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El asilo de Julian Assange no sólo puso en crisis la relación entre Ecuador y Reino Unido, sino la del mismo ciberactivista con el gobierno ecuatoriano. Las restricciones impuestas al creador de WikiLeaks por parte del país que le ha brindado protección han generado la molestia del australiano, que ahora ha demandado a sus protectores.
El caso Assange se remonta a 2012, cuando el activista se encontraba bajo arresto domiciliario en Londres por un proceso de extradición a Suecia relacionado con unos cargos de agresión sexual. El australiano, que destapó varios secretos de inteligencia de Estados Unidos, violó su libertad bajo fianza y pidió refugio en la embajada de Ecuador en Reino Unido, país que lo aceptó para evitar que sus derechos fueran violados en una posible extradición de Suecia (en donde era solicitado) hacia suelo estadounidense.
Durante el Gobierno de Rafael Correa, quien fue inicialmente el que brindó protección al creador de WikiLeaks, todo marchó bien. Pero tras el ascenso de Lenín Moreno a la presidencia, la relación entre Ecuador y el ciberactivista se ha deteriorado.
El 13 de octubre de 2018, el gobierno de Lenin activó un riguroso protocolo para regular la estadía y permanencia de Assange en la embajada. En el documento se limitaron drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos del activista en la embajada, y en caso de incumplir las nuevas reglas tendrá que abandonar la embajada y someterse a las autoridades de Reino Unido. Además, se le notificó al protegido que a partir del 1° de diciembre de 2018, la embajada no se hará cargo de los gastos de lavandería, aseo ni comida, que ahora pasará a asumirlos el activista; y que deberá hacerse controles médicos cada tres meses, también asumidos por él.
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Frente a la decisión de Ecuador, Assange y su grupo de abogados decidieron demandar a la Embajada ecuatoriana por “violar sus derechos fundamentales”, según anunció su abogado, Carlos Poveda. Sin embargo, Ecuador defiende que, como país que concede el asilo, tiene el derecho y la capacidad de imponerle unas reglas mínimas de seguridad e higiene.
"Resulta paradójico que se interponga una acción de protección contra el Estado que lo protege. ¡Es ilógico!", dijo a Efe el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrés Terán, para quien el activista y sus abogados están actuando con "irresponsabilidad".
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Descrito hace meses por el presidente Lenín Moreno como "una piedra en el zapato", el ahora también ecuatoriano Assange exigió a los tribunales que impidieran la aplicación del protocolo. Sin embargo, su solicitud no fue escuchada.
La justicia de Ecuador rechazó el lunes la demanda constitucional del creador de WikiLeaks. "La señora jueza ha emitido su sentencia y ha rechazado la acción de protección planteada por Assange", dijo en declaraciones a los medios el procurador general del Estado ecuatoriano, Iñigo Salvador.
Explicó que "básicamente", la corte rechazó el recurso al considerar que "el Gobierno de Ecuador, al emitir el Protocolo especial, de visitas, comunicaciones y atención médica no ha conculcado ninguno de sus derechos".
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Además, Assange teme que si deja la embajada pueda ser detenido y extraditado a Estados Unidos por difundir documentos militares y diplomáticos confidenciales de ese país a través de su página web.
Por último, la defensa del creador de WikiLeaks apeló la resolución, por lo que en los próximos días un tribunal superior conocerá el caso en última instancia.