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Los funerales de George Floyd, el afroamericano que murió a manos de un policía en Minneapolis, comenzaron ayer y durarán cinco días más. Homenajes que buscan calmar los ánimos de millones de personas que reclaman acciones contra el racismo y, más que eso, contra los excesivos poderes que tienen los policías en Estados Unidos. “Llegó el momento de que la policía rinda cuentas”, dijo el reverendo Al Sharpton.
En plena pandemia del coronavirus, que ha dejado cerca de 100.000 muertos, el comportamiento de los uniformados con la comunidad negra ha encendido a Estados Unidos, que reclama a gritos reformas que limiten sus acciones.
Porque el video que todos vimos de la rodilla del policía Derek Chauvin sobre el cuello de Floyd, durante nueve minutos, dejó al desnudo años de maniobras abusivas y patrones “legales” que han usado los uniformados durante años, dejando miles de víctimas que no llegaron a hacerse virales.
Y aunque Chauvin fue acusado de homicidio en segundo grado y sus tres colegas que permitieron el abuso contra Floyd también serán procesados, el problema del abuso policial no terminará ahí y menos en tiempos de Donald Trump, quien desde tiempos de campaña ha invitado a los policías a “no ser demasiado amables”.
Durante las protestas que se desencadenaron en EE. UU. tras la muerte de Floyd lo que se ha visto es una policía desbordada contra los manifestantes. “Sabemos que somos mejores que el abuso de autoridad que hemos visto, tenemos que rechazar y hacer que rindan cuentas aquellos que tienen el poder”, señaló James Mattis, primer secretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, luego de que el presidente respondiera a las protestas con la militarización
“La ley y el orden, para este presidente, simplemente significan que él y sus aliados ideológicos están por encima de la ley, mientras que otros, como Floyd, están sujetos a ella. El caos que se extiende por Estados Unidos tiene muchas causas, pero la principal es la cultura de la anarquía y la impunidad que ha cultivado y abrazado Trump”, señaló Adam Serwer, periodista del portal The Atlantic.
Poder desmedido
“Personalmente no me siento cómoda cerca de policías. Odio decirlo pero tienen tanto poder en el mundo ahora que da miedo, puede pasar cualquier cosa”, decía en televisión una manifestante en Washington que se refugió en una casa, luego de ser perseguida por uno de ellos durante varias cuadras. No pasó solo en la capital, los policías arremetieron contra civiles en Nueva York, Seattle, Los Ángeles, Houston, Minneapolis, entre otras ciudades.
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La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció que hay informes “sobre el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en las manifestaciones en Estados Unidos”. El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, también tildó de “abuso de poder” las circunstancias en las que murió Floyd.
Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que los videos de la violencia policial “son perturbadores y exacerban la ira” de la opinión pública y los manifestantes. “Si yo solo fuese el Andrew Cuomo de Queens, opinaría que el policía que embiste a las personas que protestan debería ser despedido. Pero como soy gobernador digo que hay procesos y leyes, lo que no significa que no se haga nada mientras se resuelve”.
De acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los abusos policiales en Estados Unidos, cerca de mil personas murieron por arma de fuego desde 2018 a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: “Los pocos datos disponibles indican que las personas afroamericanas sufren de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía y representan el 23 % de las víctimas mortales pese a constituir solo el 13 % de la población”. Y aunque en EE. UU. se aprobó en 2014 la Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, que obliga a recopilar y difundir datos a escala nacional, nadie la aplica. Amnistía Internacional además encontró que las pocas leyes estatales que regulan el uso de la fuerza por parte de la policía en varios Estados no se ajustan a las normas internacionales. Un problema de la mayoría de policías de América, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dijo en un documento que “las fuerzas policiales del continente son las mayores violadoras de los derechos humanos y gozan de impunidad”. Un ejemplo reciente: un joven falleció en Jalisco, México, tras ser arrestado violentamente por policías municipales por no llevar cubrebocas, de uso obligatorio por la pandemia.
