La herencia más polémica de la dictadura de Augusto Pinochet

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Este domingo los chilenos van a las urnas para decidir si cambian la gran obra del régimen militar: la Constitución de 1980, que muchos consideran la raíz de la desigualdad y la injusticia en el país.

Cuando Jaime Guzmán, un reputado abogado constitucionalista y académico chileno, redactó la Constitución en 1980, su plan era que si los adversarios del régimen de Augusto Pinochet llegaban a gobernar se vieran “absolutamente constreñidos para hacer otra cosa”, como él mismo explicó. Guzmán, el gran ideólogo de la derecha chilena asesinado en 1991, dejó establecida la gran obra del régimen militar: un entramado diseñado para proteger al Ejército y las élites y perseguir a la disidencia política.

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Determinó que los altos mandos del Ejército tendrían escaños en el Senado y serían los responsables de elegir al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; además, les adjudicó el 10 % de los multimillonarios ingresos que Chile recibe por explotación de cobre; también dejó diseñadas amnistías para Augusto Pinochet y otros generales y creó un esquema electoral que benefició a los partidos de derecha.

“El margen de alternativa que la cancha impone a los jugadores es lo suficientemente reducido que difícilmente podrán hacer lo contrario”, describía Guzmán cómo llenó de trabas la carta magna; la blindó de tal forma que para intentar un cambio era necesario un quórum tan alto, que por eso durante años no se pudo cambiar una sola letra.

A pesar de eso, la Constitución chilena logró algunos cambios. En 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado y permitía la persecución de actores políticos de la izquierda; luego, en 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se acabó con la figura de senadores designados (elegidos por las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema), entre otras cosas. Una de las modificaciones más importantes.

“Las reformas que se han hecho a la Constitución fueron el fin de los enclaves autoritarios, pero no deja de ser una carta magna creada e implementada en el régimen militar y por eso la sociedad chilena cuestiona la legitimidad desde sus orígenes; hay normas que hacen difícil hacer modificaciones”, explica Germán Campos-Herrera, profesor e investigador de la Universidad Diego Portales.

Y por eso lo que pasa este domingo en el país es histórico. Los chilenos decidirán en un plebiscito si aprueban o rechazan cambiarla y qué tipo de órgano debería redactarla: una Comisión Mixta, integrada a partes iguales por miembros elegidos y parlamentarios en ejercicio; o una Convención Constitucional, solo con miembros electos. El resultado, de acuerdo con las encuestas está cantado: la última encuesta reveló que un 76 % de los chilenos irá a las urnas (a pesar del COVID-19) y el 61 % votará por el cambio.

La emergencia sanitaria retrasó la votación, que estaba programada para el 26 de abril, pero fue justo la pandemia la que hizo más evidentes la desigualdad e injusticia que los chilenos le endilgan a su carta magna. La respuesta del gobierno frente al coronavirus se quedó corta y pronto el país alcanzó una de las tasas de infección per cápita más elevadas del mundo. La pandemia cobró la vida de miles en barrios pobres, con servicios de salud deficientes, y no podían darse el lujo de dejar de trabajar para confinarse.

¿Cómo comenzó?

El 18 de octubre de 2019 se desencadenaron en el país las protestas más grandes de las últimas décadas, que estallaron por el aumento del precio del pasaje de metro, pero luego se convirtieron en un reclamo por la educación, las pensiones, la salud, el transporte, los servicios públicos y el empleo. Una semana después cerca de 1,2 millones de personas se congregaron en la Plaza Italia, de Santiago, para pedir que la carta magna fuera modificada para incluir derechos sociales.

“Un elemento relevante en la discusión actual es todo lo que tiene que ver con la protección social; otras constituciones como la colombiana, en el capítulo 42, establecen derechos económicos, sociales y culturales. En la constitución chilena se consagra un Estado subsidiario, que no provee salud, educación ni seguridad social, sino que deja todo en manos del sector privado; en Chile el Estado se limita a vigilar cómo los particulares suministran esas libertades; la privatización fue un eje central de la época de Pinochet: luz y agua potable están en manos privadas, por lo que esto no es una discusión menor”, explica el profesor Campos Herrera.

