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La designación de cuatro nuevos consejeros sin cargas judiciales para formar el Gobierno regional de Cataluña puso hoy fin al bloqueo político en esa comunidad autónoma española, lo que posibilitará el cese del control del Ejecutivo central sobre sus instituciones.
El presidente catalán, Joaquim Torra, dio un paso atrás y anunció hoy el nombramiento de cuatro nuevos miembros de su Ejecutivo para sustituir a los anteriormente elegidos que se encontraban en prisión y huidos de la Justicia española.
Al conocerse la decisión, el Gobierno español hizo hincapié en que la posición de firmeza mantenida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha obligado a Torra a rectificar y proponer su nueva lista de consejeros.
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Además, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, adelantó que se levantará de forma inmediata la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permitía el control estatal sobre la administración autonómica catalana, tal y como estableció el Senado.
El pasado 19 de mayo, Torra eligió para conformar su gabinete a Jordi Turull y Josep Rull, ambos en prisión preventiva, y a Toni Comín y Lluís Puig, actualmente refugiados en Bélgica, todos ellos consejeros del anterior Gobierno de Carles Puigdemont, en una clara muestra de continuismo con la política independentista de su antecesor.
El Ejecutivo español consideró una "provocación" la propuesta inicial y advirtió de que no se publicarían sus nombramientos en el Diario Oficial de Cataluña, requisito indispensable para que sean válidos y tomen posesión.
Además, el Tribunal Supremo (TS) español rechazó la libertad provisional indefinida solicitada por Turull y Rull para poder ejercer su cargo al considerar que existe peligro de fuga y un incremento del riesgo de reiteración delictiva.
La publicación de los nombramientos es facultad en estos momentos del Gobierno español porque gestiona las competencias de la administración regional de Cataluña desde el 27 de octubre de 2017, cuando Rajoy destituyó, amparado en la Constitución, a todo el anterior gobierno independentista catalán de Puigdemont.
Fuentes gubernamentales remarcaron hoy que el Ejecutivo de Rajoy ha defendido el cumplimiento de la legalidad en todo momento y eso es lo que le llevó a no publicar el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Torra inicialmente.
No obstante, el Gobierno español solicitó un informe a los servicios jurídicos del estado para determinar si podía seguir negándose a publicarlo.
Un informe que la Abogacía del Estado avaló este lunes la postura del Ejecutivo de Rajoy, ya que no se ajustaba a la legalidad que en ella hubiera esos consejeros encarcelados o fuera de España.
Torra anunció los nuevos nombramientos en un comunicado en el que señala que el nuevo Ejecutivo autonómico catalán adoptará en su primera reunión "la decisión de interponer una querella por prevaricación" contra Rajoy por impedir dicha publicación.
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Asimismo, indica que en esa reunión se "impugnará la aplicación del artículo 155 en su conjunto" y "presentará alegaciones contra la impugnación por parte del Gobierno español de once leyes de alto contenido social durante el periodo en el que ha estado vigente este artículo".
Torra fue elegido presidente por el Parlamento catalán el 14 de mayo pasado con el voto favorable de las fuerzas independentistas JxCat (centroderecha) y ERC (republicanos de izquierda), la abstención de los anticapitalistas de la CUP y la oposición de los partidos contrarios a la independencia.
La investidura de Torra llegó tras las candidaturas frustradas de Puigdemont, pendiente en Alemania de una petición judicial española de extradición, y de Jordi Sánchez y Jordi Turull, ambos en prisión preventiva.
Todos ellos pertenecen a la coalición JxCat y resultaron elegidos diputados en las elecciones regionales catalanas de diciembre de 2017.