Puigdemont, ¿otra vez presidente de Cataluña?

Independentistas catalanes acuerdan proponer investidura del expresidente, huido en Bélgica.

Carles Puigdemont se encuentra en Bélgica. AFP

Los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya (JxCat) y ERC anunciaron un acuerdo para proponer que el expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica de la Justicia española, sea investido de nuevo como jefe del Gobierno catalán.

En un comunicado, las dos principales fuerzas independentistas informaron de que han llegado a un compromiso para apoyar la candidatura de Puigdemont en la sesión de investidura, a pesar del informe contrario de los letrados del Parlamento catalán, que consideran que el candidato debe estar presente en el debate.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió ayer de que recurrirá de inmediato ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de hacer presidente a Puigdemont, y avisó de que el artículo 155 de la Constitución que permite la intervención del Gobierno central en Cataluña "seguirá en vigor" si el presidente catalán no toma posesión de su cargo. 

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"No se puede tomar posesión desde Bruselas y si lo hace, el artículo 155 seguirá en vigor", declaró el dirigente conservador en relación al artículo de la Constitución que le permite controlar directamente la región desde el 27 de octubre, fecha de la fallida declaración de independencia.

En principio, esta excepcional intervención tenía que perdurar hasta la formación de un nuevo gobierno en Cataluña, después de que Rajoy destituyera ese mismo día al ejecutivo independentista de Puigdemont.

El partido de "Rajoy sacó cuatro diputados el 21 de diciembre y continúa gobernando Cataluña desde Madrid", le respondió Puigdemont en su cuenta de Twitter haciendo referencia al mal resultado del PP en los últimos comicios en la región.

"Que sea demócrata y respete la decisión del Parlamento de Cataluña de restituir el gobierno" cesado, añadió. Puigdemont es el principal candidato a presidir la región después de que los independentistas renovaran su mayoría absoluta en las elecciones celebradas el 21 de diciembre en la región y su formación (coalición entre su PDeCAT y CDC), Juntos por Cataluña, fuera la fuerza separatista más votada.

Pero se encuentra en un exilio voluntario en Bélgica y se arriesga a ser arrestado con cargos de rebelión y sedición por su papel en el proceso de secesión si vuelve a España.

Para evitar este riesgo, Juntos por Cataluña quiere que defienda su programa en una sesión de investidura por videoconferencia o mediante un discurso leído por otro diputado.

Los juristas del parlamento en contra 

Sin embargo, los servicios jurídicos de la cámara catalana rechazaron en un informe este lunes estas opciones, alegando que la asistencia de los protagonistas en el debate es "imprescindible".

En el informe obtenido por la AFP, los letrados señalan que la investidura está organizada de tal manera que "sin la participación directa y personal del candidato (...) le faltaría un elemento esencial del procedimiento, sin el cual no podría cumplir su función".

El informe es consultivo y la decisión final la tendrá el órgano rector del parlamento, cuyo control quieren asegurarse los independentistas.

El gobierno español y los partidos de la oposición advirtieron que recurrirán ante la justicia una investidura a distancia.

Los teóricos aliados de Puigdemont de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el segundo partido independentista, tampoco ven clara esta opción dado que podría prolongar la intervención del gobierno español en la región.

Su portavoz Sergi Sabria aseguró este lunes que las formaciones están estudiando "todas las vías" posibles para investir a Puigdemont de tal manera que no pueda ser frenada ni anulada por la justicia porque esto supondría perpetuar la aplicación del artículo 155, según un comunicado del partido.

"No recuperar las instituciones es consolidar el 155", aseguró Sabria.

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Sin embargo, fuentes del partido se muestran desde hace días escépticas sobre la viabilidad de la investidura a distancia propuesta por Puigdemont.

A través del artículo 155, Mariano Rajoy frenó el intento de secesión en Cataluña tomando el control de la administración regional, destituyendo al gobierno de Puigdemont y disolviendo el parlamento para convocar las elecciones de diciembre.

La nueva cámara debe constituirse el miércoles 17 y antes del 31 de enero debe celebrarse el primer debate de investidura para escoger al presidente de la región.

Además de los problemas para investir a Puigdemont, los independentistas también deben buscar la manera de asegurarse la mayoría absoluta en la cámara. Si bien lograron 70 escaños sobre 135, ocho de sus diputados se encuentran en prisión o en Bruselas.

El Tribunal Supremo denegó el permiso a los tres encarcelados para asistir al debate, pero al menos podrán pedir al órgano rector del parlamento delegar su voto en otros diputados.