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El martes pasado, en medio de un foro en São Paulo, el expresidente Fernando Henrique Cardoso dejó claro lo que opina sobre la intervención militar en las favelas de Río de Janeiro. En el continente, dijo el exmandatario, los gobernantes usan al ejército “sobre todo cuando no son fuertes”. Casi inmediatamente, el presidente Michel Temer, a quien los últimos sondeos le atribuyeron un margen de favorabilidad del 6 %, salió a defender la militarización de las favelas con cifras. Según el mandatario, el 83 % de los habitantes de Río están a favor del regreso del ejército a las favelas.
La situación, más allá de los tintes políticos, es dramática. Durante los últimos 15 años, 800.000 personas han muerto de forma violenta en Brasil, un cifra que supera la de países en guerra como Irak. Las estadísticas reunidas por el diario brasileño O Globo arrojan que unas 143 personas son asesinadas al día en Brasil, es decir, una víctima cada diez minutos, y Río de Janeiro, que hasta hace poco se engalanaba para recibir la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, lleva la peor parte, con 17 asesinatos diarios y sectores enteros bajo el control de bandas criminales.
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La primera tarea de los más de 32.000 militares que llegaron a las favelas fue deshacer las barricadas con las que los carteles del narcotráfico impedían el paso de vehículos por las calles empinadas. Los que podían pasar, zigzagueando entre los montículos de escombros, arena y llantas, eran los jóvenes que monitorean el lugar con radioteléfonos, a bordo de motocicletas lujosas.
Con los camiones llenos de soldados llegaron retroexcavadoras para abrir los caminos que cerró el narcotráfico, pero aun así el recuerdo de anteriores intervenciones militares hace que la presencia del ejército no sea bienvenida.
“Hay muchas personas en la favela que desgraciadamente no denuncian, que no quieren hablar, pero yo hablo, denuncio, porque cuando nos callamos estamos legitimando las acciones de esa gente. Y yo no puedo permitir que esto se perpetúe”, le dijo a la AFP Irone Santiago, costurera de 53 años y madre de Vitor, un joven que quedó parapléjico cuando en febrero de 2015 un militar disparó contra el vehículo en el que se dirigía a un partido del Flamengo.
“Aquí solemos decir que es mejor sin ellos que con ellos”, se escucha en las calles de la favela Maré, algo que se explica al revisar el balance que Human Rights Watch realizó sobre la intervención policial de las favelas de Río entre 2010 y 2013. En tres años, el número de homicidios relacionados con las operaciones de seguridad llegó a 1.275. Ya entonces, la población asesinada también encajaba con el patrón denunciado por Amnistía Internacional en su más reciente informe: la mayoría eran hombres, negros y no superaban los 30 años.
La preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos no es el único mal recuerdo que despiertan los militares. El mismo Senado que con argumentos dudosos se encargó de destituir a la presidenta Dilma Rousseff fue el que a finales de febrero le entregó la seguridad de Río de Janeiro al ejército, algo totalmente inédito, al menos desde que en 1985 se puso fin a la dictadura militar.
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“No hay un deseo de las Fuerzas Armadas de asumir el poder, no hay eso. Estamos en una democracia tranquila, con las instituciones funcionando regularmente”, ha dicho Temer, quien, además, ha insistido en que hay que acabar con el prejuicio según el cual “las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada”. Está claro que pueden hacer algo: según cifras oficiales, en anteriores intervenciones los uniformados lograron reducir las muertes de 21 por 100.000 habitantes a cinco. El problema es el precio que se paga por esa reducción: “La violencia disminuye en un primer momento. Pero eso es insustentable. Con el tiempo, la criminalidad regresa, y cuando los militares se fueron, la violencia explotó”, le dijo a la AFP Edson Diniz, coordinador de seguridad de una de las ONG que trabajan en la zona.