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Las cosas no han salido bien para los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando el exmandatario brasilero fue condenado a nueve años de cárcel por recibir cerca de 700.000 dólares en sobornos, su defensa pidió que el Tribunal Regional Federal revisara su caso.
La decisión de los togados no pudo ser más adversa: en lugar de reducir la condena, le añadieron más tiempo: en lugar de pagar nueve años de cárcel, Lula tendría que pasar 12 años en prisión.
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Desde entonces Lula está en libertad gracias a una determinación que el Tribunal Superior de Justicia (STF por sus siglas en portugués) tomó en 2016, y según la cual, en Brasil, las condenas empiezan a ser ejecutadas únicamente cuando terminan todas las apelaciones en segunda instancia.
La defensa del expresidente también ha estado haciendo su tarea e interpuso todo tipo de recursos para evitar que el expresidente termine en la cárcel.
Cualquier decisión judicial podría transformar el panorama político, no solo por el peso que una figura como Lula tiene en Brasil sino porque, además de su historial, o precisamente gracias a él, Lula lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre.
El martes 6 de marzo las aspiraciones presidenciales de Lula sufrieron otro revés, esta vez por cuenta del Tribunal Superior de Justicia (STF).
Los abogados de Lula habían pedido que se respetara la libertad de Lula en el caso de que el Tribunal Regional Federal, que lleva su caso por corrupción, decida ratificar la condena de 12 años que ya le impuso al exmandatario. Los togados del STF rechazaron unánimemente la petición.
El "habeas corpus" preventivo ya se había estrellado con la negativa de uno de los magistrados del STF pero esta semana el reclamo fue rechazado por el pleno del tribunal que según Félix Fische, uno de sus magistrados, no vio ninguna “ilegalidad” en que Lula termine en la cárcel en el caso de recibir un fallo adverso en segunda instancia.
"Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones", dijo el exmandatario para la radio local Metrópole
El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo del exmandatario, interpretó que el máximo tribunal solo se había pronunciado "sobre la posibilidad" de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin embargo, para él, la detención no se trataría de una medida obligatoria.
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En una entrevista con la AFP, el exlíder sindical admitió que piensa "todos los días" en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.
La batalla incluye utilizar todos los recursos legales hasta someter su sentencia a la revisión de STF, sin embargo, la decisión de esta semana cambia el panorama. Ahora está claro que, por más que le dé largas a su proceso, en el caso de que el Tribunal Regional 4 ratifique su condena de 12 años, Lula no podrá permanecer libre mientras su caso sigue siendo apelado, esto dejando a un lado que el proceso judicial por el que fue condenado es apenas uno de los más de 5 que están abiertos en su contra.