Las investigaciones en su contra se archivaron en 2017

¿Por qué Ecuador no logra deshacerse de Julian Assange?

La falta de cooperación internacional y la tormenta política que desató la nacionalización de Assange podrían prolongar aún más su estadía en la embajada ecuatoriana en Londres.

Julian Assange está refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde agosto de 2012. / EFE

“La piel de Ecuador” es el nombre con el que se refieren a la camiseta de la selección nacional de fútbol en el vecino país. El pasado 10 de enero, desde el cuarto de la embajada ecuatoriana en el que vive desde hace más de cinco años, Julian Assange publicó en Twitter una foto en la que lucía la camiseta tricolor. El gesto no era fortuito. Ese mismo día, el hombre que desató la ira de EE. UU. por filtrar miles de documentos secretos, se había convertido en el protagonista de otra filtración.

Los medios de todo el mundo se encargaron de reproducir la noticia: desde el pasado 12 de diciembre, el fundador de Wikileaks, quien desde agosto de 2012 está refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, había adquirido la ciudadanía del país latinoamericano. La historia no terminaba ahí, pues, además, el gobierno de Lenín Moreno nombró a Assange parte de su cuerpo diplomático en el Reino Unido.

“Su salud está quebrantada. Es de esperarse en una persona que ha estado cinco años y medio confinado a un espacio de oficina, que no es apropiado para llevar una vida normal”, dijo a comienzos de enero la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinoza, y el día en que el número de identificación ecuatoriano de Assange empezó a circular por internet, la canciller mantuvo su postura: “La situación de Julian Assange, desde el punto de vista humano, no es sostenible”. Tampoco parece serlo a nivel político.

Hace poco, Assange firmó un documento en el que prometía no volver a intervenir en política, esto tras usar sus redes sociales para pronunciarse a favor del independentismo catalán y hacer comentarios sobre el proceso electoral en Ecuador.

“Hay un giro en la política exterior con Lenín Moreno”, explica el analista Mauricio Jaramillo Jassir, quien además recuerda el tono confrontacional con el que el expresidente Rafael Correa defendió su decisión de proteger a Assange: “Cuando se contempló la posibilidad de suspender las ventajas arancelarias de algunos productos ecuatorianos en EE. UU. a raíz del asilo de Assange, Correa dijo que estaba dispuesto a renunciar a esas ventajas. Hoy Ecuador tiene más difícil justificar los costos económicos y políticos de la protección a Assange, y menos cuando se están tocando temas tan espinosos como el de España”.

A pesar del revuelo que causó el anuncio, la estrategia del gobierno ecuatoriano para deshacerse de su inquilino no funcionó. Al menos sobre el papel, hacer parte de la misión diplomática ecuatoriana en Reino Unido debía darle inmunidad jurídica a Assange, sin embargo, Londres rechazó el nombramiento en un nuevo capítulo de esta historia que empezó a mediados de 2010.

Ese año, un fiscal sueco empezó a investigar a Assange por denuncias de abuso sexual. A raíz de esas pesquisas, se emitió una orden de arresto internacional que hizo que Assange pasara 10 noches en una celda de aislamiento en la cárcel londinense de Wandsworth. De allí salió para seguir detenido bajo prisión domiciliaria y, tras 550 días de retención, apareció asilado en la embajada ecuatoriana. En marzo de 2017, las autoridades suecas archivaron el proceso jurídico en contra de Assange.

“Lo único que queda pendiente es una infracción que cometió cuando entró a la embajada para pedir asilo”, dijo en una entrevista radial Clara López Rubio, directora de un documental sobre Assange y su abogado defensor, el juez español Baltasar Garzón, quien no ha sido la única figura prominente en denunciar las irregularidades de la detención del fundador de Wikileaks.

En diciembre de 2015, tras haber analizado el caso, el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que Assange había sido detenido sin ninguna justificación jurídica y les solicitó a los gobiernos del Reino Unido y Suecia hacer todo lo posible para indemnizarlo y ponerlo en libertad cuanto antes. Se trataba de un concepto jurídico no vinculante, por lo que fue “una victoria simbólica y política de Assange, pero mientras no haya una negociación directa entre Ecuador y el Reino Unido es muy difícil que tenga algún efecto”, dice Jaramillo Jassir. Al parecer, ese iba a ser el siguiente paso del gobierno ecuatoriano.

Un día antes de que se diera a conocer la nacionalización de Assange, la canciller Espinosa había anunciado que su gobierno estaba buscando la mediación de un tercero para resolver la situación de Assange. “Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación del Reino Unido, que además se ha mostrado interesado en buscar una salida”, dijo la funcionaria, a quien varios legisladores de su país le solicitaron información detallada sobre el proceso de naturalización de Assange, todo con miras a abrir un juicio político en su contra, lo que en últimas terminaría retardando aún más cualquier solución definitiva para el fundador de Wikileaks.

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