¿Por qué Miss Perú encendió el debate sobre la pena de muerte?

El certamen de belleza fue escenario de una protesta contra la violencia de género, un problema que para muchos es una asignatura pendiente de la justicia peruana.

AFP

“Mi nombre es Camila Canicoba y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidios reportados en los últimos nueve años en mi país”. Después de Canicoba cada una de las 23 mujeres que participaron ayer en la versión 2018 de Miss Perú reemplazaron las medidas de su cuerpo por los números que describen la violencia contra la mujer en su país.

“Mis medidas son:  82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año”, “el 81% de agresores a niñas menores de cinco años son cercanos a la familia”, “una niña muere cada diez minutos por producto de la explotación sexual”, “más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero.”

La protesta en la que participaron las concursantes, con la complicidad de los organizadores del certamen, no se quedó allí.

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Más adelante, las candidatas a Miss Perú desfilaron con un telón de fondo en el que se proyectaban titulares de prensa. En ellos, se veían los casos más emblemáticos en los que la justicia peruana falló a la hora de proteger a las mujeres.

En 2012, por ejemplo, Lady Guillén, quien era conocida por ser bailarían en grupo de cumbia fue secuestrada y agredida por su pareja, que le había arrancado una ceja con los dientes y le había propinado varios golpes en la cabeza cuando Guillén logró escapar. Cuatro años después, la Fiscalía pidió 27 años de prisión por secuestro y siete por violencia familiar para el responsable, Romy García. Por el contrario, La Cortes Superior de Justicia en Lima absolvió a García por el delito de secuestro.

Otro caso emblemático sucedió en un hotel de Ayacucho, donde Adriano Pozo fue capturado por las cámaras de seguridad desnudo y arrastrando por el pelo a su compañera sentimental. A cambio de no ir a prisión, Pozo pago una multa millonaria, algo que Marcela Huaite, ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables condenó.

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“¿Qué más podemos hacer para convencer a las autoridades de que el mensaje contra la violencia debe ser claro y contundente? ¡No más violencia contra la mujer!", dijo la ministra que además enfatizó en que ese tipo de casos desincentivaba las denuncias.

El pasado 23 de octubre Zeid Raad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó Perú. El asunto de la violencia contra las mujeres no pasó desapercibido. Según el funcionario, el Gobierno peruano debía “abordar las actitudes sociales y culturales que se siguen utilizando para justificar la violencia contra la mujer”.

Andrea Moberg, representante de Loreto (oriente), aseguró que todos aquellos que violenten a una mujer deben recibir cadena perpetua y exigió mano dura por parte de las autoridades, una postura cada vez más común entre los peruanos que, con los crecientes casos de abuso contra menores, también han llegado a pedir que se instaure la pena capital.  

Los fujimoristas del partido Fuerza Popular, que cuentan con la mayoría absoluta en el Congreso, ya trabajan en un proyecto de ley para castigar con la pena de muerte a los abusadores de menores de 7 años que además terminen con la vida de la víctima.

La idea ha encontrado voces discordantes al interior del fujimorismo, pero también ha generado fracturas en el partido de gobierno. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza, lamentó que Perú estuviera suscrito a tratados internacionales que impiden aplicar la pena capital porque, para él, la pena capital podría servir para reducir ese tipo de crímenes.

Casi de inmediato, el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que salir a decir que los autores de ese tipo de crímenes “deben ir a un hospital psiquiátrico porque algunos son enfermos, y otros tendrán que ser severamente castigados" y que, además, haría falta una reforma constitucional para que la pena de muerte pueda aplicarse en el país.

 

 

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