¿Por qué México no firmó la declaración contra Maduro del Grupo de Lima?

Fuentes de la Cancillería peruana aseguraron que México no tiene intención de separarse del grupo. La decisión podría estar basada en la retoma de la Doctrina Estrada, por parte de López Obrador, la cual respeta la autodeterminación de los Estados.

EFE

El gobierno de México decidió hoy no firmar la última Declaración del Grupo de Lima, en el que los países miembros acordaron no reconocer la "legitimidad" de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro y lo instaron a no efectuar la asunción del mando el 10 de enero próximo.

Fuentes de la Cancillería peruana señalaron a Efe que México, como ha ocurrido en otras circunstancias con otros países, no acompañó la firma de la Declaración, sin que esto signifique ninguna intención de separación del grupo.

Los representantes mexicanos participaron con total normalidad y sin inconvenientes en la reunión, añadieron las fuentes.

(Ver más: Grupo de Lima no reconocerá Gobierno de Maduro)

Andrés Manuel López Obrador, además, aseguró en su momento que transformaría las relaciones internacionales de México retomando la Doctrina Estrada, que rigió a principios del siglo XX, bajo la cual el gobierno mexicano respetaba la autodeterminación de los Estados, aplicaba los principios de no intervención y se rehusaba a juzgar a gobiernos extranjeros (dinámica contraria a la que impulsó el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien se sumó a la presión contra Nicolás Maduro).

En la declaración del Grupo de Lima difundida hoy, trece países firmantes entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, señalaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela "carece de legitimidad" porque no contó con la participación de todos los actores políticos.

El Grupo de Lima ratificó también su "pleno respaldo y reconocimiento" a la Asamblea Nacional venezolana, que dirige la oposición y de la que dijeron fue elegida "legítimamente" el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional.

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Por ello se comprometieron a revaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, "en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional".

Establecieron, entre otras disposiciones, que en la medida que lo permitan sus legislaciones internas, impedirán a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima, medida que ya viene siendo ejecutada por Estados Unidos.

Así como también elaborarán listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países "no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos". 

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