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La polémica sobre la decisión inédita del presidente de Brasil, Michel Temer, de entregarle el control de la seguridad de Río de Janeiro a los militares está creciendo. Desde el 21 de febrero cuando los uniformados recibieron carta blanca para registrar favelas enteras, varios civiles han muerto en confusas operaciones. Hace apenas ocho días el país despedía a Marielle Franco, la concejal y defensora de derechos humanos del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de izquierda, que se dedicó a denunciar los excesos militares en las favelas.
El mandatario justificó la medida, inédita desde la restauración de la democracia en Brasil en 1985, argumentando que "el crimen organizado casi tomó el control" de Rio, y es "una metástasis que se propaga por el país".
Ayer, por lo menos ocho personas murieron tras un operativo policial en la favela de Rocinha, la mayor de Rio de Janeiro (sudeste de Brasil), informó la policía de Rio de Janeiro.
"La Comisaría de Homicidios está investigando la muerte de ocho personas después de un enfrentamiento entre policías del Batallón de Choque (de la Policía Militar) y traficantes", informó la Policía Civil, que investiga el episodio.
La información divulgada hasta el momento es que seis personas baleadas fueron trasladadas a un hospital de la zona pero no resistieron las heridas y murieron; y más tarde, habitantes de la favela trasladaron otros dos cuerpos. No es el único caso. Esta semana, durante otro enfrentamiento, un vendedor ambulante de 70 años y un efectivo de la PM murieron en medio del intercambio de disparos.
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En un artículo en El Observador, el periodista Carlos Gadea, explica: "El asesinato de Marielle representa un atentado contra la democracia brasileña; pero más que eso, evidencia, una vez más la correlación de fuerzas criminales que actúan en Río de Janeiro. En este escenario, las "milicias", — grupos "paramilitares" surgidos en los 70' cuyo rol inicial era garantizar la seguridad, pero que con los años pasaron a intimidar y extorsionar a los habitantes y comerciantes de las favelas— tienen un rol fundamental. Y su asesinato fue la respuesta a la avalancha de detención de miembros de estas organizaciones en los últimos días. Por ello, la tesis de que el crímen de Marielle es un "atentado político" no explica el fenómeno".
¿Cuál es ese fenómeno? La violencia en las calles de Río, que algunos dicen, va a empeorar en los próximos días. Los vecinos de la mencionada Rocinha recuerdan que las Fuerzas Armadas ya se hicieron con el control de la favela durante una traumática temporada. "Cuando volvió la policía, lo hizo con tanta agresividad que los vecinos presentaron 35 quejas relatando abusos e irregularidades por parte de los agentes. En su experiencia, las autoridades pueden suponer una amenaza aún peor que las bandas de narcotraficantes, principales responsables de las muertes en Río", reportaba el periódico El País de España.
Este sábado la Policía Civil informó que los agentes de la PM involucrados en el tiroteo ya declararon ante los investigadores y que sus armas "serán incautadas". La PM -cuerpo policial encargado del orden y la seguridad- informó que durante la operación incautaron un fusil, seis pistolas y tres granadas.
La institución había actualizado a siete el número de "criminales" heridos que luego fallecieron en el hospital -además de los dos cuerpos llevados por los vecinos-, pero luego volvió atrás y afirmó que la policía socorrió apenas a seis personas.
Familiares de las víctimas declararon a la prensa local que sus parientes muertos no tenían vínculo con traficantes. "Mataron a mi hijo con un tiro en la espalda", afirmó al portal G1 el padre de Matheus da Silva Duarte de Oliveira, de 19 años. Según su padre, Matheus no tenía vínculo con el narcotráfico y apenas estaba participando de un "baile funk", fiestas populares de la periferia carioca. Unas 100.000 personas, la mayoría en condiciones insalubres, viven en la Rocinha, encaramada en una colina que domina la rica zona sur de Rio, entre los barrios de Gavea y Sao Conrado.
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La voz más crítica con la medida de Temer, claro, la de la destituída presidenta, Dilma Roussef, quien dijo en su cuenta de Twitter: “Es una de las violaciones más graves de derechos civiles que Brasil enfrenta desde la dictadura”.