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A Yomaira Hernández le da miedo ir a vacunarse o que le pongan la inyección a su compañero y padre de sus cuatro hijos. Dice que si van a un centro de salud los deportarán. Esta mujer, que ronda los treinta años y vende bolsas de basura en el occidente de Bogotá, se queja de lo difícil que es ser migrante, más aún desde la pandemia. “Mejor pasar desapercibido para que no nos devuelvan a Venezuela, porque allá la cosa está difícil”, asegura.
Ese mismo temor lo comparten millones de migrantes en todo el mundo, que se abstienen de acudir a un servicio de salud por temor a ser detenidos y enviados de vuelta a sus países de origen. Algo que no debería pasar, de acuerdo con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino: “Los gobiernos donde hay personas migrantes deben garantizar la vacunación contra el COVID-19, independientemente de su estatus legal”, advierte. Sin embargo, dice que es justo la población migrante y refugiada el grupo social al que no se tiene en cuenta en los programas de vacunación que ya tienen el antídoto contra el coronavirus.
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Según datos de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), 106 países que acogen refugiados dicen que los incluirán en sus programas, pero hasta ahora, solo 54 de los 81 que presentaron sus estrategias de vacunación incluyeron disposiciones específicas para cubrir a los grupos más vulnerables como refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos.
En Canadá, por ejemplo, uno de los países del mundo que se ha asegurado el mayor número de vacunas por habitante, doctores, líderes sindicales y defensores de los derechos de jornaleros extranjeros le pidieron al primer ministro, Justin Trudeau, que garantice el acceso de la vacuna a trabajadores extranjeros e indocumentados y que su información no sea utilizada por las autoridades migratorias.
La coalición exige que la vacunación sea gratuita y que las autoridades no requieran documentos, como tarjeta sanitaria, para acceder a la vacuna. Syed Hussan, director ejecutivo de la Red de Derechos de los Migrantes (RDM), declaró que, aunque las autoridades canadienses han apuntado que el acceso a la vacuna será universal, las políticas y prácticas no han cambiado, lo que dificulta o niega la vacunación a decenas de miles de personas en el país.
Más de 1,6 millones de personas en Canadá pueden están en situación irregular, muchos de ellos trabajadores en empleos considerados esenciales en sectores como los servicios sanitarios, la construcción o la agricultura. Lo mismo pasa en Estados Unidos, Europa y varios países de Oriente Medio, en donde, en pleno proceso de vacunación, crece el miedo de la población migrante a la deportación. En Polonia, por ejemplo, ese miedo es latente, pues el gobierno anunció que solo se podrá vacunar a “extranjeros con derecho legal” a residir en el país. Igual hizo Chile, en donde el Ejecutivo aclaró que ”aquellos que tienen nacionalidad chilena, que tienen una visa de residencia, una visa de estudiante o están en tramitación de una visa temporal tendrán acceso a la vacuna”.
¿Qué hacer cuando el rechazo a los migrantes creció de forma alarmante justo por la pandemia? Casi de manera simultánea, a finales del año pasado y comienzo de 2021, Perú, Chile y Ecuador militarizaron sus fronteras para evitar el ingreso de los venezolanos que huyen de la crisis de su país. Una medida que, contrario a lo que se piensa, no desestimula la llegada de migrantes, que seguirán saliendo de Venezuela mientras haya una crisis humanitaria.
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El alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, aboga por la regularización de los venezolanos que se encuentran en países como Brasil, Chile, Ecuador y Perú para que puedan ser incluidos de forma más ordenada y controlada en los programas de vacunación contra el COVID-19.
“La regularización hace que esto sea más sencillo también para el gobierno, que puede hacer un mejor seguimiento de los individuos. Y no se trata de un asunto de control, sino del buen manejo de las cosas y también puede tener efectos positivos en la seguridad”, agregó Grandi.
El ejemplo de otros países
Son pocos los países que ya han vacunado migrantes. Jordania, por ejemplo, fue de los pocos países que comenzó a vacunar a esta población. Este país tiene más de 1,3 millones de inmigrantes, principalmente refugiados de Siria, Irak y Palestina. A todos les ha asegurado el acceso a la vacuna de forma gratuita. Fue el rey Abdullah II, de Jordania, quien se comprometió a “salvaguardar la salud y el bienestar de los refugiados porque es una responsabilidad global”.
Alemania, que acogió a más de un millón de refugiados durante la crisis migratoria de 2015, siempre los ha tenido en sus cálculos de vacunación contra el COVID-19. Incluyó a quienes viven o trabajan en lugares en donde habitan refugiados como la segunda prioridad en su estrategia de vacunación.
Israel también lo hizo. Este país, que está a punto de terminar la vacunación de todos sus ciudadanos y se alista para vacunar a su población en el extranjero, vacuna a solicitantes de asilo e inmigrantes, sin importar si tienen sus papeles en regla o no. En Tel Aviv fue abierto un centro de inmunización, en donde se garantiza el acceso a la vacuna de inmigrantes, la mayoría africanos, sin presencia de autoridades migratorias.
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Grecia —otro país con alta población migratoria, donde miles de personas están varadas en campamentos repletos— comenzó a vacunar migrantes, de acuerdo con datos de ACNUR. Países Bajos también incluyeron a todos las personas que vivan en el país con o sin documentación para ser vacunados. Francia, igualmente en un decreto emitido en diciembre, acordó que los más vulnerables, incluidos los que piden asilo, serán vacunados igual que los franceses.