la política a legisladores perplejos la noche siguiente en una cena formal.

Obligado a retroceder

El mensaje de exclusión contenido en la prohibición ayudó a disminuir los cruces ilegales en la frontera hasta un 70 por ciento, incluso sin haberse puesto formalmente en vigor.

Los funcionarios de inmigración capturaron a 41,318 inmigrantes que estaban en el país ilegalmente durante los primeros 100 días del presidente, una aumento de casi el 40 por ciento. El Departamento de Justicia comenzó a contratar más jueces de inmigración para acelerar las deportaciones. Los funcionarios amenazaron con retener el financiamiento de las ciudades santuario. Se ralentizó el flujo de refugiados que entraban al país.

El fiscal general Jeff Sessions y los abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia decidieron que fracasarían al iniciar una batalla legal dirigida contra los altos mandos para defender la orden en la Corte Suprema. En vez de eso, querían crear una prohibición menos extensa que pudiera pasar por todo el proceso legal.

Sin embargo, el presidente estaba furioso acerca de lo que consideró un retroceso ante los adversarios políticamente correctos. No quería una versión diluida de la prohibición de viaje, le gritó a Donald F. McGahn II, el asesor de la Casa Blanca, mientras el tema alcanzaba un punto crítico el viernes 3 de marzo en la Oficina Oval.

Enojado con Sessions, que el día anterior se había desvinculado de la investigación en torno a Rusia, Trump se rehusó a responderle las llamadas. Los asesores le dijeron a Sessions que tendría que volar a Mar-a-Lago para pedirle al presidente en persona que firmara la nueva orden.

Mientras cenaba con el fiscal Sessions y McGahn, Trump cedió. De regreso en Washington, firmó la nueva orden. Era una indicación de que había empezado a entender —o, por lo menos, a aceptar a regañadientes— la necesidad de seguir un proceso.

Incluso mientras la administración estaba metida en una batalla en la corte en torno a la prohibición de viaje, comenzó a poner atención a otra manera de asegurar la frontera, limitando el número de refugiados admitidos cada año en Estados Unidos.

Trump ya había utilizado la prohibición de viaje para disminuir la cantidad de refugiados admitidos en Estados Unidos en 2017 a 50.000, solo una fracción de los 110.000 que había establecido Obama. Ahora, Trump tendría que decidir el nivel para 2018.

Sin embargo, la prohibición de viaje había sido una lección para Trump y sus asistentes acerca de los peligros de dictar un gran cambio de política sin involucrar a la gente que vigilará que se aplique. Esta vez, en vez de ignorar a esos funcionarios, trabajaron para controlar el proceso con fuerza.

Un enfoque más disciplinado

Para el final del año, el caos y la desorganización que marcaron las primeras acciones de Trump en materia migratoria habían dado paso a un enfoque más disciplinado que dio resultados concretos, impulsado en gran parte por Kelly. Como secretario de seguridad nacional, había ayudado a liberar a los oficiales de inmigración que se sentían limitados bajo el mandato de Obama. Arrestaron a 143.000 personas en 2017, un gran aumento, y deportaron a más de 225.000.

En septiembre, una tercera versión de la prohibición de viaje del presidente se emitió con poca fanfarria y nuevas justificaciones legales. Entonces, Trump desestimó las objeciones de los diplomáticos, y limitó a 45.000 las admisiones de refugiados para 2018, la cifra más baja desde 1986. En noviembre, el presidente puso fin a un programa humanitario que otorgó la residencia a 59.000 haitianos desde que un terremoto de 2010 destruyó su país.

Conforme se acercaba el nuevo año, los funcionarios comenzaron a considerar un plan para separar a los padres de sus hijos cuando se atrapara a las familias en el momento de ingresar ilegalmente al país, un cambio que los grupos de defensa de los inmigrantes calificaron de draconiano.

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Sin embargo, Trump a veces ha mostrado una apertura respecto de un enfoque distinto. En discusiones privadas, regresa periódicamente a la idea de un compromiso “integral de inmigración”, aunque los asistentes le han advertido que no utilice la frase porque sus principales simpatizantes la consideran una forma de decir que se trata de amnistía. Durante una cena otoñal con líderes demócratas, Trump exploró la posibilidad de un trato para legalizar a los “dreamers” —inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos de niños— a cambio de la seguridad fronteriza.

“Quiere hacer un trato”, dijo el senador Lindsey Graham, un republicano de Carolina del Sur que apoya la legalización de los “dreamers”. “Quiere arreglar todo el sistema”.

Sin embargo, incluso después de un año de progreso hacia un país resguardado de las amenazas extranjeras, el presidente aún consideraba que el sistema de inmigración estaba plagado por la complacencia. “Somos tan políticamente correctos”, se quejó con los reporteros en el salón del gabinete, “que tememos hacer cualquier cosa”.

The New York Times 2017