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Años de tensiones entre el gobierno de Cataluña y el poder central en Madrid culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la España moderna: el Parlamento regional declaró la independencia y el Ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.
En esta región con 7,5 millones de habitantes, con un idioma propio pero muchos habitantes procedentes del resto de España, la sociedad está dividida en partes iguales sobre la secesión. Y ahora viven en realidades paralelas: unos dan validez a la declaración de la República y otros respiran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.
“¡Puigdemont a prisión!”, gritaban en la marcha de ayer que convocó a más de 300.000 personas en Barcelona (según cifras de la policía, otros hablaban de un millón), sobre el presidente catalán, Carles Puigdemont. “Es ilegal lo que han hecho”, reprochó a los independentistas Miguel Ángel García, jubilado de 70 años. “Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado”. En otra esquina, una mujer de 45 años se distanció: “Para mí, Puigdemont es nuestro presidente, la declaración de independencia nos sirve, es válida, no es simbólica”.
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Soraya o Carles
Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ayer se reunió con secretarios de Estado y subsecretarios de los ministerios para comenzar a desarrollar las funciones asumidas por los diversos departamentos ministeriales en las consejerías catalanas.Esto supone que Sáenz de Santamaría, además de asumir la Presidencia de la Generalitat, será la responsable de sus competencias, que pasan por la Secretaría General de Comunicación del Gobierno y Medios de Comunicación, la Oficina del Gobierno, la Dirección General de Coordinación Interdepartamental, el Centro de Estudios de Opinión y la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Cataluña (Eadop), el Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y el Centro de la Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat).
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El Parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre. Además, más de 150 altos cargos fueron cesados y la cúpula de la policía regional, los Mossos d’Esquadra, fue relevada por orden del Ministerio del Interior. Dos de las figuras claves —el ya exdirector general de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y el mayor del cuerpo policial, Josep Lluís Trapero— reaccionaron con responsabilidad a su destitución, ya que esa institución es clave para mantener la calma en Cataluña.
Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese y muchos temen que hoy se viva otro capítulo de esos que España nunca imaginó: que los dirigentes destituidos o los diputados del Parlamento disuelto quieran volver a sus puestos de trabajo. Por eso desde el Ejecutivo advirtieron que pueden incurrir en un delito de “usurpación de funciones”, cuya regulación está tipificada en el Código Penal.
Tanto Puigdemont como los miembros independentistas del Parlamento disuelto hicieron saber que no acataban la intervención, hecha por Rajoy en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, no han señalado cómo van a oponerse. “Este silencio cabe enmarcarlo en las dudas que ha generado en el bloque independentista la convocatoria electoral. Puigdemont tuvo en su mano esa decisión y declinó tomarla. Participar en las elecciones implica admitir que la declaración del viernes en el Parlamento no es más que papel mojado; boicotearlas supone renunciar a las instituciones y ahondar aún más la división social generada por la deriva unilateral del bloque independentista”, señaló el diario El Periódico de Cataluña en un editorial.
Según explicó el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a la AFP, actualmente hay “dos legalidades coexistiendo” en Cataluña: la española y la de la nueva “República catalana”, y los próximos días serán claves para ver cuál se impone.
Puigdemont y las elecciones
La convocatoria electoral anunciada por Rajoy desconcertó a los independentistas y les planteó un dilema: ¿participar y darles legitimidad o ausentarse y dejar el terreno libre a los partidos contrarios a la secesión que están ganando terreno?A pesar de las causas judiciales abiertas contra Puigdemont, el gobierno español entiende que el líder independentista catalán podría presentarse a las elecciones convocadas en diciembre. “Se anima a participar a todo el mundo y Puigdemont está invitado a presentarse”, dijo el embajador español en Francia, Fernando Carderera.
“Es un momento dramático en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso”, advirtió el expresidente del Parlamento europeo, el catalán Josep Borrell, quien se convirtió en el orador principal de la jornada de ayer. Les pidió a los manifestantes “serenidad” para “seguir viviendo juntos”.