Analistas señalan que parte del problema en Estados Unidos es la naturaleza hiperlocalizada de la policía: el país tiene más de 18.000 agencias de policía, de las cuales más de 15.000 están organizadas a escala de ciudad o condado; eso hace que cada una tenga normas y patrones propios.
De acuerdo con un artículo de The Atlantic, no solo el Departamento de Policía de Minneapolis necesita reformas. “Es la policía estadounidense en su conjunto. Lo que necesitamos desesperadamente, pero hasta ahora nos ha faltado, es voluntad política”. El alcalde de Nueva York propuso una serie de iniciativas para corregir el sesgo racial así como la prohibición del estrangulamiento o fuerza bruta injustificada por parte de los policías, investigaciones independientes o la publicación de los antecedentes de los agentes acusados de brutalidad para poder discernir si “existe un patrón”.
Pero hay varios problemas en sus propuestas; el analista Serwer explica que supervisar la mala conducta policial debería ser el trabajo de los funcionarios electos locales, “pero lo que parece ser un problema de política pública es también un problema de poder político. Los líderes locales se encogen de miedo ante el poder de los sindicatos policiales, cuyos intereses políticos incluyen no solo asegurar salarios y beneficios más altos o mejores equipos y pago de horas extras, sino también impunidad por comportamiento criminal”.
El periódico The Washington Post denunció que la policía de comunidades pobres (generalmente afroamericanas) justifica el uso de fuerza desmedida en los altos índices de criminalidad. “Los abusos de la policía siempre terminan en impunidad, porque se justifican con el argumento de la autodefensa y señalan como culpable siempre al afroamericano, que siempre será el culpable”, señalaba desde Washington a este diario Gimena Sánchez-Garzoli, experta en racismo.
¿Quién vigila a la policía?
Después de la violenta intervención policial durante los disturbios de los años 60 en Los Ángeles, la Comisión McCone les propuso a los departamentos de policía del país la creación de herramientas disciplinarias o unidades de responsabilidad profesional; los grandes departamentos policiales acogieron la iniciativa, pero nunca la pusieron en marcha.
“Este es el último de una larga serie de brutales encuentros entre la policía y las personas a las que se supone que deben servir. El abuso policial se ha dirigido a personas de todas las razas y clases, pero los miembros de poblaciones vulnerables y grupos minoritarios, en particular los hombres jóvenes negros, están especialmente en riesgo. Esto es bien sabido”, coinciden analistas en The Washington Post, The New York Times, Politico y The Atlantic, entre otros medios.
Las actuales protestas han hecho que muchos crean que esta vez sí llegará el cambio, pero tragedias anteriores ya han recorrido este mismo camino. “Otros casos como el de Floyd han resultado en una serie de comisiones independientes Wickersham (1929), Kerner (1967), Knapp (1970), Overtown (1980), Christopher (1991), Kolts (1991), Mollen (1992) y el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Vigilancia del Siglo XXI (2014), para hacer recomendaciones para un cambio significativo que pueda abordar la mala conducta de la policía”, señala la prensa.
Con un problema adicional: “Las conclusiones son buenas, las sugerencias puntuales y terminan bien implementadas, pero solo por un tiempo, cuando otro hecho distraiga a la opinión pública. Un círculo vicioso de nunca acabar”, agregó Serwer.
¿Cuál es la solución? “Los funcionarios electos en todos los ámbitos (federal, estatal y local) deben comprometer la atención y los recursos públicos para cambiar los marcos legales, administrativos y sociales que contribuyen a la mala conducta de los uniformados, escribió Ben Levin, profesor de derecho de la Universidad de Colorado.
Tras los seis días de homenajes a George Floyd, Estados Unidos seguirá protestando, los muertos del COVID-19 seguirán sumando y el presidente Trump seguirá en la Casa Blanca, por lo menos unos meses más, pues la proximidad de las elecciones presidenciales (noviembre 3) hacen pensar que lo peor está todavía por llegar.
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