Perú: una historia de una crisis que comenzó en 2016

Martín Vizcarra, presidente de Perú, anunció la disolución del Congreso este lunes en Lima. / EFE

La grave crisis política que vive Perú lleva cerca de tres años gestándose. Cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó en junio de 2016 a Keiko Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular desde entonces conserva las mayorías del Congreso (73 de los 130 curules), se desató un terremoto político que este lunes vivió uno de los capítulos más graves cuando el presidente peruano, Martín Vizcarra, suspendió el Congreso y convocó a elecciones legislativas.

El Congreso, en ese pulso contra el Ejecutivo que ha afinado desde 2016, no se quedó quieto y horas más tarde aprobó una moción que declara la incapacidad temporal del presidente Vizcarra y su suspensión del cargo. ¿Cómo se llegó a esto?

Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Parlamento al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal fuera copado por la oposición.

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Pero los congresistas,  en su mayoría  fujimoristas, decidieron ayer en la tarde pasar por alto su petición y nombrar de inmediato a los nuevos magistrados.

Así, el Congreso eligió a un magistrado del Tribunal Constitucional —uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su período— en una votación accidentada que descartó debatir primero la cuestión de confianza del Ejecutivo. La acción tuvo la reacción contundente de Vizcarra.

“He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias” anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje a la nación retransmitida por televisión. “Es claro que la obstrucción y el blindaje (del Parlamento) no cesan y no habrá acuerdo posible”, agregó el mandatario. 

¿Cuestión de confianza?

Si esa situación se produce en dos ocasiones durante una legislatura, como pasa ahora, el presidente queda automáticamente habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.

Ahora bien, el debate es si Vizcarra puede dar por denegado el pedido de confianza si el Congreso no procede a autorizar su debate antes de realizar la votación que llevaría a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Técnicamente una cuestión de confianza se debe presentar de forma oral ante el pleno del Parlamento y, por lo tanto, al no haber sido presentada, no se podría dar por denegada.

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Y si formalmente no ha sido denegada, el gobierno no podría actuar contra el Congreso y proceder a su cierre.

Precisamente este órgano optó por seguir con su posición de votar primero a los magistrados y recibir después al primer ministro.

Esa decisión choca con la norma, que señala que si el gobierno solicita que se atienda su pedido con “urgencia”, este debe atenderse en la primera reunión del pleno, que sería la votación de los magistrados.

En este juego de políticas e interpretaciones, ahora se abre la posibilidad de que, empleando un recurso que permite la Constitución, el primer ministro se presente sin invitación ante la Cámara y presente su moción directamente.

Los escenarios que se abren

Hasta que se realicen las nuevas elecciones, en aproximadamente cuatro meses, el Ejecutivo mantiene sus facultades mientras que en el Congreso se queda la comisión permanente, formada por 26 legisladores y con competencias reducidas.

El procedimiento para destituir a Vizcarra por “incapacidad moral” no tendría validez, porque el pleno del ente Legislativo ya está inhabilitado por el mismo mandatario.

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Sin embargo, a pesar de su nueva condición, la destitución del presidente fue votada por el Congreso. Con 86 votos de 130, los parlamentarios decidieron que la vicepresidenta Mercedes Aráoz sea la sucesora de Vizcarra, al igual que él hizo cuando dimitió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Recientemente, Aráoz se separó del grupo parlamentario oficialista por desavenencias con el presidente.

"Estoy asumiendo temporalmente la Presidencia de la República", señaló Aráoz antes de decir que Vizcarra "ha incurrido en grave infracción constitucional" al anunciar, horas antes, la disolución del Congreso.

Mientras que el gobierno liderado por Vizcarra anunció que, mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, se abre la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020.

¿Dos renuncias?

Eso llevaría a que el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, asumiese la jefatura del Estado y convocase nuevas elecciones, algo complicado que ocurra, pues Aráoz, que también es congresista, ya manifestó su oposición a dimitir de su cargo.

Para ambas partes queda también la justicia, que puede dirimir cuál de las dos ha actuado correctamente en esta crisis institucional, en la que Vizcarra tomó la irreversible decisión de disolver el Congreso al considerar que no se había dado prioridad a la cuestión de confianza sobre la elección del Tribunal Constitucional, como les había pedido a los legisladores.

Lo cierto es que hoy en Perú, a ciencia cierta, no se sabe nada. Lo único cierto es que hay un Congreso desactivado, un presidente en ejercicio y una vicepresidenta que dice tener las facultades constitucionales para ocupar la silla del ejecutivo. Así, Perú quedó ahora atrapada en un pulso político que no parece resolverse pronto y del que hay más dudas que respuestas.