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Bambridge Accountants, una firma de contabilidad especializada en análisis de impuestos a expatriados estadounidenses y de Reino Unido, advirtió que hay un número récord de personas que están renunciando a su ciudadanía estadounidense.
Cada trimestre, el gobierno de Estados Unidos publica los nombres de los ciudadanos que renuncian a su ciudadanía. Gracias a estos informes se encontró que más de 5.800 estadounidenses han renunciado a su ciudadanía en lo que va de 2020. En contraste, en todo 2019 se registraron solo 2.072 casos este tipo. Según Bambridge Accountants, hay dos razones que motivan a los ciudadanos a renunciar a la ciudadanía de su país, una política y una económica.
“Esto se trata principalmente de personas que ya se fueron de Estados Unidos y que decidieron que ya estaban hartas de todo… Lo que hemos visto es que la gente está cansada de todo lo que sucede con el presidente Donald Trump, cómo se está manejando la pandemia de coronavirus y de las políticas del país en este momento”, señaló Alistar Bambridge, socio de la firma de contabilidad, en conversación con CNN.
Para Bambridge Accountants, el manejo de la pandemia fue un factor que influyó para que cientos de estadounidenses revisaran sus vínculos con el país y renunciaran a su ciudadanía. Pero otras personas que renunciaron a su ciudadanía también manifestaron que la carga de la declaración anual de impuestos simplemente era mucho para soportar.
“Los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero todavía deben presentar declaraciones de impuestos estadounidenses cada año, pagar impuestos estadounidenses e informar todas sus cuentas bancarias extranjeras, inversiones y pensiones mantenidas fuera de Estados Unidos. Para muchos estadounidenses, esta intrusión es demasiado complicada, y un motivante para renunciar a su ciudadanía ya que no planean regresar a vivir en Estados Unidos”, dice la firma en un comunicado.
La investigación de Bambridge Accountants concluyó, sin embargo, que Trump y la dirección del país son factores determinantes en esta decisión. “Mucha gente está esperando las elecciones de noviembre para ver qué va a pasar. Si el presidente Trump es reelegido, creemos que habrá otra ola de personas que decidirán renunciar a su ciudadanía”, dice Alistar Bambridge.
Los estadounidenses que deseen renunciar a su ciudadanía deberán pagar un monto de US$ 2.350 y presentarse a una embajada de Estados Unidos, si es que no están en el país.
Pero los reportes de esta semana sobre la ciudadanía no se quedaron en quiénes están renunciando a ella, sino en quiénes están aplicando para obtenerla y cómo este proceso será mucho más difícil que antes.
A partir del próximo 2 de octubre, la tarifa de los trámites para solicitar la ciudadanía estadounidense aumentará un 80%. Bajo la administración de Donald Trump, esta solicitud pasó de costar US$ 640 a US$ 520, convirtiéndose en el segundo aumento más grande de la tarifa de inmigración y naturalización en la historia del país.
Además del aumento en el precio de las tarifas para este proceso, el gobierno de Trump también pretende eliminar la mayoría de las exenciones de esta tarifa a los migrantes de bajos recursos y cobrar a los solicitantes de asilo una tarifa de US$ 50. Otros documentos, como ciertos permisos de trabajo, también aumentaron sustancialmente. Con estos ajustes, el gobierno espera recaudar más de US$ 1 billón.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, encargado de los procesos de migración, ha dicho que estos aumentos son necesarios para “compensar” los costos que trae la reforma de Trump al sistema, con la cual se espera profundizar en la investigación de antecedentes de aquellos que soliciten beneficios como el de la ciudadanía.
“La mayoría de la gente está de acuerdo en que los contribuyentes estadounidenses no deberían tener que subsidiar el costo de las solicitudes en el sistema de inmigración legal, especialmente cuando también hay otros costos por beneficios sociales que terminan subvencionando”, defiende Jessica Vaughan, directora de estudios de política en el Centro de Estudios de Inmigración, en entrevista con The Arizona Republic.
Para los críticos de este cambio, por otro lado, detrás de esta reforma también se encontraría un intento por limitar cada vez más el poder político de los migrantes en el país. Después de todo, sin ciudadanías no hay voto, y sin voto no hay poder político.