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“El default nunca llegará a Venezuela”, dijo el presidente Nicolás Maduro el domingo pasado, cuando anunció que, para seguir pagando las obligaciones financieras de su país, buscaría refinanciar la deuda externa, que hoy ronda los US$90 billones. La semana pasada empezaron a llegar las invitaciones para empezar en Caracas las reuniones entre los acreedores y el equipo delegado por Maduro para salvar al país de la cesación de pagos. La fecha de la reunión se fijó para el 13 de noviembre, pero desde hace días el panorama no pinta bien para el régimen chavista.
Para empezar está el hecho de que el 70 % de los bonos de endeudamiento emitidos por Venezuela están en manos de inversores de Canadá y Estados Unidos.
Desde agosto de este año, cuando el gobierno Trump impuso sanciones económicas al régimen de Maduro, se sabía que cualquier intento de renegociar o refinanciar la deuda se iba a estrellar con las nuevas restricciones que les impiden a instituciones financieras estadounidenses hacer negocios con Venezuela. El otro obstáculo, también relacionado con las sanciones de Trump, es todavía más previsible.
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A la cabeza del equipo negociador del gobierno venezolano está Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y uno de los 13 funcionarios venezolanos en la lista negra de la administración Trump por un argumento difícil de ignorar: es investigado por lavado de activos y narcotráfico.
Según el Financial Times, Venezuela tiene pasivos por US$63 billones en bonos de endeudamiento y le debe US$5 billones al Banco Interamericano de Desarrollo. También están las deudas contraídas con China y Rusia, a quienes les debe US$17 billones y US$3 billones respectivamente.
Según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, la cercanía de Venezuela con los gobiernos de China y Rusia, además del interés de ambos países por participar en el mercado petrolero venezolano, hace que una posible negociación con ellos no sea difícil de alcanzar. De hecho, ese fue uno de los logros de Maduro tras su visita a Putin en octubre.
La preocupación real es frente a la deuda con EE. UU. Si Venezuela es incapaz de seguir pagando sus obligaciones, la principal afectada sería la industria petrolera: “Podrían ser embargadas las cuentas en el exterior y dificultará la colocación de petróleo en el resto del mundo. Eso podría complicar el ambiente social al que se enfrenta el gobierno”, anota León.
Según datos de la OPEP, la producción de crudo en Venezuela viene en caída libre. En septiembre de 2015 se extraían 2’360.000 barriles diarios. Veinticinco meses después, en octubre de este año, se había llegado a 1’863.000 barriles.
Si la crisis económica en Venezuela comenzó con la caída de los precios del petróleo, hoy se agrava todavía más por la reducción en la producción. Por si eso no fuera suficiente, las restricciones impuestas por Trump también golpearon al poderío petrolero venezolano: “Las sanciones afectan la posibilidad de que los proveedores norteamericanos puedan servir como soporte para la producción de PDVSA, lo que compromete entre el 10 y el 15 % de los volúmenes de producción. Eso tiene un impacto dramático sobre el flujo de caja y obliga al gobierno a buscar ese refinanciamiento del que ha hablado”.
La desaceleración de la economía petrolera hace urgente cualquier tipo de alivio frente al pago de la deuda, especialmente si los recursos liberados se invierten en aliviar las tensiones sociales. “Cuando el gobierno venezolano ha tenido que atender la deuda externa, ha dejado de comprar importaciones que le habrían servido para mantener mejor al pueblo venezolano”, afirma Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
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Con Navidad y elecciones municipales a la vuelta de la esquina, Maduro ya prometió el pago de aguinaldos (la prima en Venezuela) a los pensionados y un bono de 500.000 bolívares a los portadores del Carné de la Patria. Con más dinero a su disposición, el régimen podría adelantar las elecciones presidenciales en un claro ejemplo de cómo el oficialismo ha aprendido a usar la crisis a su favor.
“A través de la escasez terminó alentando la migración a sectores opositores de gente que no está dispuesta a soportar condiciones de vida precaria y tampoco hace parte de la red clientelar del Estado, algo que les permite enfrentar la crisis”, señala Rodríguez, para quien Maduro, lejos de estar contra la pared, “está haciendo que los ciudadanos dependan cada vez más del gobierno porque es el único que puede importar productos”.
Aunque negociar la deuda con los acreedores estadounidenses podría parecer imposible, todavía existe la posibilidad de que Venezuela encuentre aliados inesperados.
En mayo de este año, Goldman Sachs, el mismo banco de inversión que tuvo que ser rescatado por la administración Obama en medio de la crisis de 2008 y que, como consecuencia, tiene al Estado entre sus accionistas, fue duramente criticado por comprar un bono de endeudamiento por US$2,8 billones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Sin querer, Estados Unidos terminó dándole una importante inyección de liquidez al régimen venezolano.
Con los intereses estadounidenses en juego, una negociación exitosa se vuelve un poco más plausible y podría convertirse en una oportunidad para que la administración Trump, que ya ha cometido torpezas como sugerir una posible intervención en el vecino país, aproveche para refinar sus estrategias diplomáticas y le pida al gobierno de Maduro cosas sencillas, como transparencia y veeduría internacional en las próximas jornadas, a cambio de darle un respiro con sus obligaciones económicas.