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Por una medida para etiquetar a los productos fabricados en los territorios ocupados según su origen, y no como si fueran “hechos en Israel”, el gobierno israelí empezó a tomar represalias contra la Unión Europea (UE), apartándola del casi inexistente proceso de paz con los palestinos.
En los últimos años, la UE ha venido adoptando una postura más fuerte frente a la ocupación israelí. Desde mediados de 2013, la UE anunció que desde 2014 no firmaría ningún acuerdo con Israel que implique la participación en los territorios ocupados, es decir, no entregaría presupuesto para proyectos que pretendan realizarse en los terrenos que Israel invadió después de la Guerra de los Seis Días de 1967 (Cisjordania, Jerusalén Este, y los Altos del Golán). Esta fue la primera vez que la Unión tradujo en políticas presupuestarias su no reconocimiento de la potestad israelí sobre los territorios ocupados.
Hasta ese entonces, pese al rechazo europeo a la ocupación israelí, el comercio entre Europa e Israel no había sido objeto de control alguno, por lo que buena parte de los colonos (hay alrededor de medio millón en Cisjordania) se veían beneficiados con la cooperación desde Bruselas. Había casos en los que podía realizarse un proyecto, con financiación europea, de una universidad construida en los asentamientos ilegales (como la Universidad de Ariel en la colonia de Kedumim, con 14 mil estudiantes), o se podían vender con un arancel más bajo productos de empresas cuya sede social o materia prima procedía de las zonas ocupadas.
Desde el pasado 11 de noviembre la Comisión Europea, mediante una nota interpretativa, resolvió que no se deben etiquetar en la UE los productos procedentes de zonas ocupadas como si fuera producidos en Israel. Hacerlo, en la práctica, es reconocerle a Israel su propiedad sobre los territorios que ocupa de manera ilegal. De este modo, la UE diferencia su relación con Israel de su relación con las colonias israelíes. Otros pasos que podría dar Bruselas para llevar a la práctica su rechazo a la colonización israelí, podría ser exigir visado a los colonos israelíes que viven en esos territorios, o prohibir las operaciones en suelo europeo a los bancos que faciliten la ocupación israelí al trabajar en los territorios ocupados. Sin embargo, estas medidas no son objeto de debate en este momento.
Ante la decisión de la Comisión Europea, el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, intenta disuadir a Europa de seguir por ese camino, apartándola temporalmente de un proceso de paz que es prácticamente inexistente. No obstante, hace seis meses Bruselas envió a un delegado especial permanente a Jerusalén, Fernando Gentilini, para el proceso de paz, mostrando interés en avanzar hacia un acuerdo entre israelíes y palestinos. Desde que la Comisión Europea emitió su nota interpretativa, Israel ha considerado esta una medida “discriminatoria” e impulsada por “motivaciones políticas”. Ahora, la Cancillería israelí informó que los contactos diplomáticos con Bruselas concernientes al proceso de paz quedarán suspendidos hasta que se complete un “proceso de revaluación”.
A pesar de la decisión de Netanyahu, la Comisión Europea expresó que las relaciones con Tel Aviv siguen siendo “buenas, amplias y profundas” y que eso “seguirá siendo así”. “Cuando hablamos del proceso de paz, la UE continúa y continuará trabajando en él en el Cuarteto (para Oriente Medio, compuesto por la ONU, EE. UU., Rusia y la UE) con nuestros socios y ambas partes, porque por supuesto la paz en Oriente Medio interesa a toda la comunidad internacional y desde luego a los europeos”, dijo la portavoz comunitaria Maja Kocijancic. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sostuvo una reunión con Netanyahu al margen de la Cumbre Mundial sobre el Clima en París.
Kocijancic también aclaró que la nota interpretativa adoptada el pasado 11 de noviembre por parte de la Comisión Europea para el etiquetado en la UE de productos procedentes de los asentamientos en los territorios ocupados, no es una nueva legislación sino la implementación de una ya existente. Además, reiteró que algunos países miembros -como Reino Unido, Bélgica y Dinamarca-, ya actuaban en este frente y que se adoptó la medida a petición de los Estados miembros, de manera que “no hay ningún cambio desde la perspectiva de la UE” sobre la postura comunitaria acerca de las directrices, Israel o los asentamientos.