Previniendo la xenofobia y la aporofobia

Penalizar la migración irregular es un instrumento que casi siempre es ineficaz y que deshumaniza el fenómeno migratorio y valida ideas y acciones negativas en la sociedad. El Estado colombiano tiene la gran responsabilidad de construir un marco jurídico que garantice que la migración sea segura.

María Clara Robayo y Ronal F. Rodríguez
13 de noviembre de 2019 - 12:20 a. m.
Desde el comienzo de la crisis venezolana, más de 4,5 millones de personas han dejado el país. /  Cristian Garavito - El Espectador
Desde el comienzo de la crisis venezolana, más de 4,5 millones de personas han dejado el país. / Cristian Garavito - El Espectador

Xenofobia: “fobia al extranjero” “que significa rechazo, miedo o aversión al extranjero, al que viene de fuera, al que noes de los nuestros, al forastero.” Aporofobia: “fobia a las personas pobres o desfavorecidas” “odio, repugnancia y hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado.”

Uno de los grandes obstáculos que impide a los migrantes la integración y el acceso equitativo a los derechos humanos en las sociedades de acogida son los imaginarios sociales negativos que fundamentan sentimientos de amenaza y prácticas discriminatorias. Las leyes, las regulaciones y las políticas orientadas a restringir la inmigración dirigen gran parte de sus acciones y recursos a penalizar la migración irregular, instrumentos que casi siempre son ineficaces, que deshumanizan el fenómeno, validan ideas y acciones negativas en la sociedad y derivan en violaciones sistemáticas de derechos humanos y en el aumento de la exclusión y la marginalidad. 

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Las recesiones económicas, la inequidad social, el desempleo, las crisis gubernamentales y la consecuente disminución en los niveles de popularidad de los gobiernos son asuntos que han intensificado aún más la tendencia global de instrumentalizar discursivamente al migrante como culpable de los problemas estructurales de los países. Asimismo, la securitización de la migración más algunas declaraciones oficiales infundadas y la inmediatez sensacionalista de ciertos actores de los mass media, han empezado a ser sucesos visibles en Latinoamérica que refuerzan la xenofobia y aporofobia, posturas que acentúan el miedo y el rechazo a la migración venezolana, especialmente hacia migrantes irregulares o con pocos recursos económicos.

Al ver un mundo que cierra las puertas ante los refugiados y los migrantes pobres condenándolos a la invisibilidad, diría Adela Cortina que el problema es de pobreza. Especialmente, cuando la mirada economicista prima sobre otros tipos de abordajes hacia el migrante reduciéndolo a un factor de desarrollo o de pobreza y clasificándolo en deseable o indeseable. Un debate necesario en los países de la región en la medida en que los flujos irregulares seguirán llegando y las dinámicas de integración ya se están dando de manera espontánea, y donde la informalidad e ilegalidad se convierten en peligrosos espacios de interacción ante la falta de mecanismos asistidos desde marcos de la política pública. Vea también: El hijo de Teresa tiene derecho a ser colombiano (aunque haya nacido en Venezuela)

La aporofobia no es la única barrera de integración social, las barreras y la violencia se dan en múltiples dimensiones hacia una población altamente diversa en perfiles migratorios. El difícil acceso al mercado laboral y a los procesos de regularización; los complicados y costosos requisitos para convalidar títulos; las dificultades para abrir cuentas bancarias, pedir créditos, o acceder a vivienda; los cuellos de botella para acceder a la educación en todos sus niveles o a la seguridad social, ya sea desde el régimen subsidiado o contributivo; son algunos ejemplos de una realidad que evidencia la inexperiencia de Colombia en asuntos de inmigración y también los miedos profundos de nuestra sociedad hacia el otro, el extranjero. Miedos que nos impiden crecer conjuntamente desde una diferencia que, en el caso con Venezuela, está llena de vínculos, similitudes e historias compartidas.

Si bien, la entrada y permanencia de grandes flujos migratorios en un corto lapso de tiempo generan agudas e inmediatas tensiones institucionales, operativas y presupuestales en el país receptor, poder identificar los impactos positivos y negativos de la migración en una sociedad, requiere de análisis profundos que se sitúen contextualmente, que abarquen temporalidades a corto, mediano y largo plazo y que incorporen, a partir de información especializada, los aportes de la migración de una manera integral en las esferas económicas, políticas, sociales y culturales de los países. Las evidencias científicas y empíricas sobre la contribución multidimensional de la migración son innumerables.

Desde el punto de vista continental, hay que decir que comparativamente Colombia es el país que mejor ha acogido a los venezolanos en América Latina. La solidaridad que ha mostrado el gobierno colombiano se destaca en la región, sin embargo, pensar en un comportamiento contrario es muy difícil cuando se comparte una verde frontera de 2.219 km con un país inmerso en una profunda emergencia humanitaria. Igualmente, el apoyo de la sociedad civil organizada, el trabajo incansable de diferentes órdenes religiosas y las iniciativas individuales no se han hecho esperar y han constituido para la población migrante acciones asistencialistas de gran valía a pesar de ser insuficientes y de empezar a dar muestras de agotamiento.

En este contexto, todas las medidas adoptadas por el gobierno colombiano hasta el momento requieren superar el carácter contingencial e implementar ajustes sustanciales como, por ejemplo: ser incorporadas y ordenadas dentro de un marco legal que brinde mayor estabilidad y abra vías permanentes de regularización; ofrecer mecanismos de identificación a una población sin documentos; contar con una estrategia comunicacional de alta cobertura para migrantes, prestadores de servicios, funcionarios públicos, cuerpos de seguridad y la sociedad en general para así mitigar las barreras producidas en algunos espacios por falta de información o por la confusión producto de información desordenada e imprecisa.

El Estado colombiano tiene la gran responsabilidad de construir un marco jurídico que garantice que la migración sea segura, ordenada y regular, pero también que brinde las condiciones necesarias para que, desde un enfoque sostenible, holístico y positivo los migrantes y retornados puedan integrarse en el corto, mediano y largo plazo en las esferas sociales, económicas, culturales y políticas en Colombia. Una labor que requiere movilizar voluntades políticas, poner en marcha y perfeccionar el funcionamiento institucional y, sobre todo, abrir espacios de consenso e integración.

*Coordinadores del proyecto “Edificando Consensos para la Migración” del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer Stiftung -KAS- @MariaCRobayo y @ronalfrodriguez.

Por María Clara Robayo y Ronal F. Rodríguez

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