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El escenario fue una casona limeña venida a menos en el sector de Barrios Altos. Para 1991 se había convertido en la residencia que compartían, entre otros inquilinos, Filomeno León León, un técnico en reparación de cocinas, y Manuel Ríos Pérez, que se dedicaba a vender helados. El 3 de noviembre de ese año, ambos organizaron una pollada, una fiesta popular para recolectar el dinero que tenían planeado utilizar en la reparación de las tuberías de desagüe. Al evento asistieron vecinos y compañeros de trabajo, y a las 10:30 de la noche también llegaron dos camionetas con ocho hombres armados. En la masacre de Barrios Altos se encontraron 152 casquillos de ametralladora y 16 de las 25 personas muertas por las que el expresidente peruano Alberto Fujimori terminó en la cárcel.
Además de las matanzas perpetradas por el grupo La Colina, integrado por miembros del ejército, con la excusa de luchar contra los insurgentes de Sendero Luminoso, los crímenes por los que Fujimori fue condenado incluían los secuestros de un periodista y un empresario. También tenía procesos abiertos por la autoría intelectual de otras masacres, pero todo eso se esfumó con el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle en la tarde del 24 de diciembre.
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Para los peruanos congregados en la plaza San Martín, en el centro de Lima, la noche de Navidad se convirtió en una jornada de protestas: “Mentira, mentira, la misma porquería: Kuczynski nos decía que no lo indultaría”, gritaban los manifestantes. En la mañana del lunes, el abogado Carlos Rivera, quien desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha acompañado a los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta —por la que Fujimori también fue condenado en 2009—, anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar de darle reversa al indulto que, en su opinión, hizo parte de un “acuerdo político bajo la mesa”.
El pasado 21 de noviembre, Kuczynski se enfrentó a un juicio político que buscaba destituirlo por supuestos vínculos con la trama de corrupción de Odebrecht. Al final de una jornada maratónica en la que el presidente expuso los argumentos de su defensa, los congresistas debatieron y se abrió la votación. La abstención de diez fujimoristas encabezados por el hijo del exmandatario fueron suficientes para conjurar la crisis que prometía dejar a Perú sin presidente. “Es evidente que ha habido un canje de vacancia presidencial (destitución) por indulto”, subrayó el analista Mirko Lauer para la AFP.
En la mañana del juicio político contra Kuczysnki, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, salió a disipar los rumores que rondaban internet y según los cuales las personas a cargo de la defensa de Fujimori habrían empezado a tramitar una nueva solicitud de indulto: “El gobierno de Peruanos Por el Kambio (el partido oficialista) no negocia indultos. El documento que circula en redes no ha llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales”, dijo tres días antes de que su partido rompiera una de las promesas que lo llevaron al poder: no indultar al exmandatario.
Pese a sus crímenes, Fujimori goza de una alta popularidad en el país. En sondeos recientes, dos de cada tres peruanos estaban a favor del indulto, tal vez inspirados por las victorias de Fujimori contra la hiperinflación y las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA; tal vez conmovidos por el complicado estado de salud del exmandatario, que, según el parte de la junta médica que sirvió para justificar el perdón presidencial, incluye afecciones cardíacas, una hernia lumbar y el insistente cáncer de lengua por el que ha sido intervenido quirúrgicamente en seis ocasiones. Lo cierto es que, aunque más de la mitad de los peruanos estuvieran de acuerdo con el indulto a Fujimori, la decisión de Kuczynski está muy lejos de crear el ambiente de estabilidad y reconciliación que anunció tras salvarse de la destitución.
En la víspera de su juicio político, varios miembros del gabinete presidencial salieron a desmentir los rumores que indicaban que habían presentado sus cartas de renuncia. En el caso del encargado de la cartera del Interior, Carlos Basombrío, no se trató de un rumor y le tocó a Kuczynski decir que no había aceptado su renuncia y que haría lo posible para convencerlo de que siga trabajando a su lado. Con el indulto a Fujimori muchos dan por sentada la renuncia de varios ministros contrarios a la decisión, tal como sucedió en el Congreso, donde dos de los 17 congresistas del partido del presidente renunciaron tan pronto se supo la noticia.
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La inconformidad también se ha hecho ver desde organizaciones internacionales. El director regional de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió a los hechos como “una vulgar negociación política” y se unió a las voces de los peruanos que planean continuar manifestándose en los próximos días. En el trasfondo siguen resonando las palabras Fujimori cuando en 2013, en entrevista para el canal RPP, dijo que no tenía ningún cargo de conciencia frente a lo que hizo durante su presidencia: “Todos [hablan] sobre las inversiones, pero ¿gracias a quién hay un país pacificado? ¿Gracias al señor Toledo, García, Humala? Por favor”.