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Yilen Osorio, uno de los colombianos que hace parte de la CICIG, permaneció detenido más de 24 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, luego de que autoridades de Migración le prohibieran ingresar. Argumentaron que no podía ingresar por “disposición de seguridad y de orden público”. Osorio logró finalmente el ingreso, gracias a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial de ese país.
Los magistrados afirmaron que “los funcionarios de la CICIG gozan de libertad de movimiento, sin restricción alguna, a través del territorio de Guatemala. Lo anterior “bajo los apercibimientos de ley”, según el acuerdo entre el gobierno y la ONU.
Este episodio fue la cúspide del caos que se desató en el país desde que el presidente, Jimmy Morales, declaró persona non grata al director de la CICIG, el investigador colombiano Iván Velásquez, en agosto del año pasado y un mes después le impidió su entrada al país.
Lo ocurrido el fin de semana con un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2017 con el compromiso de luchar contra la corrupción, demostró que el gobierno de Jimmy Morales está dispuesto a todo para impedir que este ente investigador, producto de un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y Naciones Unidas, siga trabajando en el país.
De acuerdo con excancilleres de ese país consultados por El Periódico, de Guatemala, el “gobierno está dispuesto a lo que sea para sacar a la CICIG del país”.
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Gabriel Orellana, abogado constitucionalista y excanciller, explicó a El Periódico que “pese a que el objetivo del gobierno es cansar a la ONU para que sea este organismo el que termine con el acuerdo de la CICIG, el secretario general, António Guterres, no tomará una medida radical después de lo actuado por el gobierno el fin de semana y esperará que se termine la prórroga del actual mandato, en septiembre, para poder negociar un nuevo período del organismo”.
El próximo paso de Morales
El Periódico plantea un escenario aún más complejo, pues dice que el presidente Morales está analizando la posibilidad de denunciar el acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. “El mandatario tiene esa potestad, ya que el Artículo 183, inciso “o” de la Constitución, le da el poder de decisión, el cual no fue anulado en la ley derivada de la CICIG que aprobó el Congreso”. Dice el diario que esta sería la más contundente acción del gobierno, después del caos de este domingo en el aeropuerto.
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Ayer la CICIG ratificó su compromiso de luchar contra la corrupción en este país. “La Comisión reafirma su compromiso con los guatemaltecos en la lucha contra la corrupción e impunidad”, manifestó el portavoz del organismo de las Naciones Unidas, Matías Ponce.
De acuerdo con reportes de prensa, la CICIG ha desarticulado a más de sesenta estructuras criminales en el país y tienen casos de alto impacto en desarrollo. ¿Qué pasaría si sale de Guatemala?