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Proclamación de independencia
El presidente catalán, el separatista Carles Puigdemont, puede decidir cuándo apretar el "botón nuclear" de la independencia. Dicha declaración unilateral depende en principio de la publicación de los resultados definitivos del referendo de autodeterminación del domingo pasado en Cataluña, prohibido por la justicia española pero en el cual las autoridades regionales afirman que el "sí" obtuvo 90% de votos.
A partir de esa publicación de resultados debe transcurrir en teoría un plazo de 48 horas para la proclamación de independencia en el Parlamento catalán.
Según una fuente del gobierno regional, la proclamación podría hacerse el lunes 9 de octubre, "en función del desarrollo del pleno" previsto ese día en la cámara.
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Por el momento, Puigdemont parece querer dejar tiempo a la mediación internacional que viene pidiendo en los últimos días.
De hecho estaría dispuesto a suspender sus planes si Madrid se aviene a negociar un referendo de autodeterminación legal y vinculante.
En cambio, si declara finalmente la independencia, se abrirá un "período de transición".
El gobierno catalán no ha dado muchos detalles sobre los medios de los que dispone para asegurar las funciones clásicas de un Estado: seguridad, control de fronteras y del espacio aéreo, finanzas, salud, etcétera.
Igualmente tiene un embrión de Hacienda pública, aunque la región está muy endeudada. Además, el Estado español puede cortarle los fondos y tiene un medio de presión muy potente sobre los funcionarios, a quienes está pagando directamente los salarios en este momento.
La respuesta de Madrid
Políticamente, la situación es muy difícil para el gobierno conservador de Mariano Rajoy.
Su electorado lo está presionando para que ponga fin a la humillación del Estado en Cataluña.
Rajoy por otro lado no manifiesta ninguna intención de aceptar una mediación que Europa tampoco está proponiendo, pese a que la crisis le preocupa.
"Llegó el momento de dialogar, de encontrar una salida al callejón sin salida, de trabajar dentro del orden constitucional de España", insistió a propósito el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
La Constitución española no prevé un referéndum de independencia en una de las regiones del país. Y tras la intervención el martes del rey Felipe VI, parece avecinarse una respuesta contundente del Estado.
En su discurso, el monarca dijo que el Estado tiene ahora la "responsabilidad" de "asegurar el orden constitucional".
Este miércoles, el jefe de la policía catalana y los líderes de dos organizaciones independentistas fueron citados para el viernes ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal, por un presunto delito de sedición.
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Éste se encuentra castigado con una pena máxima de prisión de 10 años en el caso de ciudadanos ordinarios, y de 15 años si se trata de autoridades.
Madrid cuenta también con la "ley de seguridad nacional" de 2015, que permite al gobierno declarar por decreto una "situación de interés para la Seguridad Nacional", en un territorio definido y de manera temporal.
Según Rajoy, es un texto destinado a gestionar situaciones a caballo "entre las crisis habituales y los estados de alarma, excepción y sitio". Permitiría además a su gobierno controlar de manera directa a la policía catalana, los Mossos d'Esquadra.
La medida más extrema sería la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central "adoptar las medidas necesarias" en una región determinada, y someterla al "cumplimiento forzoso" de las obligaciones establecidas por la Constitución "u otras leyes".
Políticamente se considera que el recurso a dicha medida equivale a suspender la autonomía catalana.
No obstante, el impacto económico de la crisis también puede volverse contra el gobierno, y en ese caso los empresarios exigirían al ejecutivo que negocie.
¿Y la calle?
La calle está muy agitada en Cataluña. La detención el 20 de septiembre de 14 cargos del gobierno catalán relacionados con la organización de la consulta suscitó manifestaciones muy hostiles.
Los manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles que se encontraban registrando una dependencia del gobierno regionla.
Y las acciones de hostigamiento a la policía y la Guardia Civil han ido in crescendo, con manifestaciones delante de hoteles donde están alojados o mensajes intimidatorios en las redes sociales.
El martes, 700.000 personas se manifestaron en Barcelona contra las cargas policiales efectuadas el domingo por los agentes contra centenas de manifestantes decididos a votar.
Y la hostilidad aumentaría muy seguramente en caso de suspensión de la autonomía o detención de dirigentes.
Los independentistas más radicales podrían incluso desplegar acciones como el bloqueo de trenes, lo que generaría un nuevo conflicto asimétrico en plena Europa.