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El protocolo que ha repetido el gobierno de Nicolás Maduro con los cuerpos de las personas abatidas durante el operativo para capturar a Óscar Pérez, el expolicía alzado contra el chavismo, aumentan las sospechas sobre lo que sucedió el 15 de enero en El Junquito. La Iglesia católica ya emitió su veredicto: “Fue una horrible masacre”. ONG coinciden: “Pedimos que se investigue esta masacre”.
Varias organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuentan Provea, Espacio Público, Acceso a la Justicia, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Transparencia Venezuela, pidieron a las autoridades entregar los cuerpos de Pérez y sus colaboradores a sus familiares.
Pero eso no pasó. Pérez y seis compañeros, además de dos efectivos policiales, fueron enterrados en medio de un gran misterio.
El de Pérez fue el último cuerpo en ser enterrado en Caracas, en contra de la voluntad de su viuda y su madre. “Decidieron arbitrariamente realizar el entierro controlado sin permitir velarlo y mucho menos permitir trasladarlo con su familia”, escribió en Twitter Dana Vivas, viuda de Pérez, quien está, junto con sus hijas, fuera del país. Un fuerte contingente de la Guardia Nacional mantuvo cerrados los accesos al Cementerio del Este en el municipio El Hatillo mientras se realizaba el entierro.
El sábado se realizaron los primeros entierros, con igual misterio. Dos de los integrantes del grupo de Pérez, Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, fueron enterrados en el mismo cementerio que Pérez.
La única mujer muerta en el operativo, Lisbeth Ramírez, hija de colombianos, fue enterrada el sábado en Táchira, su estado natal, mientras que los hermanos Abraham y Jairo Lugo y el periodista Daniel Soto fueron sepultados en condiciones similares a la de Pérez en el estado de Zulia, de donde eran originarios.
(Qué le pasó al policía más buscado de Venezuela?)
La organización Foro Penal, que tuvo acceso a las actas de defunción, confirmó que la muerte de Óscar Pérez y otros cinco miembros de su grupo fue “por impacto de proyectil en la cabeza”. La de un séptimo integrante fue por un “disparo en la cervical”. Otras organizaciones han asegurado que se utilizaron “armas de guerra”.
Para algunos observadores, todo esto refuerza la hipótesis de una ejecución.
Más de 20 personas, entre ellas varios oficiales del Ejército, han sido detenidos por el caso, y familiares de algunas de ellas han denunciado amenazas y agresiones.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que las muertes se produjeron en un “enfrentamiento” entre los alzados y la policía. Entonces, ¿por qué el misterio?