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¿Solucionará una Constitución nueva todos los problemas sociales de Chile? Los manifestantes aspiran a que en el nuevo texto se incluyan temas como igualdad de género, mayor acceso a los servicios de salud, atención médica de calidad, reforma de las pensiones, más derechos para los pueblos indígenas, acceso a transporte público asequible y educación pública gratuita.

Sin embargo, voces como la del expresidente Ricardo Lagos advierten sobre las muchas expectativas del alcance de la reforma y de cómo la mayoría de las demandas de los chilenos se solucionarían con políticas públicas.

Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del oficialista partido Unión Demócrata Independiente, el único que promueve la opción de rechazo, cree que “es razonable que se le puedan introducir nuevas modificaciones, pero eso es muy distinto a quienes pretenden partir de una hoja en blanco, desde cero, desconociendo no solo la historia constitucional de Chile, sino reescribiendo la historia desde cero”, dijo.

Pero muchos chilenos están convencidos de que es el primer paso para lograr cambios en el país. “Es muy importante que establezcamos en el nuevo texto que lo primero no es la libertad individual”, le dijo a EFE Francisca Crispi, del Colegio Médico de Chile, una de las organizaciones más críticas con la gestión gubernamental de la pandemia. “En la medida en que protejamos los principios de la seguridad social avanzaremos hacia un sistema menos segregador”, añadió.

Para el empresariado, el proceso constituyente genera además “incertidumbre” y desincentiva la inversión, en momentos en que la economía acusa los efectos de las protestas y la pandemia, con una caída del PIB del 14,1 % en el segundo trimestre, la mayor desde 1986.

Otras reformas constitucionales

“Las democracias con constituciones promulgadas en épocas autoritarias tienen sistemas de transparencia y rendición de cuentas frágiles, además de una participación ciudadana insuficiente que favorece a las élites vinculadas al antiguo régimen y no a todos los ciudadanos”, escribió Michael Albertus, politólogo especializado en autoritarismo y reforma constitucional, en The New York Times.

Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, explicaba en la prensa local que urge restablecer la confianza en la clase política, tanto de gobierno como oposición, y también relegitimar instituciones que están hace tiempo en crisis, no solo políticas, como el parlamento o los partidos, sino también otras, como la Iglesia —fuertemente cuestionada—, las Fuerzas Armadas, la Policía y el poder Judicial.

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“Países con democracias recientes, como Birmania, Corea del Sur y Turquía, se han regido por constituciones autoritarias durante años o incluso décadas. Más de dos terceras partes de las transiciones políticas a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial —en más de cincuenta países— han ocurrido bajo constituciones escritas por el régimen autoritario saliente. En algunas naciones, como Argentina, que han oscilado una y otra vez entre la democracia y la dictadura, varias transiciones democráticas han sido guiadas por constituciones redactadas por gobiernos autoritarios”, explica Albertus en el Times.

Otros países han logrado hacer cambios constitucionales con éxito. Colombia, por ejemplo, cambió su carta magna en 1991, que de acuerdo con analistas amplió la protección de los derechos básicos mediante la tutela.

El presidente de Túnez, Moncef Marzouki, firmó la nueva Constitución del país después de que fuera aprobada en la Asamblea Constituyente en enero de 2014. La nueva carta magna tunecina ha sido alabada como una de las más progresistas del mundo árabe, designando al islam como religión oficial del Estado, pero protegiendo la libertad de credo y la igualdad entre los sexos.

Historiadores argumentan que países como Suecia y Dinamarca dejaron atrás constituciones autoritarias para encaminarse hacia una democracia más inclusiva.

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